Guerra de aviones

La decisión ya está tomada". Con estas palabras, el comandante de la Fuerza Aérea, general Édgar Alonso Lésmez, asegura que la millonaria compra de 24 aviones turbohélice para el combate de grupos guerrilleros y la interdicción aérea no tiene vuelta de hoja. Quienes no creen lo mismo son los senadores Rafael Pardo y Germán Vargas Lleras, que el miércoles de la semana pasada hicieron uno de los mejores debates de control político que se han visto recientemente en el Congreso. En él plantearon los inconvenientes de hacer la compra más costosa que han hecho las Fuerzas Militares en los últimos 20 años.

Y aunque en el recinto había poco público, Pardo y Vargas contaron con las cámaras de Señal Colombia para mostrarle al país que habían hecho la tarea. Velocidades, armas, capacidad de carga de tropa y rendimiento de aviones de guerra fueron algunos de los temas que más mencionaron y con los que hicieron ver al país que estaban bien 'dateados'. No se podían quedar cortos. Rafael Pardo demostró que fue el primer ministro de Defensa civil que tuvo Colombia y Germán Vargas llenó de argumentos a quienes insisten en que desde hace rato se viene preparando para ser ministro de Defensa. Al respecto, el senador Carlos Moreno de Caro sacó un apunte que hizo reír al recinto: "Les está quedando bien el empalme".

La primera intervención estuvo a cargo de Rafael Pardo. En su tradicional estilo académico y ponderado, el ex ministro y senador expuso uno a uno los argumentos según los cuales el país no debe embarcarse en la compra de los 24 turbohélice. Después de aclarar que más allá de entrometerse en el manejo interno de las licitaciones de las Fuerzas Armadas, su interés era demostrar la poca utilidad de estos aviones para combatir a las guerrillas y aumentar las interdicciones aéreas, Pardo propuso que los 234 millones de pesos deberían invertirse en otras prioridades. Entre ellas, en el aumento del pie de fuerza para garantizar la seguridad rural. "Este es uno de los temas críticos en el momento porque no se sabe qué hacer en las zonas en donde hay poca presencia del Ejército o de donde los paramilitares se están yendo al desmovilizarse", señaló.

Turno seguido, la palabra la tomó el senador Germán Vargas. Aunque a diferencia de Pardo no puso en discusión la validez de la lucha aérea para contrarrestar las acciones de guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes, se concentró en explicar la inconveniencia de los aviones turbohélice. "Estos aviones no ofrecen ningún beneficio para la aviación colombiana, pues su velocidad no excede los 500 kilómetros por hora, no pueden llevar armas en la parte frontal y son incapaces de llevar un radar en la punta debido a la presencia de la hélice", afirmó Vargas mientras su asistente proyectaba otra de las más de 30 diapositivas que preparó.

Pero para Vargas lo más grave es que en los prepliegos para la adquisición de los aviones se hayan incluido especificaciones que sólo permitirían comprar turbohélices. De ahí que haya reiterado que características como el equilibrio con la antigua flota colombiana, la utilización de combustible Jet A 1 y cabina Tándem (un piloto detrás de otro) sólo las cumplen turbohélices como los Súper Tucano que fabrican las firmas Embraer de Brasil y Raytheon, de Estados Unidos.

Y fue precisamente ahí, cuando cuestionó el contenido de los prepliegos, que tuvo lugar uno de los momentos cruciales del debate. Después de recordar que en 2002 había fracasado un proceso licitatorio, también para adquirir 24 turbohélices nuevos, Vargas insinuó que detrás del actual negocio de los aviones otra vez hay algo raro. "A pesar de que en 2002 la licitación se terminó por escándalos de corrupción e inconveniencia, en enero de 2004 se abre con las mismas características técnicas y se aprueba en el Conpes, donde se define que la prioridad son estos aviones", dijo.

Vargas sorprendió por dos cosas. Por su conocimiento de los asuntos militares y por su insolencia con el general Lésmez, comandante de la FAC. En lo que se refiere al primer punto, dio la impresión de ser una catarata de erudición. Fue elocuente, espontáneo y mandón al mismo tiempo. A todo el que lo oyó lo descrestó. En cuanto a lo segundo, sin la menor pena llamó mentiroso al general, haciendo referencia a las especificaciones técnicas presentadas por éste. Lésmez se controló en el recinto, pero en privado no ocultó su indignación (ver entrevista).

Durante todo el debate, el ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, estuvo concentrado y silencioso. Sólo reaccionó después de que el senador Vargas afirmó: "Usted, señor Ministro, le pidió a la FAC que abriera la licitación para adquirir aviones turbofan (a diferencia de los turbohélice, estos son jets que funcionan con propulsión a chorro, tienen mayor velocidad y capacidad de fuego), y que se revise y actualice en Conpes, pero por mala información le respondieron con términos inaceptables", y agregó: "Creo en su buena fe, señor Ministro, pero dejó cerrar la licitación".

Los antecedentes

Los 10 aviones que tiene Colombia para combatir las acciones de los grupos armados y del narcotráfico son obsoletos y sólo seis funcionan. Por esto, desde hace siete años la Fuerza Aérea ha insistido en la necesidad de comprar 24 nuevos, ligeros, que puedan apoyar las operaciones terrestres y también combatir en el aire. Esta ha sido una de las propuestas de compra más polémicas de las Fuerzas Militares, no sólo por la suma astronómica que contempla el contrato sino por la suspicacia que genera cualquier transacción de armamento por las comisiones que entraña.

Hace dos años, Planeación Nacional autorizó los mismos 234,5 millones de dólares para comprar 24 aviones de combate. Pero mientras la FAC avanzaba con una empresa brasileña fabricante de aviones Tucano, valorados como unos de los mejores turbohélice, un diario de Brasil denunció que había intereses de Estados Unidos en parar el negocio. A los pocos días se conoció una carta en la que el jefe del Comando Sur, el general James Hill, le envió al entonces comandante de las Fuerzas Armadas, general Jorge Enrique Mora. En ella le comunicaba que, en su concepto, la adquisición de las 24 naves ligeras de ataque aéreo no era tan prioritaria como modernizar la flota de aviones de transporte Hércules. En todo caso, a una semana de terminarse el gobierno de Andrés Pastrana, el ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos, trancó la negociación.

La polémica volvió a revivir en junio de este año, cuando Planeación autorizó nuevamente a la Nación para contratar operaciones de crédito externo hasta por 234,5 millones de dólares para la reposición de los aviones de combate táctico de la Fuerza Aérea. Entonces volvieron a surgir los argumentos a favor y en contra. Para la FAC, la actual situación de orden público y las nuevas maneras de operar del narcotráfico exigen una enorme inversión en equipos y tecnología. Y según el documento Conpes que lo autoriza, los turbohélice podrían cumplir con estas necesidades: tienen la capacidad de operar en la infraestructura aeronáutica del país, incluyendo pistas cortas y condiciones tropicales de alta humedad y temperatura; necesitan un mínimo empleo de personal y de apoyo terrestre, tienen un soporte logístico garantizado por 20 años y bajos costos de operación y mantenimiento, entre otros.

Por el contrario, quienes se oponen a la compra de turbohélice señalan que estos no responden a las exigencias del conflicto armado o que hay otras naves más funcionales y modernas, como los turbofan. Y es que en el ranking de los aviones militares, los turbohélice ocupan un cuarto lugar después de los turbofan de alto, medio y liviano rendimiento. "El turbofan puede portar fuego delantero, utilizar pistas en mal estado, tiene mayor velocidad y llegan al objetivo militar en 40 por ciento de tiempo más rápido", afirma el senador Germán Vargas.

Lo preocupante es que esta misma discusión ya se había dado cuando se intentó la primera compra. En cartas dirigidas al entonces comandante del Ejército, Héctor Fabio Velasco, un comité evaluador de la FAC señaló que la adquisición de los 24 turbohélices "implicaría un retroceso en las capacidades de la Fuerza", mientras que el comité técnico recomendó (tal y como quedó en el Conpes 2004) "adquirir hasta 24 turbohélice en una primera fase, para en una siguiente adquirir los turbofan".

Lo que viene

A diferencia de lo que cree el general Édgar Lésmez, los senadores Vargas y Pardo creen que los pliegos de licitación de la compra se pueden cambiar antes de que esta se efectúe. Precisamente por eso convocaron el debate. Sin embargo, el gobierno ha tomado medidas para minimizar la inevitable suspicacia. Entre ellas, creó una página electrónica para publicar cada paso de la licitación y convocó a dos empresarios, Gilberto Arango Londoño y Julio Manuel Ayerbe, para hacerle veeduría al proceso.

El hecho es que, por más controles que haya al negocio, los senadores citantes volvieron a dejar abierto el debate sobre la conveniencia de que el país realice esta millonaria compra, sólo comparable a lo que hizo el gobierno de Virgilio Barco en 1987, cuando adquirió 15 jets K-fir. La diferencia es que hoy, por los turbohélices, se estaría comprometiendo cuatro veces más de lo que se pagó en ese entonces.

La verdad es que detrás de este episodio hay una combinación de ignorancia e intereses enfrentados. La opinión pública colombiana está solamente obsesionada con el conflicto interno con la guerrilla y no le preocupa mucho el fortalecimiento de la seguridad externa. A pesar de las compras de armamento del presidente venezolano Hugo Chávez, pocos creen que va a invadir a Colombia. Y los que lo creen son derrotistas y no consideran que Colombia tenga muchas posibilidades de ganar en un eventual enfrentamiento militar contra un país financiado por petrodólares. Y en cuanto al narcotráfico, a la gente le preocupa pero no le asusta tanto como 'Tirofijo', 'Jojoy' y 'Raúl Reyes'. Por esto, la mayoría de los colombianos respaldan la posición de Rafael Pardo en el sentido de que ese dinero quedaría mejor invertido en el fortalecimiento de la capacidad militar contra las Farc. El argumento del Ministerio de Defensa de que se necesitan estos aviones no convence mucho a quienes creen que en el monte son más útiles los helicópteros artillados.

Esto no significa necesariamente que la opinión pública tenga la razón. Es un debate técnico en el cual todos los protagonistas tienen intereses. Los de la FAC, por definición, quieren aviones. Los del Ejército, más hombres, más botas, más balas y más helicópteros. Y los senadores Pardo y Vargas, lucirse, lo que lograron.