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| 10/30/1995 12:00:00 AM

GUERRA SUCIA

El atentado contra el abogado del Presidente marca una escalada dramática en un conflicto que había sido hasta ahora sólo jurídico y político.

GUERRA SUCIA, Sección Nación, edición 700, Oct 30 1995 GUERRA SUCIA
POCO ANTES DE LAS SIETE DE LA MANANA, y después de dejar a su hijo en la Universidad Externado de Colombia, el abogado Antonio José Cancino se sentó al timón de su Mercedes Benz -como de costumbre, ya que no le suelta el carro a nadie- y se dirigió a su oficina en el centro de Bogotá. El defensor del Presidente retomó la vía que se desprende de la Avenida Circunvalar, acompañado en el asiento delantero del vehículo por el escolta del DAS Omar Galindo Muñoz, y seguido muy de cerca por una camioneta Toyota vino tinto, con otros dos guardaespaldas que desde hacía dos semanas le había asignado el gobierno para protegerlo.
Luego de descender por una curva en U. tomaron la carrera primera en dirección sur, hacia el barrio La Candelaria. El parque ubicado en la parte oriental de la calle y las viejas construcciones en la acera de enfrente no despertaron suspicacias en el jurista ni entre sus escoltas. Pero muy cerca de la plaza de La Concordia, unos 20 metros después de cruzar la calle 14, se les atravesó en la vía una camioneta carpada, que venía en sentido opuesto y de la cual descendieron varios hombres que con armas automáticas empezaron a disparar indiscriminadamente contra los dos vehículos. Al verse sorprendido, Cancino trató de dar reversa para salir de la emboscada que le acababan de tender. Los escoltas de la Toyota hicieron lo propio, y alcanzaron a devolverse unos 30 metros, pero dos sicarios que se ocultaban entre un par de arbustos en el costado oriental abrieron fuego contra la camioneta hasta segar sus vidas.
Simultáneamente, el carro de Cancino recibía seis impactos de bala y quedaba medio atravesado en la acera con las llantas traseras encima del andén. El agente Galindo, con varias heridas en sus extremidades, no pudo hacer nada para evitar que uno de los atacantes se acercara al Mercedes y sacara al abogado, a quien inexplicablemente los terroristas dejaron abandonado a unos metros del carro, para luego alejarse del lugar haciendo tiros al aire, según algunos testigos.
Cuando el abogado del Presidente trataba de reincorporarse, una mujer -que descendió de un taxi negro y que se sospecha hacía parte del grupo atacante- se le acercó ofreciéndole ayuda para trasladarlo a algún centro asistencial, propuesta que Cancino declinó ante la presencia de tres estudiantes del Externado que, al reconocerlo, lo trasladaron al Hospital Militar en un Mazda dorado. En el lugar quedaron los escoltas Jaime Acevedo y Ancízar Gutiérrez el agente Galindo con heridas de cinco tiros en las piernas, y huellas de sangre de por lo menos uno de los asaltantes. Cancino, por su parte, llegaba al hospital con heridas de bala; en su mano y brazo derechos y esquirlas en la frente.

LA LENGUA LARGA
A los pocos minutos de sucedido el atentado, el ambiente se había cargado de indignación, confusión y desconcierto. Indignación por el atentado mismo contra uno de los juristas más importantes del país, encargado por demás de la más respetable de las tareas, la defensa del Presidente de la República, y por la muerte de dos escoltas del DAS. Confusión, porque a diferencia de muchos crímenes del pasado, no parecía obvio el origen del ataque. Y desconcierto, porque como lo dijo el director del DAS Ramiro Bejarano, estos son "los primeros disparos" de todo este conflicto y, como lo temen muchos colombianos, quizás no van a ser los últimos.
Dos horas después del ataque los principales funcionarios del gobierno ya habían convergido en Palacio para una reunión con el primer mandatario, a la cual asistieron, entre otros, el ministro del Interior Horacio Serpa, y el de Comunicaciones Armando Benedetti. Tras una prolongada deliberación y justo después del mediodía, la Casa de Nariño divulgó un comunicado en el que condenaba los hechos, aseguraba que "hay sectores interesados en que el Presidente de la República no pueda (...) probar su inocencia", e invitaba a la "sensatez y la cordura ". De ahí en adelante el tono se endurecía. Revelaba la Presidencia que Samper "ha solicitado telefónicamente al fiscal general de la Nación, Alfonso Valdivieso, quien se encuentra en el extranjero, un rápido regreso al país a fin de reasumir personalmente el control de la Fiscalía" porque según Palacio, "recientes declaraciones de subalternos de ese organismo (...) podrían estar fomentando un clima que aprovechen las fuerzas de una conspiración en marcha, movida por intereses nacionales y extranjeros, que no está dispuesta a renunciar a ningún arma...". Era evidente el ataque contra el vicefiscal Adolfo Salamanca, quien horas antes había respondido con su característica dureza a las críticas que le habían hecho funcionarios gubernamentales. Y la mención a la conspiración era un hábil juego conceptual que sugería que quienes han sido acusados de conspiradores -en Colombia y en el exterior- podían haber pasado ahora al uso de la violencia. El lenguaje era agresivo, pero el hecho de que el gobierno no acusara a nadie por su nombre, le permitía jugar con esos conceptos e impedía que alguien que se sintiera aludido respondiera.
Hasta ahí, el gobierno, a pesar de la conmoción que causaba el atentado entre los altos funcionarios, maniobraba con habilidad y lograba -legítimamente- sacar provecho de una circunstancia adversa y trágica para darle validez a la teoría de la conspiración y de paso descalificar a sus contradictores: Pero poco después de divulgado el comunicado, el ministro del Interior Horacio Serpa quiso ir más allá y en unos cuantos segundos convirtió en negativos los puntos positivos que el gobierno había ganado ese día.
En algo imperdonable para un político de tanta cancha, Serpa se dejó enredar por las preguntas de los reporteros a la salida de la comisión de acusaciones. Después de renovar de forma directa sus ataques en contra del vicefiscal, se refirió a los intereses foráneos detrás de la supuesta conspiración contra Samper que, según él mismo había dicho minutos antes, se había confirmado con el atentado contra Cancino. Un periodista le preguntó entonces: "Ministro, ¿la DEA puede ser uno de esos conspiradores contra el Presidente? " . "Pues si usted lo dice, a mí me suena bastante" le contestó Serpa. "¿Le suena que esté la DEA detrás de todo esto?" agrego el reportero. "A mí, ante la pregunta que me hace, me suena, como no... me súena bastante" repitió el Ministro.
Con la enloquecida dinámica informativa que caracteriza a Colombia por estos días, menos de siete horas después del atentado contra el abogado del Presidente, la principal noticia ya no era ésa sino la acusación del Ministro del Interior de Colombia contra una agencia del gobierno norteamericano de estar detrás de una conspiración contra la administración Samper, conspiración que según Serpa había quedado confirmada por el atentado de la mañana. Los medios nacionales y las agencias internacionales de noticias lanzaron informes extras antes del final de la tarde y los colombianos se fueron a dormir impactados ya no sólo con lo sucedido a Cancino, sino con las audaces acusaciones de Serpa.

LA RIPOSTA DE WASHINGTON
El jueves en la mañana, al ministro -y al gobierno- todo le empezaron a llegar las cuentas de cobro. Desde muy temprano se hizo evidente que las atrevidas teorías de Serpa habían caído mal entre los colombianos. En el programa radial Viva FM, de las 22 opiniones expresadas por los oyentes, 15 rechazaron de una u otra forma la conspiración. Algunas incluso plantearon hipótesis completamente absurdas sobre el atentado y se refirieron a "cortinas de humo" y "autoconspiración ". El columnista de El Tiempo, Enrique Santos Calderón, fue directo al grano: "Por favor, doctor Serpa, un poco de mesura". El director de noticias de RCN, Juan Gossaín, dijo en su espacio editorial de las 7 y 45 que "un hombre tan importante como el Ministro del Interior no puede andar por ahí haciendo semejantes sindicaciones" . Gossaín avanzo aun mas en su teoría y se preguntó por qué el Presidente pedía en su comunicado "sensatez y cordura (...) a los medios de comunicación" y luego acusaba veladamente al vicefiscal Salamanca de fomentar una conspiración.
Pero estas reacciones iniciales en el país fueron apenas un pálido anticipo de lo que depararía la jornada. El garrote asomó desde Washington antes del mediodía. Primero fue la DEA, agencia que rechazó rotundamente las acusaciones de Serpa antes de pedirle al Ministro que más bien dirigiera sus palabras "contra la mafia de la droga". Luego vinieron en coro Janet Reno, la enérgica fiscal general de Bill Clinton, y Nicholas Burns, vocero del Departamento de Estado, quienes leyeron, cada uno desde sus oficinas, un comunicado conjunto de los dos departamentos. "Rechazamos categóricamente y estamos indignados por las declaraciones (...) que parecen ser un intento por parte del gobierno de Colombia para desviar la atención de las investigaciones que se están llevando a cabo sobre acusaciones de narcocorrupción" dijo el comunicado. "Este tipo de comportamiento chocante sólo puede tener un efecto negativo para nuestras relaciones bilaterales" agregó antes de advertir: "Responsabilizamos completamente al gobierno de Colombia por la seguridad de todos los ciudadanos estadounidenses en Colombia". Era, simple y llanamente, el más duro comunicado de Washington contra el gobierno colombiano en la historia moderna de las relaciones entre los dos países. Y no era para menos: Serpa había hecho la más grave acusación contra el gobierno de Estados Unidos desde el conflicto por la separación de Panamá.
El canciller Rodrigo Pardo, quien se encontraba en Nueva York, había temido lo peor desde temprano. Por ello se había anticipado a la respuesta de Estados Unidos y hecho un llamado para que las palabras de Serpa fueran entendidas "en sus justas proporciones" y en ningún caso como una posición oficial del gobierno colombiano. Como el deslenguado Serpa había acusado a "altos funcionarios de la embajada americana" de especular en las reuniones sociales con la caída de Samper, como una manera de justificar su teoría de que Washington estaba detrás de la conspiración, el Canciller hizo gala de su habilidad conceptual y de palabra y sentenció: "Uno no puede hacer Política exterior con base en versiones sobre conversaciones privadas". Parecía la única voz serena en medio de la confusión.
El Ministro del Interior se demoró mucho más que Pardo en comprender la gravedad de la situación. Al mediodía volvió a enfrentar la nube de micrófonos de los medios. Uno de los periodistas le prestó un radio para que escuchara la retransmisión, vía RCN, del comunicado de Washington. Entonces se declaró preocupado y anunció una rueda de prensa. Primero pensó en limitarse a aclarar que él no había vinculado a la DEA al atentado, sino a la conspiración. Pero después de varias horas de análisis y de recibir desde Nueva York inquietantes datos del Canciller, el Presidente resolvió empujar a Serpa a ceder más.

Al final de la tarde, un ministro pálido y agotado leyó ante las cámaras una declaración en la cual no sólo aclaraba que no había vinculado a la DEA con el atentado, sino que negaba haber relacionado al gobierno de Estados Unidos con una conspiración. Era, de hecho, una retractación, aunque Serpa se empeñara en negarlo y en decir que daba por terminada la polémica, algo para lo cual faltaba la opinión de Washington, que por boca del vocero del Departamento de Estado volvió a decir el viernes que las declaraciones del Ministro colombiano eran "indignantes".
El desastre para el Ministro no lo era sólo para él. Lo era sin duda para el gobierno y en especial para el Presidente, que veía cómo su más fiel escudero desde hace cerca de una década, el hombre que había puesto lo mejor de su oratoria y su vehemencia en defenderlo, era sometido al pelotón de fusilamiento por las críticas casi unánimes de observadores y comentaristas.
La renuncia del Ministro comenzó a ser estudiada el viernes en la tarde muy en serio por el alto gobierno. El objetivo de esta decisión era el de tratar de calmar los ánimos del gobierno estadounidense, algo para lo cual quizás sea tarde, pues para muchos, tal vez el daño ya está hecho. Pero no sólo se trata de tranquilizar a Washington. A los grandes empresarios colombianos no les gustó para nada el round con Estados Unidos, pues si bien entre ellos, la mayoría ha venido brindándole su apoyo a Samper en medio de la crisis, ese apoyo puede verse comprometido si el gobierno decide pelear con el imperio del Norte. Para decirlo en una frase, los ricos pueden estar o no con el presidente de turno, pero siempre están con Estados Unidos.
Un alto funcionario del gobierno hizo en tono franco un balance para esta revista de lo ocurrido en la semana: "Lo increíble es que lo sucedido con Cancino, que es sobre todo una prueba de que hay una conspiración en marcha, quedó atrás, y por cuenta de las interpretaciones que surgieron tras las declaraciones de Serpa, ahora la teoría de la conspiración está devaluada, pues para el grueso de la opinión es imposible creer que de la lista tradicional de conspiradores -Gaviria, Andrés Pastrana o cualquier otro- pueda salir una acción violenta".
Con su principal Ministro en la cuerda floja y la teoría central de su defensa perdiendo credibilidad, el gobierno estaba a punto de perder la jornada por K.O. cuando vino en su ayuda el menos esperado: el vicefiscal Salamanca. El número dos de la Fiscalía, que hasta el jueves en la tarde estaba recibiendo numerosas expresiones de solidaridad por los ataques que en su contra le había dirigido el gobierno, se soltó a hablar con el director del noticiero CM&, Yamid Amat. El viejo zorro de la entrevista lo fue llevando de la mano a contestar con una franqueza que traicionaba la prudencia que la ocasión y el cargo del entrevistado exigían. El vicefiscal terminó por sentenciar que no había duda del ingreso de dineros del narcotráfico en la campaña del actual Presidente, algo que si bien creen muchos colombianos (59 por ciento en la última encuesta de Gallup Colombia), no le quedaba bien decirlo a Salamanca. Al día siguiente, al vicefiscal también le llegó la hora de pagar la cuenta, y a partir de entonces muchas críticas surgieron en su contra.
Y DEL ATENTADO, ¿QUE?
Lo más increíble es que al terminar la semana y en medio de insistentes rumores sobre la posibilidad de que Samper se viera obligado a entregar la cabeza de Serpa, el tema del atentado parecía haber quedado en el olvido. Y todo esto sin que nadie se hubiera preguntado en serio quién podía estar detrás. SEMANA realizó una larga serie de indagaciones y tuvo acceso a las primeras conclusiones de las investigaciones preliminares.
A las pocas horas de ocurrido el atentado, muchas voces planteaban la posibilidad de una acción de la guerrilla. ¿El móvil? La desestabilización y el desarrollo terrorista de las tesis recientemente expuestas por grupos como el ELN en el sentido de que no van a negociar "con un narcogobierno" (ver SEMANA #699). Pero en la historia de la guerrilla no existe un solo antecedente de una acción como la del miércoles que no haya sido abiertamente reivindicada por los alzados en armas. Y al cierre de esta edición, los grupos subversivos no habían dicho esta boca es mía, cuando lo lógico es que, en sintonía con sus acusaciones recientes contra el gobierno por la financiación de la campaña y con su tradicional raciocinio siniestro, salieran pronto a reclamar el atentado como acto popular contra la 'narcopolítica" de la que andan hablando.
Más sentido parece tener la hipótesis de una acción del narcotráfico. Aunque hay evidencias de que, en lo que se refiere a los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela y sus más cercanos socios, no existe la intención de cambiar lo que ha sido tradicional en ellos en cuanto a no ordenar actos terroristas, no sucede lo mismo con otros sectores del narcotráfico del Valle del Cauca. Desde hace algunos meses SEMANA ha tenido información de fuentes de los organismos de seguridad sobre una seria ruptura entre dos bandos de narcos de esa región del país.
El primer grupo, aquél en el cual los Rodríguez ejercen una clara hegemonía, tendría la clara decisión no sólo de evitar esta clase de acciones, sino de salir en defensa del gobierno y del propio Presidente. Dos ejemplos de esto son las declaraciones de Miguel Rodríguez al ser capturado, en el sentido de que Samper "es un hombre honesto", y la carta que le dirigió a Santiago Medina para cuestionar su versión en cuanto al cheque de 40 millones de pesos, algo que pretendía desvalorizar el testimonio del ex tesorero de la campaña samperista, que es hasta ahora la pieza del proceso 8.000 que más compromete al primer mandatario.
El segundo grupo estaría pensando muy distinto. De él harían parte principalmente figuras que están siendo perseguidas pero no han sido capturadas, y algunos pocos de quienes ya se encuentran tras las rejas. Como dijo en su columna del jueves Enrique Santos Calderón, se trataría de "narcos disidentes del cartel de Cali que querrían cobrarle al gobierno su persecución o 'traición". Una fuente de inteligencia del Estado fue aún más clara con SEMANA: "Existen serios indicios de que de tiempo atrás, este grupo, que más que disidencia del cartel es una fuerza en ascenso que aspira a quedarse con lo que queda de él, se preparaba para una escalada terrorista cuyos propósitos son desestabilización y venganza por los golpes dados a las organizaciones del narcotráfico".
Incluso la reivindicación del atentado por un grupo clandestino que se identificó como 'Movimiento por la Dignidad de Colombia', parece tener algunas claves. En una llamada a la cadena radial RCN, una voz masculina aseguró que el grupo está integrado "por personas que han sido acusadas de hechos que no han cometido" y que el movimiento ha decidido "limpiara al país". Pero tal vez es muy temprano para consolidar teorías sobre un atentado tras el cual ni siquiera existe certeza de que el objetivo fuera asesinar a Cancino, ya que hay elementos serios en el sentido de que podría tratarse de un intento de secuestro (ver recuadro), lo único que, según fuentes de la investigación, explicaría que hubiera sobrevivido. Lo que está absolutamente claro es que todo este debate sobre la financiación con narcodineros de la campaña electoral, fue jalonado la semana pasada hacia un escalón mucho más dramático en el cual, lo que hasta ahora había sido un conflicto jurídico y político, especialmente agrio si se quiere, pero en todo caso limitado al campo verbal, se puede convertir en una nueva y sangrienta guerra, como si el país resistiera un frente de La verdad es que la situación se ha ido agravando a medida que se desarrollan las investigaciones y la opinión conoce nuevos detalles sobre lo sucedido en la campaña electoral. Hace apenas seis meses el concepto de conspiración era manejado más bien en chiste. Hace tres meses, en torno a este debate el país -y en especial los sectores de la clase dirigente- comenzaron a polarizarse y en los círculos de la alta sociedad fueron muchas las amistades que comenzaron a romperse. En el último mes, la expresión crisis institucional se instaló definitivamente en el lenguaje y el ambiente comenzó a sobrecargarse con advertencias y anónimos. Mientras el gobierno denunciaba una conjura, funcionarios de la Fiscalía, periodistas y dirigentes que han investigado o cuestionado al gobierno comenzaron a recibir cartas llenas de insultos, referencias a sus negocios y vidas privadas y amenazas de muerte. También fueron amenazados con anónimos y sufragios los miembros de la comisión de acusaciones. La semana pasada hubo verdaderas oleadas de terrorismo telefónico y falsas alarmas de bomba en algunos medios de comunicación. En fin, un clima de miedo que sin duda se confirmó con el vil ataque al abogado del Presidente.
Todo esto ha trastornado la vida y la labor de las personas que de una u otra manera han tenido que ver con la crisis, en un conjunto de presiones que impiden que las cosas se aclaren rápidamente y se llegue a la verdad. En el caso del Presidente, ¿cómo puede pensarse que reciba un juicio justo si quien lo defiende queda incapacitado por cuenta de un atentado y si quienes deben decidir si lo procesan son amenazados de muerte? En el caso de los medios, ¿quién puede investizar e informar con seguridad y tranquilidad si todo lo que diga puede despertarle enemigos mortales? Y en el caso de los fiscales y jueces, ¿quién puede administrar justicia en semejante clima de guerra sucia? De ahí que el propio Presidente haya salido el viernes en un discurso a pedir calma y a llamar al orden a todo el mundo. Una calma que la semana pasada parecía por momentos definitivamente perdida.

UN HOMBRE CONTROVERTIDO
SU NOMBRAMIENTO sorprendió a muchos. La idea de un abogado que defendiera al Presidente se aproximaba más, a ojos de algunos sectores de opinión, a un Echandía de estos tiempos, y no al habilidoso penalista que moviéndose con astucia por los vericuetos del código, saca adelante a su defendido, que es la idea que muchos colombianos tienen de Antonio José Cancino. Visión injusta por demás, o al menos incompleta de una persona que aparte de su experiencia procesal es un respetado profesor y tratadista que se hace pronto inolvidable para sus alumnos, y que es capaz de descifrar como ninguno el verdadero espíritu de la norma penal.
A las pocas horas de nombrado, Cancino dejó en claro no sólo que defendería a Samper sino que atacaría de frente a quien lo atacara. Y se puso manos a la obra, con una doble estrategia que comenzó pronto a surtir efecto en beneficio de su cliente: optó por penalizar todo lo relacionado con el proceso, y por politizar todo lo relacionado con el debate público. En lo primero, evitó de entrada que el posible juicio a Samper en el Congreso se volviera político, que es justamente como prevé la Constitución que se vuelva. Y en lo segundo, se abstuvo de hacer pública su estrategia jurídica y ante los periodistas reemplazó cualquier raciocinio legal por una retórica populista y efectista.
Por todo ello y por una larga carrera en la que ha jugado muchos papeles difíciles, Cancino es un hombre controvertido. A mediados de los 70, defendió con éxito a unos jesuitas acusados del asesinato del ex ministro Rafael Pardo Buelvas. Acusó a Alberto Santofimio en un sonado caso a fines de los 70 y luego adhirió a la precandidatura del líder tolimense. Defendió a mediados de los 80 a Rodrigo Lara Bonilla en el caso del cheque de Evaristo Porras. Y más recientemente, apoderó al concejal y hoy senador Germán Vargas Lleras en el caso de los auxilios distritales. Pero controvertido o no, todos los colombianos de bien esperan que se recupere pronto, para que reasuma la defensa de Samper y la justicia pueda así seguir adelante.

¿INTENTO DE SECUESTRO?
UNA DE LAS principales normas del terrorismo internacional indica que cuando el intento de secuestro no se ha producido 30 segundos después de la operación, éste debe ser abortado de inmediato. Esa premisa es la que parece haberse cumplido en el caso del abogado Antonio José Cancino. Hoy, por separado, los organismos de seguridad coinciden en la teoría de que al jurista pretendían secuestrarlo. El elemento más importante es la aparición en la escena de un taxi negro Chevrolet Chevette de placas FJF-738 en el que se desplazaban cuatro personas que vestían chaquetas negras y portaban armas de fuego. Una de ellas, al parecer una mujer, fue la que le dijo a Cancino que se subiera al auto después de que culminó el tiroteo. Las autoridades corroboraron que las placas del automotor no aparecen registradas en los archivos de la Secretaría de Tránsito de Bogotá. Lo que aún no se explican las autoridades es por qué razón el terrorista que sacó a Cancino de su automóvil y lo arrastró por más de 30 metros y lo dejó en la acera, no lo llevó al taxi que había acudido al lugar para apoyar la operación. Ese es uno de los grandes interrogantes que tienen los investigadores para establecer si realmente al abogado del Presidente lo iban a secuestrar.

EDICIÓN 1879

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