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Representando a 8 millones de ciudadanos ahora es uno de los máximos responsables de liderar la oposición en el Congreso.

POLÍTICA

El gobierno de Duque tendrá una oposición con dientes

La oposición a Iván Duque tendrá nuevas realidades políticas –las altas votaciones de Gustavo Petro y de los verdes y las curules para la Farc– y nuevas normas que favorecen a la oposición y le dan más visibilidad en los medios.

23 de junio de 2018

Para nadie fue una sorpresa que Gustavo Petro, el día de su derrota electoral, anunciara que iría a la oposición. Su “resistencia” –el término que utilizó– será dura y tendrá como base sus 8 millones de votos alcanzados en la segunda vuelta. Y dispondrá, además, de instrumentos que nunca había tenido la oposición en Colombia. Están contenidos en el estatuto producto de los acuerdos de paz con las Farc, que ya aprobó el Congreso y avaló –la semana pasada– la Corte Constitucional.

Las bancadas contrarias al gobierno ahora tienen más garantías, y el Ejecutivo y los partidos del gobierno, un control más duro. Según el Estatuto de la Oposición, “los candidatos que sigan en votos a quienes la autoridad electoral declare elegidos presidente y vicepresidente, tendrán el derecho personal a ocupar, en su orden, una curul en el Senado y otra en la Cámara de Representantes”. Esto quiere decir que Gustavo Petro y Ángela María Robledo formarán parte del Senado y de la Cámara, respectivamente, por los próximos cuatro años. La norma también aplica para las corporaciones públicas de elección popular de las entidades territoriales: gobernador, alcalde distrital y alcalde municipal. Los segundos en contienda tendrán el derecho a ocupar curules en las Asambleas Departamentales, Concejos Distritales y Concejos Municipales.

Uno de los instrumentos más poderosos es el acceso a los medios de comunicación, específicamente radio y televisión. La oposición contará con al menos 30 minutos mensuales en las franjas de mayor sintonía para hacer sus anuncios.

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Pero más allá de las curules, el estatuto le concede a la oposición beneficios tan poderosos que, para algunos, hasta podrían entorpecer la gobernabilidad. La nueva ley divide las organizaciones políticas en tres partes. Un mes después de iniciado el nuevo gobierno, todos los partidos deben declarar su estatus: de oposición, independientes u oficialistas. Después de eso solo podrán cambiar una vez durante el periodo presidencial o regional.

Uno de los instrumentos más poderosos es el acceso a los medios de comunicación, específicamente radio y televisión. La oposición contará con al menos 30 minutos mensuales en las franjas de mayor sintonía para hacer sus anuncios. El 50 por ciento del tiempo se asignará en partes iguales y el otro 50 según el número de escaños de cada partido.

Además, cada 20 de julio, cuando el presidente instale la sesión del Congreso, la oposición tendrá 20 minutos para presentar sus observaciones y planteamientos alternativos en los mismos medios utilizados para la transmisión institucional. Y cuando el presidente haga alocuciones en televisión, también podrán responder de la misma forma.

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Se espera que las bancadas del  Polo,  los Verdes y la Farc se declaren en oposición . Sus principales líderes se deberán unir para que haya una acción efectiva de control político. Fotos Guillermo Torres y Diana Rey Melo.

Los medios de comunicación que utilicen el espectro electromagnético, es decir, radio y televisión, deberán concederle un espacio y tiempo a la oposición si hay “tergiversaciones graves y evidentes o ataques públicos proferidos por el presidente, ministros, gobernadores, alcaldes, secretarios de despacho, directores o gerentes de entidades descentralizadas y por cualquier otro alto funcionario oficial” por sus canales.

El derecho a réplica ya existía en la Ley 130 de 1994, pero no era obligatorio. Con el nuevo estatuto, si el medio no le concede el espacio a la oposición, la autoridad electoral puede multarlo con 10 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e incluso tomar medidas cautelares.

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Esto ha generado protestas de emisoras y canales de televisión por el eventual uso de horarios y franjas prime para asuntos políticos. “No debe haber regulaciones prooficialismo u oposición en materia de medios de comunicación. Lo importante es la misión del periodismo, y todo lo que la condicione o la afecte no es aceptable”, asegura el director de la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), Werner Zigman.

Por otra parte, la oposición tendrá acceso a la documentación oficial que solicite (y el gobierno deberá suministrarla en un plazo máximo de cinco días) y participará en las mesas directivas del Congreso a nivel de vicepresidentes. Se da por seguro que el próximo Senado tendrá un presidente del Centro Democrático, y la Cámara, del Partido Liberal, pues tienen mayoría en esas dos Cámaras. Las vicepresidencias estarán a cargo de congresistas declarados opositores e independientes. También participarán obligatoriamente en la Comisión de Relaciones Exteriores.

Las bancadas que se declaren opositoras tendrán una financiación adicional del 5 por ciento, distribuida proporcionalmente entre ellas. En el caso de que algún partido decida dejar de hacer parte de la oposición, deberá devolver el dinero no utilizado al Fondo Nacional de Financiación Política.

Hasta el momento, se entiende que en el nuevo Congreso –donde ningún partido tendrá mayoría significativa– el Centro Democrático será la columna vertebral de la coalición gobiernista porque es el partido de Iván Duque. La lista de los ‘decentes’ de Gustavo Petro estará en la oposición, al igual que el Polo, los verdes y la Farc. Falta ver qué rumbo tomarán los integrantes de la antigua Unidad Nacional –La U, liberales, conservadores y Cambio Radical– que apoyaron a Duque al final de la campaña, pero participaron en el gobierno de Juan Manuel Santos durante cuatro años.

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Aunque la mayoría de los parlamentarios de las bancadas conservadoras, liberales, de Cambio Radical y el Partido de la U se han acercado al nuevo presidente, algunos de sus miembros mantienen su distancia: Roy Barreras y Armando Benedetti del Partido de la U y Luis Fernando Velasco del Partido Liberal. Paradójicamente, las bancadas que apoyaron el proceso de paz y votaron por las leyes para su implementación durante año y medio ahora van a estar en un gobierno que buscará hacerles ajustes a los acuerdos.

Lo más probable es que los partidos que se montaron al bus uribista después de primera vuelta no harán oposición. Eso les deja la alternativa de ser independientes o de volver a ser parte del gobierno, pero a costa de tragarse muchos sapos, con el reto de ganarse la confianza del Centro Democrático y de estar allí en una especie de segunda categoría detrás de esta colectividad. Pero los partidos que se declaren independientes quedarán inhabilitados para recibir beneficios burocráticos porque, según el estatuto, “no podrán ser designados en cargos de autoridad política, civil o administrativa en el gobierno, ni dentro de los 12 meses siguientes a su retiro de la organización política”.

Desde el próximo Gobierno la oposición tendrá beneficios tan poderosos que, para algunos, hasta podrían entorpecer la gobernabilidad. 

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Iván Duque, en los últimos cuatro años, formó parte de una dura oposición a Juan Manuel Santos y al proceso de paz. Si algo quedó claro en los recientes comicios, esa posición resulta rentable en la política. Duque y Petro, ambos críticos del gobierno saliente –con énfasis y razones distintas–, pasaron a la segunda vuelta y dejaron en el camino a los representantes de los partidos que apoyaron al gobierno: Germán Vargas de Cambio Radical y Humberto de la Calle del liberalismo. Los conservadores y La U ni siquiera postularon alternativas.

Ahora el presidente Duque enfrentará una oposición con mayores instrumentos que los que él, y su partido, tuvo a su alcance para enfrentar a Santos. La gran pregunta es cómo los van a utilizar Petro, Jorge Enrique Robledo, Antanas Mockus y la Farc. Para empezar, tendrán que entenderse, coordinar sus tareas y designar voceros. Pero en el campo de la oposición, el país no solo tendrá un fenómeno nuevo –cuantiosas votaciones de Petro y los verdes, y la Farc con curules aseguradas–, sino con una legislación que facilitará su tarea.