Petro tendrá que responder por el negocio de la venta de TGI

Cuando los bogotanos apenas se están reponiendo del robo al que fue sometida la capital durante la Administración de Samuel Moreno por el cartel de la contratación y el Grupo Nule, un escándalo parece ensombrecer de nuevo el panorama, por lo menos en cifras.

La Contraloría Distrital acaba de abrir el juicio de responsabilidad fiscal más grande de la historia de la capital y tal vez del país, por 509 millones de dólares, es decir, algo más de 1,5 billones de pesos, contra la junta directiva de la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) que estuvo entre 2011 y 2014. Encabeza la lista de los llamados a responder el entonces alcalde, Gustavo Petro, quien presidía la junta directiva de la EEB, las expresidentas de esa empresa Sandra Fonseca y Mónica de Greiff, y los demás miembros de la cúpula entre los que aparecen nombres como el exministro de Hacienda Guillermo Perry, el analista Mauricio Cabrera, el exgerente de la Empresa de Acueducto Alberto Merlano y el exgerente de la ETB Saúl Kattan, entre otros.

La EEB, históricamente encargada de generar y llevar la electricidad a la ciudad, se convirtió desde hace algunos años en un grupo dueño o accionista de empresas de energía y gas natural en Colombia, Perú, Guatemala y Brasil, con más de 12 billones de pesos en activos. En Colombia posee, entre otras, la Transportadora de Gas Internacional (TGI) que opera y mantiene 3.957 kilómetros de gasoductos. Esta red lleva el gas desde La Guajira al interior del país y desde los Llanos Orientales a Huila y Tolima.

TGI nació en 2007 después de que la EEB pagó 3,25 billones de pesos por el 97,91 por ciento de Ecogas, empresa del gobierno nacional. La ciudad financió esa operación, considerada una gran jugada, con recursos propios, créditos y emisión de bonos.

Frente a este endeudamiento y a la necesidad de ampliar e instalar nueva infraestructura, la Administración decidió vender el 31,92 por ciento de la empresa en 2011, durante la alcaldía de Samuel Moreno. Tras un largo proceso, Citi Venture Capital International (CVCI), un fondo del Citibank, decidió pagar 400 millones de dólares, que fueron invertidos en ampliar la infraestructura de TGI. Dicho fondo creó la empresa Inversiones en Energía Latinoamérica Holdings (Ielah) con sede en España, que quedó con la titularidad de las acciones.

Dentro de la negociación con el nuevo socio, la Empresa de Energía le otorgó al comprador la primera opción en caso de que decidiera vender, pero pactó un periodo de congelación de venta de tres años. Efectivamente, a finales de 2013 Ielah informó a la junta directiva de la EEB que iba a vender su participación en TGI. En ese punto comienzan las dudas de la Contraloría. Si la EEB tenía el control, se pregunta, ¿qué valor adicional o qué ganaban los bogotanos con recomprar el 31,92 por ciento? En la junta se esgrimieron argumentos como frenar la llegada de un socio hostil, la alta rentabilidad de TGI y, por supuesto, la idea petrista de que las empresas de servicios públicos deben ser cien por ciento del Estado.

Además, surgieron nuevas dudas, como la de si era tan buen negocio para qué vendieron esa participación. Y por qué se dejó abierta la posibilidad de recomprar ese porcentaje tres años después. Es como si el gobierno vendiera Isagén y dejara la puerta abierta para comprarla nuevamente.

A finales de noviembre de 2013, el comité de inversiones de la EEB recomendó recomprar las acciones e informó que el valor de referencia era de 614 millones de dólares, de acuerdo con el cálculo realizado por la banca de inversión Sumatoria. Es decir, una increíble valorización de 214 millones de dólares en dos años. Sin embargo, aquí aparece otro gran interrogante. Si Ielah estaba vendiendo, ¿no debió haber fijado un precio de oferta de la compañía para que el comprador pudiera proponer sobre esa base?

Lo cierto es que la junta directiva de la EEB, reunida el 11 de diciembre de 2013, delegó en el alcalde Petro y en la gerente Fonseca la gestión de recomprar las acciones por 614 millones de dólares. Las negociaciones se interrumpieron en diciembre porque The Rohatyn Group adquirió el fondo CVCI y, por supuesto, su participación en TGI. En medio de ese proceso, la Contraloría Distrital no entiende por qué, si la empresa iba a recomprar las acciones, decidió en febrero de 2014 repartir el ciento por ciento de las utilidades obtenidas en 2013, estimadas en 130.000 millones de pesos, de los cuales giró 41.558 millones a Ielah a España.

Tampoco entiende por qué Sumatoria afirmó en febrero que el valor estimado del 31,92 por ciento ya no era de 614 millones de dólares, sino 842 millones. Lo más increíble es que la presidenta de la empresa, según ella con la autorización de Petro, decidió comprar el 31,92 por ciento por 842 millones de dólares, es decir, 442 millones de dólares más. Eso sin contar que se pagaron 29 millones de dólares en comisiones e intereses. “¿Por qué no se contrató a una o varias bancas internacionales, expertas y reconocidas, y solo se mantuvo la misma empresa colombiana? ¿No es exagerado aceptar una valoración que supera el 35 por ciento anual? Las Administraciones de Bogotá, y la de Petro, jugaron a Tío Rico o Monopolio con la plata de los bogotanos”, dijo Granados.

Para pagar, la EEB recurrió a recursos propios y préstamos, algunos de los cuales fueron asumidos por filiales internacionales. Otro aspecto no muy claro es que para la compra se constituyó en junio la Sociedad Transportadora de Gas Iberoamericana España, no se sabe si para evitar pagar impuestos en Colombia o para aumentar aún más la rentabilidad a los vendedores. Lo cierto es que TGI España se constituyó con 264 millones de dólares y una deuda de 616 millones de dólares. Al momento de adquirir a Ielah España, que siempre fue una empresa de papel, ya no había ni un peso de las utilidades que recibió. “Aquí, lo más grave es que el dinero a futuro a pagar por intereses y demás puede ser mayor a 880 millones de dólares, y no se sabe si el préstamo tomado tiene una cobertura de riesgo cambiario, pues el dólar ha subido su valor”, dice uno de los investigadores.

Según la apertura del juicio de responsabilidad fiscal, la Contraloría evidencia “un presunto daño al patrimonio público por 509 millones de dólares, que resultan de la diferencia entre el valor de venta inicial de 400 millones de dólares en 2011 y la recompra por 880 millones de dólares más 29 millones de dólares pagados en comisiones en 2014, generando una lesión al patrimonio público, una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna”.

Mientras que Petro y los demás miembros ya fueron citados para escuchar sus versiones de este meganegocio, la Contraloría lanzó una alerta por el manejo que se le puede estar dando a las 14 empresas y filiales constituidas con capital de la ciudad en el exterior, que no han sido auditadas por tener un régimen privado o de otra nación. “Las vamos a auditar, sin importar dónde estén, pues se terminó el tiempo en el que nadie las ronda ni las vigila”, dijo el contralor distrital.

Este caso llega en un mal momento para el actual alcalde, Enrique Peñalosa, quien le ha pedido autorización al Concejo para vender el 20 por ciento de la Empresa de Energía para financiar parte de su ambicioso plan de renovación para la capital.