Grupos armados siguen secuestrando ciudadanos en Arauca, denuncia Defensoría

El defensor del pueblo, Carlos Ernesto Camargo, indicó que los delegados de la entidad que atienden la crisis humanitaria en Arauca confirmaron este lunes que, a la par que se celebra el retorno de las cuatro personas que habían sido secuestradas por grupos armados ilegales en Botalón, Puente Tabla y Tame, se conoció que delincuentes raptaron a otras tres personas de la comunidad de Puerto Nariño, Saravena.

El temor de las comunidades cada vez crece más y eso es algo que se ve reflejado en la cantidad de desplazamientos forzados que se han registrado desde hace 20 días. “Se ha visto principalmente evidenciado en las cifras de desplazamiento forzado tanto individuales como masivos, que llegan a las 1.486 personas de 455 familias afectadas”, señaló Camargo.

El funcionario rechazó una vez más las amenazas que se están presentando en la región, no solo a lideres sociales sino también a periodistas del departamento. En el punto hay organismos defensores de los derechos humanos que permanecen en contacto permanente con líderes de los municipios para brindar el acompañamiento necesario y seguir buscando garantías.

Liberación de los cuatro secuestrados en Tame

Las unidades militares del Batallón de Combate Terrestre n.° 30 de la Fuerza de Tarea Quirón fueron quienes atendieron el regreso de los pobladores, pues estos uniformados son los que hacen presencia en la vereda Botalón, zona rural del municipio de Tame.

El Ejército informó que tan pronto vieron a los pobladores regresar, “de manera inmediata, las tropas se acercaron para brindar asistencia humanitaria con el enfermero de combate, y así verificar su estado de salud, pero la comunidad de forma agresiva e intolerante rechazó el auxilio, agrediendo verbalmente a los uniformados”.

El rechazo al Ejército Nacional es evidente en la zona, lo que dificulta la labor de control del Estado en estos territorios y eso se evidencia, por lo que denuncia el mismo comandante de la unidad militar, que hace presencia permanente en el casco urbano de la vereda Botalón, que intentó conocer detalles de lo sucedido con el posible secuestro, pero la comunidad también lo impidió.

“En la zona continúa el despliegue operacional del Ejército Nacional, con el objetivo de afectar las redes logísticas y criminales de los diferentes grupos armados organizados que allí delinquen y que vienen causando temor y dolor a las comunidades”, advierten las autoridades.

Cabe recordar que, en exclusiva, SEMANA acompañó al primer corredor humanitario que se dio después de la masacre de al menos 27 personas en Arauca. Niños de 13 a 16 años, desde el 2 de enero, permanecieron escondidos con el temor de ser ajusticiados o reclutados por grupos ilegales.

María abraza a Ronald, su hijo de 13 años, tan fuerte que sin palabras expresa la incertidumbre de no saber si será la última vez que lo tendrá entre sus brazos. Después de varios segundos se escucha decirle entre el ahogo de las lágrimas: “Dios lo bendiga, mijo, no olvide que lo hago porque lo amo”.

Mientras en el mundo entero amigos y familiares se daban fuertes abrazos de feliz año y empacaban maletas para viajes vacacionales, en municipios de Arauca las calles estaban vacías, no hablaban entre unos y otros. La mayoría de los hogares donde había al menos un adolescente necesitaba empacar maletas para enviarlos tan lejos como pudieran de la guerra.

Con desespero querían liberar a sus niños de la muerte que genera estar en un territorio en el que convergen guerrilleros del ELN y combatientes de las disidencias de las Farc.

En las primeras 48 horas, después de la masacre que se vivió en el departamento de Arauca —en la que al menos 50 personas fueron sacadas de sus casas y desaparecidas, de esas se han encontrado 27 cuerpos con tiros de gracia abandonados en las carreteras—, decenas de padres de familia de diferentes veredas llegaron a las personerías de Cravo Norte, Tame y Fortul pidiendo ayuda, advirtiendo que menores entre 13 y 16 años de edad estaban en peligro.

Por un lado, las guerrillas querían cobrar con la sangre de seres queridos e inocentes la supuesta traición de sus enemigos; y por otro lado, necesitaban reclutar nuevos guerrilleros, en su mayoría, menores de edad para entrenarlos desde pequeños y ubicarlos en el anillo de seguridad más cercano a los cabecillas y así dificultar las labores del Ejército colombiano.

Cualquiera de los dos panoramas pintaba tan negro como las almas de quienes utilizan a los niños para saciar sus caprichos.

María fue solo una de las mujeres que le pidió al Ministerio Público ayuda. Necesitaba que se llevaran a su hijo lejos de casa, lo hizo con el instinto de proteger a su ser más amado. A él, los guerrilleros ya lo habían buscado para hablarle de la lucha social que solo se conseguía ganar, según ellos, con las armas, y de supuestas mejores oportunidades que con tan solo 13 años le podría brindar a su familia. “Igual, por las buenas o por las malas estará en nuestras filas”, le advirtieron al niño la última vez que lo abordaron camino a casa.

“Yo no quiero que sea el próximo en aparecer por ahí, tendido en el piso con disparos en la cabeza”, dijo el padre de otro menor. “No les voy a dar más hijos a la guerra, al mayor me lo cogieron hace cinco años los del ELN y no he vuelto a saber de él y a mi niña de 14 también me tocó sacarla porque estaban detrás de ella”, dijo Carmenza dejando claro que su tercer hijo, de 15 años, merece un futuro diferente.