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En la etapa de posconflicto, los alcaldes y gobernadores deberán fomentar espacios de reconciliación. | Foto: León Darío Peláez

REGIONES

Gobernantes locales, claves para construir la paz

Buena parte de los retos que tendrá Colombia en el posconflicto exigirá una activa participación de alcaldes y gobernadores. El centralismo, uno de los males que el país tendrá que superar.

26 de noviembre de 2016

Al mirar uno por uno los puntos del acuerdo de paz entre el gobierno y las Farc, se encuentra que casi ninguno de ellos se podría llevar a cabo sin la participación de alcaldes y gobernadores. Los mandatarios locales serán fundamentales para aplicar la reforma rural integral, formalizar los predios y construir planes de desarrollo en las comunidades. De ellos dependerá que estas ingresen a los programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Sin su compromiso, sería imposible cumplir en los territorios las medidas para garantizar la participación política y el ejercicio de la oposición.

Finalmente, los alcaldes y gobernadores tendrán que contribuir a la reparación integral de las víctimas, a recuperar la verdad y la memoria, a reintegrar a los antiguos combatientes y a reconstruir los lazos sociales en sus comunidades, deteriorados por la desconfianza y las heridas que provocó el conflicto.

Para entregar a los mandatarios regionales y locales y a sus equipos de gobierno herramientas que les permitan prepararse mejor para este reto, desde hace varios meses un grupo de entidades del gobierno, la Escuela Superior de Administración (Esap), la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) y la Agencia Nacional de Tierras se unieron con la Federación Nacional de Departamentos, Colombia Líder y Publicaciones Semana.

Esta alianza se tradujo en la publicación Gobernantes & Posconflicto, distribuida entre los 1.102 alcaldes y 33 gobernadores del país y sus equipos de gobierno. Sus tres ediciones contienen información valiosa para ellos sobre la labor que tendrán que afrontar en la etapa que se avecina: sus responsabilidades en materia de atención y reparación a las víctimas; pautas para hacer una planeación participativa más efectiva y para facilitar la búsqueda de recursos nacionales e internacionales para los proyectos, y datos sobre el contexto regional y nacional en el que está enmarcado su trabajo, entre muchos temas.

Con un estilo pedagógico y el apoyo de historias de procesos exitosos en los que han participado mandatarios locales, estas publicaciones buscan mostrar que construir paz desde los territorios es posible y ya viene haciéndose en muchas regiones del país.

“Tradicionalmente, las decisiones en Colombia se han tomado desde la capital, pero es muy diferente cómo se ven las cosas desde Bogotá y cómo se tienen que ejecutar en la región. Los acuerdos, que implican un cambio estructural en materia de inclusión, reintegración, reconciliación y restitución de tierras están en el papel, pero ahora tienen que ponerse en práctica y son los alcaldes y gobernadores, como líderes naturales en sus territorios, quienes deben emprender esas acciones”, explica Claudia Marcela Franco, directora encargada de la Esap. Y agrega: “Sobre el posconflicto, nadie tiene la verdad revelada. Lo que hacen estas publicaciones es brindarles unas herramientas sencillas y prácticas a los mandatarios locales para que puedan aportar su talento a la construcción de paz”.

Gobernantes & Posconflicto se suma a los esfuerzos que varias entidades de gobierno, la cooperación internacional y la sociedad civil vienen haciendo para fortalecer las alcaldías y gobernaciones. Eso implica contar con funcionarios capacitados técnicamente que conozcan, por ejemplo, los estándares para estructurar un proyecto y cómo se puede articular una entidad territorial con el sector privado, la academia y la cooperación internacional para sacar adelante programas en beneficio de la comunidad. “El mayor reto para los territorios va a ser entender el cambio que va a suceder en nuestro país y el reenfoque de muchas políticas territoriales. Los alcaldes y gobernadores deben tener muy claro qué es lo básico, qué es lo que realmente necesita su región”, afirma Carlos Correa, alto consejero para las regiones.

Acompañaron a las tres publicaciones varios conversatorios en los que mandatarios locales de todas las regiones expresaron sus preocupaciones ante el posconflicto. La más recurrente, la falta de recursos a nivel local para asumir las responsabilidades que surgirán de los acuerdos. Los gobernadores de varios departamentos del país, con quienes se realizó uno de los encuentros, creen además que el posconflicto debe ser una oportunidad para replantear la relación entre la Nación y los territorios. “Como lo ha planteado con toda razón el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, la paz debe construirse en los territorios y no desde los escritorios. Eso implica empoderar a las entidades territoriales, lo que incluye fortalecer la institucionalidad y actualizar el código de régimen departamental y municipal”, dice Amylkar Acosta, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos.

Una nueva relación con las comunidades

Superar el conflicto armado implica que sectores que antes se miraban con desconfianza ahora trabajen juntos. Eso significa colaborar para dejar atrás conductas sociales que en el pasado contribuyeron a que se produjera la guerra o a que se prolongara tanto.

Los alcaldes y gobernadores serán fundamentales en este empeño que exigirá de ellos un cambio de mentalidad. Gobernar un municipio o un departamento en Colombia, en medio del conflicto armado, exigía a esos funcionarios cierto tipo de capacidades como coraje y firmeza. Ahora que el país avizora una nueva etapa, los mandatarios locales tendrán que ejercitar nuevas habilidades, como ser capaces de propiciar el diálogo, la convivencia, la igualdad y la inclusión.

En este nuevo escenario de posconflicto, uno de los aspectos a fortalecer en los territorios será la participación. En los acuerdos se creó la figura de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que operarán en unas zonas priorizadas, y serán fundamentales en la transformación del campo, en el éxito de los programas de sustitución de cultivos y en el trabajo de construir una nueva cultura de participación política en los territorios. De la capacidad de alcaldes y gobernadores para escuchar a sus gobernados dependerá que este espacio no se convierta en una mera formalidad, sino que contribuya de verdad a superar los tropiezos que impiden desarrollar a las comunidades y dificultan reconstruir los lazos sociales rotos por la confrontación armada.

Los mandatarios locales también deberán promover la equidad, en especial en la distribución de la tierra, que según reconoció la Comisión Histórica del Conflicto ha sido una de las principales causas de la violencia en el país. No se trata de perseguir a los grandes propietarios, pero tampoco de negarles a los campesinos que quieren producir la posibilidad de acceder a la tierra. “No se va a implementar un mecanismo de acceso a tierras que privilegie a unos en perjuicio de otros. El punto está diseñado de tal forma que se pongan a trabajar en conjunto los factores productivos para que haya un mayor desarrollo rural. Es un modelo incluyente”, afirma Miguel Samper, director de la Agencia Nacional de Tierras.

También deberán promover la inclusión y estar dispuestos a trabajar con todos los sectores, en especial con los afectados por el conflicto, es decir, las víctimas y los desmovilizados. Frente a las víctimas, alcaldes y gobernadores deben asumir la responsabilidad que les corresponde en materia de atención y reparación, y contribuir a que ellas encuentren la verdad y recuperen la dignidad y la memoria.

Respecto de los desmovilizados, deben garantizar que se les abran oportunidades que los alejen de la violencia. “Los desmovilizados son una solución, no una carga para el territorio. Hoy, 26.000 de ellos, más del 70 por ciento de la población que ingresó al programa de reintegración, está trabajando. Lo productivo se vuelve un referente que genera valores y progreso en los territorios”, explica Joshua Mitrotti, director de la Agencia Nacional de Reintegración.

La voz de los mandatarios locales

En una serie de conversatorios realizados por el proyecto Gobernantes & Posconflicto, los alcaldes y gobernadores expresaron similares preocupaciones frente a lo que significará para sus regiones implementar el acuerdo de paz con las Farc. La principal de ellas tiene que ver con los recursos económicos. “Yo veo un Estado débil para afrontar el posconflicto. ¿Cómo hacen unos diálogos si no tienen plata para responder por ellos?”, se preguntó Luis Francisco Vargas, alcalde de Cartagena del Chairá.

Los funcionarios locales se quejan de que en los últimos años el gobierno nacional les ha ido asignando responsabilidades a las entidades territoriales, sin trasladarles los recursos para cumplirlas y sin tener en cuenta que hay varios municipios y departamentos literalmente quebrados.

Luis Pérez, gobernador de Antioquia, ordenó a los miembros de su gabinete revisar uno a uno los puntos del acuerdo y estimar cuánto le costaría su implementación al departamento, uno de los más poblados del país y el que tiene el mayor número de víctimas. La suma resultante ascendió a 11 billones de pesos, casi tres veces más de lo que el gobierno espera recaudar con el proyecto de reforma tributaria.

A esto se suma el centralismo, un mal enquistado en las instituciones del país. “Un proyecto de agua tiene que pasar por una ventanilla de un ministerio y por otra. Así se vuelven eternos los procesos y la verdad es que las decisiones se siguen tomando desde Bogotá. Si eso no se soluciona va a ser muy traumático avanzar en el posconflicto”, expresó Sigifredo Salazar Osorio, gobernador de Risaralda.

Los mandatarios temen que la falta de dinero y la burocracia frustren las expectativas de las víctimas, los excombatientes y el resto de la comunidad en el posconflicto. “Los municipios no tenemos cómo suplir la atención integral a las víctimas. En Neiva, una de cada cuatro personas es víctima. Los desplazados en su mayoría no quieren regresar y no tenemos suficiente oferta de empleos ni de vivienda”, dijo Rodrigo Lara, alcalde de la capital de Huila.

Sin embargo, reconocen que la paz requiere transformaciones, entre ellas, mejorar la situación de habitantes rurales. Los campesinos “no tienen seguridad, no se jubilan, no tienen vacaciones, son ciudadanos al margen de la ley. No porque quieran estarlo, sino porque la ley no les permite nada más”, manifestó Pérez. “En el Valle hay toda la tierra que ustedes quieran, pero está sin producir. El territorio tiene más de 500.000 víctimas. Hagamos proyectos con esa tierra, pongámosla a trabajar”, agregó su gobernadora, Dilian Francisca Toro.

Y pese a las dificultades, las perspectivas que abre la paz para los territorios son alentadoras. Cada uno de los funcionarios puede hablar de varios lugares maravillosos ubicados en su territorio, que a causa del conflicto muy poca gente visita. “Los colombianos nos hemos perdido de mucho, durante 50 años hemos perdido la oportunidad de conocer a Colombia”, concluye Jenny Nair Gómez, alcaldesa de Villa Rica, Cauca.