'Hay que hacer Justicia'

El 22 de noviembre Ciénaga Grande (Magdalena), fue protagonista de una de las masacres más grandes de la década. Los paramilitares asesinaron a más de 40 campesinos. Ya son cientos los civiles que mueren dentro del conflicto armado colombiano, porque los actores de la guerra no respetan el Derecho Internacional Humanitario ni los Derechos Humanos. El defensor del pueblo, Eduardo Cifuentes, asegura que Colombia debe acelerar la ratificación del Tratado de Roma, que permitiría que una Corte Penal Internacional tuviera la potestad de juzgar a violadores de derechos humanos en Colombia. SEMANA.COM habló con él.

SEMANA.COM: Uno de los grandes problemas que hay en cuestión de derechos humanos es la ausencia de tribunales que puedan, no sólo acusar sino castigar a sus violadores. ¿Por qué es tan importante que Colombia suscriba el Tratado de Roma?

Eduardo Cifuentes: Es importante que Colombia, que está afectado por una violencia endémica, por un conflicto interno, y que cuenta con el mayor número de delitos de lesa humanidad que se cometen a diario, suscriba prontamente el Tratado de Roma.

SEMANA.COM: Las condiciones mismas de comisión de estos delitos han llevado a la impunidad. ¿Puede usted entender la dificultad que padece en una zona de violencia, una persona para rendir un testimonio sobre lo que ha visto o sobre lo que ha oído, en torno de un hecho como masacres o desapariciones forzadas?

E.C.: En Colombia se vive a lo largo y ancho del territorio nacional un miedo y un temor infundados. Los ciudadanos no pueden acudir a la justicia para denunciar violaciones a los derechos humanos porque se vuelven blancos directos de la guerra.

SEMANA.COM: Usted propone que Colombia se suscriba al Tratado de Roma para que entre en vigencia el Tribunal Penal Internacional. ¿Qué tan factible es dentro del sistema colombiano?

E.C.: Colombia suscribió el Tratado de Roma que contempla la creación de la Corte Penal Internacional. Sin embargo no se ha presentado todavía a consideración del Congreso de la República, paso imprescindible para incorporarlo al tratado del derecho interno.

Hasta el momento se ha ratificado el Tratado en cerca de 24 países, aunque para entrar en vigencia plena debe obtener 70 legalizaciones.

Al ritmo actual de ratificaciones del Tratado, se cree que en dos años y medio o tres estará en plena operancia el Tribunal Penal Internacional.

SEMANA.COM: ¿Qué haría exactamente ese tribunal?

E.C.: El Tribunal Internacional reconoce los delitos de lesa humanidad, es decir, infracciones graves a la declaración Universal de Derechos Humanos.

En este tratado, en relación con las dudas de estas infracciones, se contemplan penas muy severas e igualmente la prescriptibilidad de algunos derechos.

SEMANA.COM: ¿Constitucionalmente qué inconveniente tiene el Tratado para ser aprobado?

E.C.: Generalmente los países que clasifican al Tratado de Roma, en principio producen reformas constitucionales en sus reglamentos internos, cuando en estos no se contempla la cadena perpetua y algunos delitos. Hecho eso, proceden a aprobar los futuros parlamentos la ley del Tratado.

Es muy importante que tanto el Congreso como el resto del país comiencen a debatir la conveniencia de que Colombia se acople al tratado y que se introduzca en la Constitución Política las reformas necesarias para que pueda darse luego la aprobación.

También creo que a este respecto, inclusive podría el Congreso de la República mediante acto reformatorio de la Constitución, aprobar el Tratado y disponer a proceder a su aplicación.

Esta es una alternativa entre otras. Se pueden consultar muchos precedentes en otras constituciones, sobre la incorporación directa en la Constitución de lo que se dispone en un tratado, como por ejemplo en Argentina que estableció que los tratados de derechos humanos hacen parte de su constitución política.

Podría entonces el Congreso incorporar mediante acto legislativo el Tratado de Roma.

SEMANA.COM: ¿Cómo afectaría la soberanía del Estado colombiano, el hecho que exista una Corte Internacional que pueda juzgar delitos cometidos dentro de las fronteras colombianas?

E.C.: El Estado, a través del aparato judicial, tiene el deber de perseguir los delitos, investigar e inspeccionar, pero si falla en desarrollo de su función jurisdiccional, dado que se trata de delitos de lesa humanidad y de aspectos de los derechos humanos en el sentido universal, deben ser internacionalmente percibidos. Si el Estado no es capaz de hacer justicia tiene que brindar la oportunidad para que estos hechos, tan absolutamente condenables, sean investigados y sancionados por organismos internacionales.

SEMANA.COM: Siempre se había dicho que la violación a los derechos humanos era total responsabilidad de los Estados, es decir, que grupos al margen de la ley no violaban los derechos humanos. ¿Cómo ha cambiado esta percepción?

E.C.: El Tratado de Roma, a diferencia del Derecho Internacional Público en el que la responsabilidad sólo cae en las autoridades públicas, recae también en los entes populares. Es decir, no se trata de ninguna manera de que el Estado colombiano renuncie a la función jurisdiccional, porque además no puede hacerlo, pues es un deber que se le impone. Simplemente, que ante las fallas del Estado se abre el Tribunal Internacional, para empezar a investigar y culpar personas responsables de los delitos contra los derechos humanos.

SEMANA.COM: ¿Cree usted que la Corte Penal Internacional va a juzgar lo que la justicia colombiana no ha podido?

E.C.: Si la justicia del país operara bien, la Corte Penal Internacional no tendría mucha competencia. Pero si el sistema judicial nacional es inoperante, como lamentablemente ocurre ahora en la mayoría de los casos en los que no se concreta ninguna culpabilidad, entonces en este caso la justicia internacional entra a actuar. Esto hay que verlo como algo positivo, va a representar una garantía del cumplimiento de los derechos humanos.

SEMANA.COM: ¿Puede la suscripción del Tratado ser otro obstáculo para el proceso de paz?

E.C.: Hay quienes opinan que la firma del Tratado podría afectar el proceso de paz en el sentido de que se le darían incentivos a los actores armados al margen de la ley, para continuar con las negociaciones y lograr la paz del país y que posteriormente podrían ser ajusticiados por la Corte Penal Internacional. Yo personalmente creo que no es así por varias razones: primero, porque la Corte Penal Internacional no va a entrar a ejercer su objeto de inmediato, tardaría aproximadamente entre dos y tres años. Segundo, porque el Tribunal Penal Internacional adquiere competencia, lo que no quiere decir que el Estado se lave las manos. El problema es que como se sabe que el país tiene un alto grado de impunidad, los actores armados han hecho ya el cálculo de que estas acciones delictivas serán sancionadas dentro del país y por lo tanto el precio es bajo o nulo. Cuando se suscribe el Tribunal Penal Internacional, por lo menos en relación con las conductas futuras a partir de la fecha que se suscriba, ese precio no va a ser bajo ni nulo, sino muy alto.

SEMANA.COM: Cree usted que la ratificación del Tratado de Roma puede representar la intimidación necesaria para que los actores del conflicto respeten los derechos humanos y el DIH?

E.C.: Puede ser un factor importante para que las negociaciones se tomen en serio, para que las partes se tomen en serio, y para que los actores armados respeten el Derecho Internacional Humanitario. Si existe una Corte Penal Internacional que es capaz de asumir un ajusticiamiento, eso crea un referente axiológico, que debe ser respetada por los combatientes. El Derecho Internacional Humanitario lo que está señalando es que hay conductas bárbaras, irracionales, excesivas y desproporcionadas, que no tienen nada que ver con la guerra en sí ni con la condición humana. Suscribir el Tratado de Roma y repetirlo es funcional.

SEMANA.COM: ¿De prorrogarse la zona de despeje, qué medidas debe tomar el gobierno para que allí, no se sigan cometiendo abusos?

E.C.: Con la prórroga de la zona de despeje no se debe irrespetar el Estado de Derecho, deben estar presentes las autoridades judiciales. La población de esa zona no puede ser privada de esa garantía y sacrificar su seguridad por el resto de la población.

Para negociar debe haber en la zona de despeje un estado de derecho. ¿Por qué no se puede contar con un fiscal para que investigue un homicidio o amenazas? No se puede sacrificar a la población de la zona y excluirlos del estado de derecho por el bienestar de los demás colombianos.

SEMANA.COM: ¿Qué otros mecanismos se deben tomar?

E.C.: Creo que la naturaleza del conflicto interno colombiano acredita a la negociación, pero una negociación no implica que se deba ser tolerante con los abusos, se deben imponer reglas claras. Creo que este es un escenario importante tanto para el gobierno como para los delincuentes, y debemos aprovechar la zona y aprender de lo que en este momento esta pasando para futuras negociaciones. Antes de un proceso de paz debemos pensar en el bien de la patria. Yo creo, y la guerrilla lo debe saber, que todas las formas de paz son bien aceptadas por el país.