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Gobierno en alerta ante amenaza de saboteo de las elecciones de 2022 por parte de Nicolás Maduro

Ante una inminente injerencia del presidente venezolano en el proceso electoral, según el Gobierno, se están alistando medidas.

30 de noviembre de 2020

Faltan dos años para las elecciones presidenciales, pero así como ya hay candidatos y precandidatos para lanzarse a la contienda, el Gobierno también se está preparando para evitar injerencia de parte de otros países en los comicios. Por esa razón, desde Migración Colombia anunciaron medidas de prevención para blindarse ante cualquier irregularidad en ese sentido.

“Siempre que se dan los procesos electorales se generan unas medidas electorales que incluyen cierres previos de frontera. Para 2022 pueden contar con que estaremos más preparados para que no se presenten este tipo de fenómenos”, dijo Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia.

“Hemos ido avanzando hacia el proceso de que cada uno de los migrantes venezolanos tenga un registro en Colombia, en donde estará no solo su nombre, su edad y su parentesco, sino que adicionalmente vamos a contar con su tarjeta decadactilar, su registro fotográfico y también estamos trabajando en un esquema de iris”, explicó.

Espinosa señaló que, de esta forma, habrá mayor seguridad en el relacionamiento de los migrantes con las autoridades y, además, un mayor nivel de precisión en la judicialización. “Cualquier intento desestabilizador de la democracia en Colombia, será perseguido por las autoridades”, sostuvo.

Por su parte, Juan Manuel Caicedo, jefe de comunicaciones de la entidad, explicó en una rueda de prensa que “para las elecciones presidenciales o las que son de índole nacional (...) solo pueden votar ciudadanos colombianos”. Dicho esto, aclaró que nadie, así tenga visa, puede votar si no tiene nacionalidad de este país.

“Es diferente cuando son elecciones de índole local, que obviamente deben cumplir con algunos requisitos, como tener una visa de residente por cinco años. Ahí tendría la capacidad de votar”, dijo el funcionario.

El carrusel

A propósito, SEMANA reveló que la Registraduría halló un grave caso de corrupción en su interior, el cual develó que personas de países de todo el mundo, desde República Dominicana hasta Irak, estaban obteniendo documentos colombianos. Cuatro ciudadanos provenientes de Oriente Medio, acusados de pertenecer a organizaciones extremistas, habían logrado identidades fraudulentas en Viterbo (Caldas). En otro lado del país, en Pivijay (Magdalena), se encontraron 79 inscripciones más de ciudadanos árabes con las mismas condiciones. A solo dos horas de este municipio, en Ciénaga, el 15 de marzo de 2017 se presentó un extraño incendio y se borró la memoria de los registros, hechos presuntamente de manera fraudulenta. En total se quemaron 16.000 registros civiles. Ahora el caso está ligado a esa red que nacionaliza extranjeros en Colombia.

La investigación tiene centenares de audios y evidencias sobre este entramado. SEMANA conoció detalles de las versiones libres que entregaron los extranjeros capturados. Argelis Abreu, un ciudadano de República Dominicana, testificó el pasado 9 de noviembre. Empezó su travesía en su país natal, de donde salió con el fin de llegar a Estados Unidos con documentos colombianos. Cuando arribó a Ecuador botó los papeles que lo acreditaban como dominicano, ingresó por Ipiales a través de las trochas y se fue para Barranquilla.

Las implicaciones de una red en el interior de la Registraduría con capacidad de crear nuevos ciudadanos son enormes y alertan a las autoridades. En primer lugar, porque los ciudadanos que adquieren fraudulentamente un pasaporte tienen a veces el objetivo de delinquir en otros países. Información de inteligencia ha alertado que grupos extremistas estarían planeando atentados terroristas en el mundo con personas que tienen nacionalidad colombiana. Si esta tendencia aumenta, las consecuencias para Colombia podrían llegar hasta la imposición nuevamente de visas para el ingreso a países que dejaron de pedirlas. Tampoco es menor el hecho de que esta situación podría aumentar la estigmatización. En Francia, por ejemplo, hay 580 personas capturadas por narcotráfico, pero hoy se estudia si todos realmente son colombianos.

El ‘paquete’ de registro civil, cédula y pasaporte puede costar 18.000 dólares. Algunos lo compran para poder llegar a Estados Unidos, pero también miembros de bandas delincuenciales lo buscan para evadir las autoridades en Colombia.

En el interior el país también hay problemas graves. Cabecillas del ELN, disidencias de las FARC y grupos delincuenciales que conocen perfectamente el funcionamiento de esta red han hecho cambios de identidades para movilizarse tranquilamente y evadir la justicia. El caso más reciente es el del venezolano Gabriel de Jesús Rodríguez, alias Meleán, quien fue neutralizado por las autoridades. Dentro de sus pertenencias se le encontró una cédula colombiana expedida el 3 de abril de 2018 en el municipio de Galapa (Atlántico). Se está investigando si la nacionalidad la obtuvo por el mercado negro. También se investiga si alias Guacho sería otro que compró documentos para cambiar su identidad. Los delitos que más están cometiendo los nacionalizados fraudulentamente son los relacionados con el narcotráfico, trata de personas, suplantación y tráfico de armas.

En segundo lugar, el aumento de registros de nacionales podría alterar el censo electoral e incidir en cualquier contienda política en el futuro. De cara a 2022, este ha sido un tema que ha alertado a algunos sectores que señalan que ciudadanos de países vecinos podrían ingresar a Colombia a hacer estos trámites solamente para poder votar. En la actualidad se están revisando 600.000 registros civiles de venezolanos con padres colombianos. “Hemos detectado que puede haber irregularidades de ciudadanos extranjeros, en este caso de nacionalidad venezolana, que quieren afectar el certamen electoral de 2022”, advierte el registrador nacional, Alexander Vega.