Gobierno no descarta presentar proyecto para el 'congresito'

El país completa una semana discutiendo los posibles mecanismos para implementar los acuerdos de paz que alcancen el Gobierno y las FARC en La Habana. La más reciente propuesta, la del ‘congresito’, o la alta comisión legislativa, como Humberto de la Calle prefiere que se llame, empieza a ser contemplada por el Congreso.

Este martes, después de que el jefe negociador hizo varias aclaraciones sobre la propuesta de crear un cuerpo legislativo dentro del mismo Congreso, en el cual tuvieran representación los voceros de las FARC, el presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, modificó su posición, que parecía férrea. Si la semana pasada rechazó el ’congresito’, por considerar que sería suplantar el poder legislativo, ahora por lo menos se declaró abierto a cualquier discusión.

En buena parte ayudó la aclaración de De la Calle en el sentido de que no se pretende ni revocar el Congreso ni suplantarlo. Pero sí pidió que el propio parlamento “contribuya, utilizando mecanismos vigentes, a la creación de métodos nuevos y expeditos para convertir en normas vinculantes las decisiones que se convengan”.

Esa aclaración despejó algunos temores que habían invadido el capitolio desde el mismo momento en que el presidente Juan Manuel Santos mencionó la palabra ‘congresito’. Para Velasco, el jefe negociador dio la tranquilidad de que cualquier mecanismo para implementar los acuerdos se tramitara en el Congreso.

El Gobierno ha abierto esta discusión por una preocupación específica. En caso de firmar un acuerdo, no hay manera de implementarlos de forma inmediata. Como el acuerdo al que se llegue en La Habana indiscutiblemente necesita reformas, la única vía de tramitarlas es en el Congreso o en una Asamblea Constituyente, fórmula con la que están jugadas las FARC, pues en su criterio es la única manera de refrendar todo lo que se acuerde en la mesa de negociación. El Gobierno ha insistido de mil maneras en que no habrá constituyente.

Y para ello se han conocido dos fórmulas. O una ley habilitante, que le otorgue facultades específicas al presidente de la República para expedir decretos ley y que sean vigilados por la Corte Constitucional, o crear una comisión dentro del Congreso que se encarga de diseñar las reformas de forma rápida o en un procedimiento expedito.

La razón es concreta. Si se llegan a firmar los acuerdos de La Habana este año, no hay cómo aterrizarlos a la vida jurídica nacional. Las reformas constitucionales que se tramitan en el Congreso tardan por lo menos un año (dos períodos legislativos) en ser debatidas. El Gobierno teme que si se llega a un acuerdo con las FARC, la guerrilla pueda pasar un año sin saber qué pasará con los acuerdos.

El Gobierno tampoco descarta una combinación de estas dos fórmulas, la combinación de 'congresito' (para tramitar las reformas en materia de justicia y participación en política) y una ley habilitante para otros temas.

En ambos casos, la decisión última pasará por el Congreso, pues debe aprobar la ley de facultades y una reforma constitucional que cree el mal llamado ‘congresito’.

Lo que trata de definir el Gobierno, y empezará a discutirlo con los partidos de la Unidad Nacional, es con cuál de estos dos mecanismos se la juega. La intención es que en esta misma legislatura se presenten uno o dos proyectos en ese sentido. De la Calle aseguró que esos proyectos no van a sustituir la Constitución, como algunos críticos lo aseguran. Pero el propósito es que en junio del 2015 ya se tenga diseñada una ‘pista de aterrizaje’ para los eventuales acuerdos de La Habana.

Eso es al margen de la refrendación popular de los acuerdos. De la Calle insiste en que el Gobierno no ha modificado un solo ápice en su posición de que los acuerdos deben ser refrendados mediante una manifestación popular. Según la Constitución, hay tres caminos para hacerlo. Un referendo, una consulta popular o un plebiscito. Pero el Gobierno tampoco descarta crear una fórmula alternativa para que la ciudadanía se pronuncie sobre las negociaciones de paz.

Tras una semana de debate, y luego de las posiciones más flexibles del Congreso, todo apunta a que el Gobierno podría presentar una reforma constitucional para crear la comisión que se encarga de implementar los acuerdos.