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El alcalde de Bogotá Gustavo Petro no ocultó su inconformismo. | Foto: SEMANA.

BOGOTÁ

Petro califica de “Apartheid social” decisión de un juez

Un fallo que suspende la construcción de 372 soluciones de Vivienda de Interés Prioritario en zonas exclusivas de Bogotá desató la airada respuesta del mandatario.

20 de octubre de 2015

“Es un Apartheid social”, así calificó o descalificó el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, la decisión de un juez que determinó suspender la construcción de 372 Viviendas de Interés Prioritario (VIP) en cuatro lotes en los que funcionan parqueaderos, todos ubicados en exclusivos sectores del norte de Bogotá.

Este martes, un juez echó para abajo el proyecto con el argumento de que los predios están destinados para el uso exclusivo de parqueaderos y no se les puede dar uno distinto.

En la emisora Blu Radio el juez aseguró que el fallo se fundamenta en que hay detrimento de los recursos públicos de los contribuyentes. Al interpretar el artículo 3 del Decreto 0074 del año 2003 y la Ley 1537 del 2014, “nosotros entendimos que las viviendas VIS y VIP se deben construir en terrenos que sean exclusivamente destinados para ese propósito. (…) Es decir, no puedo construir VIP en un sitio donde igualmente voy a hacer parqueaderos públicos”, indicó.

La decisión le puso freno a uno de los proyectos bandera de la actual administración, que a través de la construcción de VIP en sectores exclusivos de Bogotá pretendía demostrar la necesidad de la inclusión social en la capital.

El mandatario no dudó en rechazar el fallo. “Un juez presionado por un político de Cambio Radical decide que esto es contra el orden jurídico (…) eso se llama Apartheid social”.

Lo cierto es que a Petro no le cabe duda de que la medida segregó a las personas que vivirían allí.  Por eso no dudo en compararlo con el sistema de segregación racial en Sudáfrica de los blancos colonos en contra de los negros nativos conocido como el Apartheid.

Pero los comentarios de Petro no quedaron allí. Aseguró que este era un golpe contra la justica, la Constitución, “que pregona lo contrario, la acción afirmativa a favor de las poblaciones vulneradas”.  
El mandatario capitalino no se va a dar por vencido. Dijo que mientras sea alcalde “desplegará” todas las acciones para que este tipo de fallos no puedan “subsistir en el ordenamiento jurídico colombiano”.  

El proyecto


Una polémica se forjó en noviembre del 2014 cuando la Alcaldía de Bogotá propuso utilizar cuatro parqueaderos ubicados en exclusivos sectores de Bogotá para construir 372 viviendas. La idea era que allí habitaran personas de estratos 1 y 2 que fueron víctimas del conflicto armado, por lo que los apartamentos serían de interés prioritario (VIP).

La propuesta que tuvo la administración es que en la calle 107 con carrera 17, la carrea 11 A con calle 93, la carrera 11 con calle 88 y la calle 82 con carrera 11 se construyeran apartamentos que garantizaran el bienestar de esas personas. Todos los terrenos son del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y en total la extensión de los predios suma 4.959 metros cuadrados.

Los 30.000 millones que se usarían para la construcción de las viviendas iban a ser costeados de dos maneras: la primera, con subsidios distritales de vivienda, a los que se suman recursos compensatorios de constructores privados que están obligados a pagar a la ciudad por edificar en ella. Se habla del 20 %.

Los edificios de entre cuatro y siete pisos tendrían parqueaderos públicos, por lo que no serán para los residentes. En su momento se calculó que por ser esta una vivienda de interés prioritario, cada apartamento costaría hasta 70 salarios mínimos mensuales vigentes y los residentes pagarían 40 salarios.