El Gobierno no financiará las campañas del plebiscito por la paz

Los conciliadores del Senado y la Cámara del plebiscito por la paz acordaron el texto definitivo del proyecto que fija las reglas del mecanismo para refrendar, por la vía popular, los acuerdos que alcancen el Gobierno y la guerrilla de las FARC para poner fin al conflicto.
 
La conciliación será este jueves y de ser aprobada por el Senado y la Cámara, algo que se da por descontado, la ley estatutaria pasará a la revisión de la Corte Constitucional.
 
Los principales conflictos entre el texto aprobado por la Cámara de Representantes y el del Senado tenían relación con la financiación de las campañas del plebiscito, así como la publicidad estatal relacionada con una de las dos opciones de este mecanismo de participación ciudadana.
 
En aras de brindar garantías a quienes decidieran promover la votación por el ‘sí’ o por el ‘no’ en el plebiscito por la paz, en el sentido de otorgar los mismos deberes y garantías, espacios y participación en los medios, el Senado había decidido aprobar un parágrafo en el que señalaba que “el gobierno Nacional financiará en igualdad de condiciones las campañas que opten por promover el ‘sí’ o el ‘no’”.
 
La intención del Senado para aprobar esta frase fue dejar claro que de ser utilizados recursos del Estado para financiar la campaña por el ‘sí’, debía también financiar las campañas por el ‘no’. Sin embargo, a la luz de la ley vigente, los mecanismos de participación ciudadana, como es el caso de este plebiscito, no son financiados por el Estado.
 
Así lo contempla la Ley 134 de 1994, que determina que el monto máximo de dinero privado que podrá ser gastado en cada una de las campañas será fijado por el Consejo Nacional Electoral. “Al no referirse a dinero público, la ley está determinando que los mecanismos de participación ciudadana sólo podrán ser financiados por dineros privados, siempre y cuando cumplan los topes máximos fijados por el Consejo Nacional Electoral”, explican los ponentes en el texto de la conciliación.
 
Esto significa que el Estado sólo tendrá que ofrecer garantías en cuanto al acceso a los medios de comunicación a los promotores del voto por el ‘no’. Las campañas del plebiscito sólo podrán ser financiadas con dinero privado.
 
Los conciliadores también decidieron eliminar el parágrafo propuesto por el uribismo que buscaba restringir la publicidad estatal al plebiscito durante los 30 días anteriores a la jornada de votación. Con esto se pretendía que, por ejemplo, los ministerios no hicieran propaganda para mostrar su propia gestión.
 
A cambio se aprobó lo dispuesto por la Cámara de Representantes, al fijar términos para la publicidad de los acuerdos en medios de comunicación nacionales y locales.
 
En ese sentido, el acuerdo final al que lleguen el Gobierno y las FARC deberá ser difundido desde 30 días antes de la votación a través de los sitiuos web de las entidades de la rama ejecutiva, en los periódicos de tiraje nacional, en las emisoras y los canales de televisión pública y privada, quienes cederán de forma gratuita, y en espacio prime time, cinco minutos diarios para dicha publicidad.
 
También se estableció que en zonas rurales el gobierno nacional garantizará mayores publicación y divulgación de los acuerdos. Y aplicar la misma estrategia de comunicación, a través de embajadas y consulados, para los colombianos que residan en el exterior.
 
De resto, el proyecto de plebiscito ratifica el umbral de decisión del 13 % del censo electoral, para dar por aprobado o negado el plebiscito. Eso significa que el plebiscito será aprobado si 4,4 millones de colombianos votan por el ‘sí’, o negado en el caso que ese mismo número de votos sean por el ‘no’.
 
En el texto de la conciliación se habilitó a que los funcionarios puedan hacer campaña por alguna de las dos opciones del plebiscito.
 
La conciliación es el último trámite para el proyecto de plebiscito, acogido por el Gobierno como la fórmula más viable para poner en consideración de los colombianos los acuerdos de paz. El proyecto fue de iniciativa de Roy Barreras, pero el Gobierno lo acogió como suyo y pidió al Congreso tramitarlo con urgencia. Esta ley, necesaria para refrendar los acuerdos, deberá ser examinada por la Corte Constitucional antes de que entre en vigencia. El Gobierno espera tener esta norma el 23 de marzo del 2016, pues ese día terminarán las negociaciones en La Habana.