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Hasta 14 años de cárcel podrían pagar quienes ataquen con ácido a las mujeres
Este martes se dio un paso importante en la lucha contra este cruel delito. En la Cámara de Representantes se aprobó un proyecto de ley que propone implantar penas drásticas a los agresores. Ahora deberá ser discutido en el Senado.
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Gina Lilián Potes Aguirre tiene el caso de ataque con ácido más antiguo en el país. Hoy tiene 35 años y fue agredida cuando tenía 20, justo en la puerta de su casa, donde estaba con sus dos hijitos y una hermana.
"Golpearon la puerta y yo abrí. Ahí estaba una mujer preguntando por un jardín infantil y cuando yo le estaba explicando cómo llegar, apareció un hombre que dijo: 'esto le pasa por ser tan bonita', y me echó encima esa cosa". En segundos, el ácido le quemó toda la ropa y la piel de parte de su cara, el cuello, el pecho, sus senos y el abdomen. Gina duró dos meses en cuidados intensivos en el hospital Simón Bolívar y, cuando la dieron de alta, supo que su drama apenas comenzaba. "Uno piensa en la familia, la zozobra, el miedo. Y lo más triste era saber quién me había atacado".
Gina prefiere omitir el nombre de sus sospechas, pero asegura que algún día lo contará. Así relató Gina su historia a SEMANA. Vea el artículo Muerte en vida.
Este martes la historia de Gina y otras mujeres víctimas del ataque con ácido dio un giro en el Congreso.
Hace pocas horas fue aprobado en la Cámara de Representantes el proyecto de ley que busca fortalecer la protección de este tipo de víctimas. La iniciativa legislativa, radicada en la Cámara el 7 de septiembre del 2011, busca proteger la integridad personal de las víctimas e implantar penas drásticas a quienes cometen el delito de atacar con ácido de manera dolosa o gravemente culposa.
El representante Óscar Marín lidera la iniciativa, la cual hace referencia a los casos donde las lesiones son causadas en el rostro y en el cuello con un agente químico, liquido o sólido caliente. En consecuencia, el acto genera un grave deterioro como la pérdida funcional y el daño de los tejidos y la apariencia física.
Las consideraciones inicialmente aprobadas en la Comisión Primera de la Cámara y las cuales lograron este martes superar el segundo debate en plenaria son:
Si el daño es una deformidad física transitoria, la pena de prisión estaría entre 16 y 108 meses de prisión, y se exigiría el pago de una multa de 20 a 37, 5 salarios mínimos. En el caso de que la lesión sea permanente, la iniciativa busca que la pena de prisión sea de 32 a 126 meses, y la multa oscile entre 34,66 y 54 salarios mínimos.
“Si la deformidad afecta el rostro, la pena se aumentará en el doble del mínimo y en una tercera parte del máximo”, agrega la iniciativa.
El representante Marín celebró la aprobación del proyecto de ley. “Fui muy duro con la Cámara. Les dije (a los representantes) que no podían ser insensibles con este tipo de proyectos que buscan defender la vida, la dignidad y la integridad de los seres humanos”, dijo Marín en entrevista con Semana.com.
Marín aseguró que la plenaria fue solidaria a la hora de votar y sólo tres votos estuvieron en contra. Se trata de los representantes del movimiento MIRA, liderados por la representante Gloria Estela Díaz. Aunque los congresistas tienen un proyecto de ley similar, proponen la creación de un delito autónomo y el aumento de la pena, entre los 10 y los 20 años.
En la iniciativa aprobada, el delito ya existe pero se busca agravar la pena, explica Marín.
“Lo que hoy existe es una pena mínima de dos años y medio y máxima de 10 años. Ahora, la mínima es cinco años y medio y la máxima es 14 años”, precisa el representante al reconocer que la aprobación del proyecto de ley “es un avance” y debe seguir la lucha por el aumento de la pena.
“Nuestro principal objetivo es que por ningún motivo este tipo de delitos vaya a ser excarcelable y quede en la impunidad, como ya está pasando”, agrega.
El representante añadió que además de la iniciativa, se avanza en una mesa de trabajo con el Ministerio de Justicia, la Consejería para la equidad de género y el Consejo Superior de Criminalística, que consiste en aprovechar las herramientas actuales para lograr judicializar los casos denunciados.
Marín explica que, según expertos en criminología, “no se puede poner una pena mayor que la del homicidio simple”. No obstante, el representante alega que el ataque con ácido “es un delito peor que el homicidio simple, debido a que este tipo de lesiones se convierten en el estilo de venganza predilecto, porque la víctima está marcada de por vida”.
Una iniciativa por la integridad personal
Según el representante Óscar Marín, los casos donde se desfigura el rostro de una mujer con ácido, “se presentan sin ningún motivo aparente más que el de proporcionarle placer al victimario”.
El representante alega que en el país, la incidencia de este tipo de violencia es cada vez mayor, “pues se han dado a conocer a la sociedad colombiana a través de los medios de comunicación múltiples casos a partir del 2008”.
Marín reclama más atención de la sociedad que, en su criterio, es “indiferente e indolente” ante la violación de la integridad personal de las víctimas. “Como sintiendo que las víctimas son muy lejanas y que este tipo de situaciones jamás van a tocarnos”, añade.
“Casos inhumanos impensables, como que un tercero lance ácido en el rostro a una persona, ya sea porque ésta se le atraviesa o porque simplemente quiere vengarse bajo actos pasionales se convierten en comunes”, lamenta Marín, quien se opone a que algunas veces “los agresores sigan libres o paguen penas cortas que terminan brindándoles a corto plazo la libertad, sin ningún tipo de garantía respecto a que puedan incurrir nuevamente en estos actos violentos”.
La iniciativa indica que las víctimas no tienen el poder adquisitivo para enfrentar este tipo de lesión.
“No podrán sufragar los gastos de las cirugías que se califican como estéticas, pues por no afectarse un órgano vital como un pulmón o un riñón, no son reconocidas mediante tratamiento médico cubierto por una entidad prestadora de salud”, alega Marín.
Casos para no olvidar
Entre los casos denunciados que recuerda el representante Marín están:
- Una mujer en estado de embarazo fue atacada con ácido el 7 de febrero del 2008, cuando iba camino a su casa por tres hombres de una constructora.
- Una joven de 16 años que cursaba décimo grado fue víctima de una agresión con ácido a mediados del 2008 por un menor de 10 años, a quien se le pagó por cometer el delito.
- Una mujer de 22 años, aspirante a Miss Cúcuta en el Concurso Nacional de Belleza, fue víctima del acto violento el pasado 10 de junio del 2010, cuando un hombre desconocido le arrojó ácido en la cara.
- El 8 de agosto del 2011 una estudiante de 21 años caminaba en el sector de Patio Bonito, en la localidad de Kennedy, y un hombre le arrojó un ácido sobre su cabeza.
El representante Marín recuerda que de los casos expuestos, “sólo se ha conocido sentencia condenatoria en el caso de la joven de 16 años, donde el agresor se valió de un menor de edad para violentar los derechos de una mujer”.
“La pena implantada en este caso, fue de 9 años de prisión y una multa por 150 salarios mínimos mensuales vigentes, correspondientes a la suma de 80.340.000 pesos, valor que no cubre ni la mínima parte del daño causado tanto física, como moralmente a la víctima, a su familia y al entorno social”, explica el congresista.
En criterio del político, no basta con la imposición de una pena o multa, que aunque busca resarcir los daños y perjuicios causados con el acto, “no cubre el nivel de detrimento de la propia persona que resulta envuelta en un proceso de por vida”.