Gobierno llama a consultas a embajador en Caracas

Parece que la paciencia se le está agotando al gobierno colombiano con la situación en la frontera con Venezuela. Este jueves el presidente Juan Manuel Santos decidió llamar a consultas al embajador en Caracas, Ricardo Lozano, por cuenta del maltrato que reportaron haber recibido los connacionales que fueron deportados desde el país vecino.

"He privilegiado diálogo y seguiré haciéndolo, pero no puedo permitir irrespeto de Venezuela a colombianos y violación de sus derechos humanos", trinó el mandatario en su perfil de Twitter.

"La actitud del gobierno (venezolano) es muy poco amigable", recalcó por su parte la canciller María Ángela Holguín desde Cúcuta. "Se trata de seres humanos y esa no es la manera de tratarlos", agregó. Para la funcionaria, el trato dado a los connacionales por las autoridades al otro lado de la frontera fue tachado de "indignante".

Santos señaló que le dio instrucciones a la canciller para que "llame a consultas y convoque una reunión extraordinaria a los cancilleres de Unasur" y de la OEA, para que "todos los países del continente sepan lo que está pasando".

El presidente expresó también que se había convocado una reunión con el gobernador del estado venezolano limítrofe de Táchira para que verificara de primera mano lo que sucede en la región fronteriza. "Nadie apareció", dijo Santos.

Lo clave en este asunto, según la ministra Holguín, no es la expulsión de los colombianos del territorio del país vecino, sino la manera como se ha llevado a cabo este proceso. "Los venezolanos están llevando un procedimiento completamente equivocado. Así no se comporta un país".

Esta es la más dura intervención de la canciller, luego de que el miércoles se reunió en Cartagena con su par venezolana, Delcy Rodríguez. Después ambas anunciaron que la cooperación se mantendría entre las dos naciones, declaraciones que fueron criticadas en Colombia en el ámbito político, donde exigieron incluso que Venezuela fuera sacada del proceso de paz con las FARC.

Holguín expresó: "Nosotros tuvimos las mejores intenciones. De hecho, mucho medios ayer (miércoles) nos criticaron por tratar de tener una comunicación cordial y respetuosa con los venezolanos. Pero ya nos dimos cuenta de que no hay interés de cooperación".

Respuesta

La decisión del gobierno nacional se da luego que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, criticó a su par colombiano por las declaraciones que entregó el miércoles desde Cúcuta.

"Es lamentable. Nosotros fuimos de buena fe a Cartagena ayer (miércoles, donde tuvo lugar la reunión de las cancilleres) y se estaba iniciando un camino allí, pero vino el presidente Santos y la 'embarró' en Cúcuta. Todo lo que dijo es falso. Tengo los videos, tengo las pruebas, tengo los testimonios y se lo puedo demostrar", afirmó.

Maduro agregó: "Usted mintió públicamente, presidente Santos, porque en Colombia hay una campaña de odio contra mí y contra la patria venezolana. Están sembrando odio porque la oligarquía colombiana siente terror cuando oye hablar de Simón Bolívar y de Hugo Chávez. Le tienen terror a la revolución bolivariana".

El gobierno de Venezuela sistemáticamente ha venido negando cualquier irregularidad en la deportación de por lo menos 1.100 connacionales (sin contar otras 2.000 que, se estima, habrían regresado por las trochas de la porosa frontera) y ha señalado de "paramilitares" a los expulsados.

Sin embargo, el presidente Santos y miembros de su gabinete conocieron de primera mano en Cúcuta historias de desalojos y deportaciones sumarias, el rompimiento de núcleos familiares y las humillaciones a las que fueron sometidos varios colombianos por parte de las autoridades del país vecino.

La Defensoría del Pueblo ha recibido 451 quejas "siendo el desalojo de vivienda el tema común entre los denunciantes, que además advierten situaciones como la desintegración familiar con 113 casos, el maltrato físico y verbal de las autoridades venezolanas con 115 hechos reportados; la destrucción de viviendas, con 52 declaraciones; el despojo de pertenencias durante los desalojos, con 41 quejas, y la retención de documentos, con 32".