¿HORA DE ARMARSE?

"LA INTERPRETACION DE QUE EN EL gobierno hay dos líneas, una dura y una blanda, es totalmente equivocada": nunca una frase del presidente Ernesto Samper Pizano había resultado tan poco creíble. Pocas horas antes sus dos ministros más representativos, el de Gobierno, Horacio Serpa, y el de Defensa, Fernando Botero, se habían enfrentado públicamente como consecuencia de la propuesta de este último de crear cooperativas de seguridad en las áreas rurales. Por esa razón la declaración presidencial, dada a los periodistas tras la instalación del congreso cafetero el lunes 28, no convenció a nadie. Prueba de ello es que Samper se vio obligado esa misma noche a citar a los dos ministros a Palacio para una comida, en la cual los reprendió duramente y los instó a bajarle el tono al debate y a buscarle al impasse una salida decorosa.
Pero el daño ya estaba hecho. A pesar de que entre los ciudadanos de a pie, hartos de tanta inseguridad, la iniciativa de las cooperativas parece tener buena acogida (ver encuesta) y de que los gremios del sector agrario la respaldan íntegramente, las críticas llovieron por montones por parte de dirigentes políticos y columnistas. "Ha borrado el ministro Botero lo que es cribió el Alto Comisionado de Paz" afirmó el ex presidente Misael Pastrana."Saldremos de la violencia para entrar en la anarquía" aseguró el ex canciller Alfredo Vásquez Carrizosa. "El ministro Botero (...) defiende su oligarquía a sangre y fuego...", escribió Jorge Child. "La propuesta es peligrosísima" sentenció el penalista Antonio José Cancino. "Al gobierno le está faltando cohesión interna" aseguró Enrique Santos Calderón.
Este último comentario del columnista del diario El Tiempo apuntaba hacia lo único que por momentos parece más agudo que el debate mismo de la propuesta: el nivel alcanzado por la pelea entre Serpa y Botero, casada desde hace algunos años cuando ambos se convirtieron, respectivamente, en las alas izquierda y derecha del samperismo.
El más reciente round de la disputa, el de las cooperativas de seguridad, comenzó hace algunos meses cuando, a las pocas semanas de arrancar el gobierno, el Presidente recibió a una delegación de ganaderos en la Casa de Nariño. La cita arrancó en un tono más bien agrio, pues los ganaderos quisieron de entrada coger el toro por los cuernos y plantear la dramática situación que soportan, caracterizada por un aumento significativo de las extorsiones y boleteos y por más de 400 secuestros (hoy, tres meses después, la cifra ya asciende a 430). Los ganaderos hicieron tambien varias preguntas relacionadas con las inquietudes que, en este contexto, les despertaba el anunciado proceso de paz.
Finalmente, los visitantes le propusieron al anfitrión que, ante la incapacidad del Estado de defenderlos, el gobierno estudiara la posibilidad de permitirles conformar grupos de seguridad que actuaran en coordinación con la fuerza pública. Durante la reunión los ganaderos mencionaron algunas normas dictadas meses atrás por la administración Gaviria, que preven la creación y reglamentacien de departamentos y cooperativas de seguridad. Impactado por la crudeza de la exposición de los ganaderos, y consciente de que había que darles alguna esperanza, Samper les respondió que el gobierno empezaría de inmediato a analizar esas alternativas. Horas después relató lo sucedido al ministro Botero, y éste se comprometió a estudiar la idea.

COMO ANILLO AL DEDO
Para el ministro Botero, que siempre ha sido bastante de derecha, el asunto no era nuevo. De hecho, su tesis de grado se tituló "Organizaciones campesinas contemporáneas en Colombia". Al respecto afirma que él mismo, en su finca, en El Carmen de Apicala, en Cundinamarca -región que tiene alguna tradición de presencia guerrillera y de delincuencia común- participó en la creación de un comité de seguridad formado por los propietarios del área. Dicho comité operaba con base principalmente en una red de radiocomunicaciones más o menos moderna y una estrecha colaboración con el Ejército.
En todo caso, cuando días antes de la posesión de Samper, Botero fue designado como nuevo ministro de Defensa, invitó a Bogotá a Hernán Garrido, un peruano que asesoró al presidente Fujimori en la creación de las Rondas Campesinas, los grupos de autodefensa que en el vecino país fueron tan importantes en el combate contra Sendero Luminoso (ver recuadro). Garrido y Botero se habían conocido en Harvard en 1980 cuando ambos estudiaban sus respectivas especializaciones, e hicieron buenas migas.
Gracias a los buenos oficios de Garrido, Botero logró que viniera a Colombia el general Nicolás De Bari Hermoza, comandante general de las Fuerzas Militares del Perú, quien tuvo bajo su responsabilidad la aplicación de la política de las Rondas Campesinas. Según una fuente del Ministerio de Defensa, "la visita de Hermoza fue fundamental para dar forma definitiva a algunas de las ideas que habíamos estado explorando". Finalmente, a mediados de noviembre y con la ayuda de algunos de sus asesores -en especial la del viceministro Luis Guillermo Vélez-, Botero comenzó a redactar los primeros documentos con la idea de lanzar públicamente una propuesta completa a principios del próximo año.
Pero los hechos se precipitaron. A mediados de la semana antepasada se celebró en Cartagena el congreso de la Federación Nacional de Ganaderos. Desde las primeras de cambio resultó evidente que el foro estaba adquiriendo un tono especialmente antigobiernista. Los ganaderos estaban en franca rebelión debido al aumento sostenido de los índices de inseguridad en las áreas rurales. La actitud frente a la administración se agravó cuando corrió el rumor de que Samper había rechazado la invitación a clausurar el foro porque iba a viajar a Pasto para asistir a la boda del ex guerrillero y alcalde electo de esa ciudad, Antonio Navarro Wolf.
En reemplazo de Samper, el gobierno designó a Botero como encargado de clausurar el congreso. El jueves 24, en vísperas de viajar a Cartagena para cumplir con ese compromiso, Botero se enteró de lo caldeados que estaban los ánimos de los ganaderos y comprendió que si no sacaba algún as de entre la manga tendría que soportar un botafuegos. Al final del día se comunicó telefónicamente con Samper y acordó con él que sería útil esbozar algunas ideas sobre las cooperativas de seguridad rural. Presidente y Ministro convinieron en que el planteamiento no sólo daría alguna esperanza de solución a los ganaderos, sino que sería la respuesta a lo que ellos mismos habían planteado tres meses antes en la Casa de Nariño. Fue así como el viernes Botero presentó a los ganaderos la propuesta y definió a las cooperativas como "agencias privadas de seguridad bajo la vigilancia del Estado".
Pero si Botero llevaba meses cocinando la idea, para el ministro de gobierno, Horacio Serpa, la iniciativa resultó totalmente sorpresiva. Serpa asumió que Botero había actuado sin la bendición del Presidente, puesto que él acompañó a Samper a Pasto mientras Botero hablaba en Cartagena, y el primer mandatario nada le dijo sobre la propuesta. Una alta fuente de la Casa de Nariño le dijo a SEMANA que "la verdad es que el Presidente autorizó a Botero a decir que la idea de las cooperativas se estaba esta estudiando, y el Ministro fue mucho más lejos y las presentó como una decisión del gobierno". Según la misma fuente,"la prueba de que Samper nunca pensó que Botero fuera a anunciar la cosa como una decisión, es que ni siquiera comentó el tema con Serpa mientras estaban volando juntos a Pasto".
Sea cual fuere la explicación de semejante malentendido, que llevó a muchos a recordar las épocas de grave descoordinación interministerial en el gobierno de Virgilio Barco, el hecho es que el sábado, al ver los titulares de los periódicos que citaban el discurso de Botero, a Serpa se le salió el temperamento santandereano. Consultado por un periodista de El Tiempo, lanzó dos dardos venenosos. El primero daba a entender que ni él ni el alto comisionado de paz, Carlos Holmes Trujillo, compartían la propuesta, y que en cambio seguirían trabajando "por la seguridad y la paz del país", como queriendo decir que Botero no lo estaba haciendo. El segundo era más directo: "En general, opino que el interés de los colombianos es más por el desarme".
La disputa prometía por momentos convertirse en gresca. Por eso Samper decidió cortar la mata de la discordia de un solo golpe. En una salida típica de su estilo conciliador, el Presidente apoyó públicamente a Botero, pero aclaró que la propuesta de las cooperativas estaba por ahora en etapa evaluativa.

¿PROPUESTA ABORTADA?
Como suele ocurrir en Colombia, la mayoría de la gente que ha opinado sobre el tema no conoce la propuesta a fondo. Inclusive buena parte de los altos funcionarios del gobierno que deben ocuparse de estos asuntos ignora los términos concretos y los alcances del diseño de las cooperativas de seguridad rural, algo que parece encontrarse en una etapa mucho más elaborada de lo que se creyó en principio (ver recuadro).
La propuesta es, en todo caso, menos compleja de lo que aparenta. Según el Ministerio de Defensa, lo que el gobierno busca con ella es despertar la solidaridad de la población civil en la lucha contra la subversión. "Ningún país en la historia ha sido capaz de vencer el problema de la criminalidad rural sólo con el esfuerzo de la Fuerzas Armadas. Se requiere el aporte de la población civil organizada", aseguró a SEMANA el titular de la cartera de Defensa.
Todo esto suena muy positivo. Pero para nadie es un secreto que la propuesta de Botero implica muchos riesgos. Para empezar, muy pocos colombianos han olvidado la pesadilla en que se convirtieron los grupos paramilitares del Magdalena Medio, Córdoba y Urabá, que en la segunda mitad de la década pasada llegaron por momentos a causar tanto mal como la propia guerrilla. Aunque han pasado ya varios años, aún están vivas las imágenes de las masacres de las fincas Honduras y La Negra en Urabá, del sitio de Mejor Esquina en Córdoba, y, en especial, la de los funcionarios judiciales en La Rochela, en el Magdalena Medio, cuando se hizo evidente que, como sucedió con Frankenstein, los paramilitares se habían volteado en contra de su propio creador.
En efecto, los grupos autores de estos crímenes habían nacido en desarrollo de un decreto gubernamental, el cual los colocaba bajo la supuesta vigilancia del Estado. Pero después de ser penetrados por el cartel de Medellín, cuyos integrantes se convirtieron en la década pasada en grandes compradores de tierras precisamente allí donde nadie quería invertir debido a la actividad guerrillera, se transformaron en temibles máquinas de la muerte. Más que combatir a la guerrilla, estos grupos se dedicaron a proteger los intereses de los narcotraficantes, hasta el punto de que tuvieron mucho que ver en el entrenamiento de los comandos sicariales que cometieron algunos de los principales magnicidios, entre ellos el de Luis Carlos Galán.
El recuerdo de la pesadilla narcoparamilitar es tan fuerte que son muchos quienes se oponen a la propuesta de Botero solamente por considerar que ninguna idea, por bien intencionada que sea, merece que se corra el riesgo de revivir este engendro. En torno a la palabra 'autodefensas' se ha construido un tabú tan grande como el que existe sobre la palabra 'auxilios'. Pero hay que decir que así como no todos los auxilios son malos, pues no todos se los roban, también hay que aclarar que no porque en el pasado las autodefensas hayan derivado en el narcoparamilitarismo, todo grupo de seguridad conformado por civiles va a correr la misma suerte. En referencia a este punto, lo que corresponde, más que descartar la idea de plano por miedo a que se repita la historia, es hacer un esfuerzo tan grande en el diseño de los mecanismos de control de las cooperativas como en el montaje de las mismas.

En cuanto a los controles, el asunto viene siendo estudiado de tiempo atrás, pues Rafael Pardo, antecesor de Botero en el ministerio, había puesto a algunos de sus asesores a elaborar ideas y a diseñar propuestas sobre la participación de los civiles en la lucha antisubversiva. Por un lado, un decreto del gobierno anterior estableció el marco de operación de grupos como las cooperativas propuestas por Botero. Para controlar esas organizaciones, así como el conjunto de las empresas privadas de vigilancia, el mismo decreto creó una Superintendencia de Control y Vigilancia Privada, el cual no existía cuando las autodefensas se desbordaron en la década pasada. El fortalecimiento de esa Superintendencia, tanto desde el punto de vista presupuestal como del operativo, es urgente, así como lo es la definición de algunos aspectos concretos de la propuesta: ¿en qué ámbito territorial operará cada una de las cooperativas para que sea más fácil para la fuerza pública no solo colaborar con ellas sino evitar que se desborden en su accionar? ¿Qué controles van a ejercer las autoridades en materia del armamento que usarán los miembros de las cooperativas? ¿Qué tipo de veeduría van a llevar a cabo las comunidades en las zonas de operación de las cooperativas?
Cualquier esfuerzo que se haga por responder a estos interrogantes será poco, pues son muchos los temores que hay que mitigar. Pero si bien las secuelas que aún hoy subsisten del fenómeno paramilitar son bastante profundas, no lo son menos los problemas de inseguridad que se viven en los campos colombianos. A pesar de todos los ensayos que se han hecho con una mayor inversión en seguridad y defensa, con el aumento del pie de fuerza, con las brigadas móviles, con la destinación de mayores recursos para la compra de información e inteligencia, con la compra de helicópteros y armamento, lo cierto es que la situación, en vez de mejorar, ha empeorado. Tanto que no es exagerado decir que en estos momentos está peor que nunca. De ahí que exista una convicción generalizada, entre todos aquellos que tienen alguna relación con los sectores de la producción agropecuaria, de que el actual esquema simple y llanamente ya no funciona.
Otro argumento que los críticos de las cooperativas han esgrimido en contra de la idea es que resulta inoportuna porque coincide con el momento en que algunos reconocen avances en el proceso de paz, en el cual el gobierno de Samper ha venido trabajando. Pero esta idea de considerar incoherente que, al mismo tiempo que se proponen diálogos con la guerrilla se diseñen mecanismos para fortalecer la represión a la subversión, es más un truco efectista que un argumento válido. Hace rato que la sociedad colombiana aprendió la lección de que la única manera de que los grupos guerrilleros se comprometan de verdad en un proceso de abandono de la lucha armada es que, al mismo tiempo sean golpeados militarmente, tal y como sucedió con el M-19 en 1989 y con el EPL en 1990.
Prueba de lo anterior es que si el gobierno, por intermedio del Alto Comisionado para la Paz, ha insistido en que se puede dialogar en medio de las balas, es entre otras cosas porque no quiere renunciar a la posibilidad de presionar a los guerrilleros en el monte para ablandar a sus delegados en la mesa.
Los críticos de la propuesta de las cooperativas han insistido, por otra parte, en que es un gran error armar a los civiles para que colaboren con la fuerza pública en una tarea que debería ser responsabilidad exclusiva de ésta. Lo irónico es que esos mismos críticos han repetido, una y otra vez, que si algo funciona mal en la política de seguridad es que no existe cooperación entre la fuerza pública y la comunidad. Derribar este muro entre los civiles y los uniformados es justamente uno de los objetivos de la propuesta de Botero. Y por eso este argumento contra la iniciativa tampoco puede ser aceptado.
Otro razonamiento en favor de la idea es que, ante el deterioro de la situación en las zonas rurales, los grupos de civiles armados ya están proliferando. Y hasta el momento, sin ningún control del Estado. Como le dijo a SEMANA el ministro Botero,"ante el grave deterioro de la situación de orden público en el campo y ante las dificultades que tiene la fuerza pública, el fenómeno que se está observando es el crecimiento explosivo de los grupos de autodefensa creados al margen de la ley. En esas condiciones, la disyuntiva para el país no está entre tener cooperativas de seguridad rural o no tenerlas. La verdadera disyuntiva es entre tener cooperativas vigiladas por el Estado o tener desarrollo incontrolado de grupos paramilitares y de autodefensa creados al margen de la ley. En otras palabras, estas instituciones se crean o se crean: o se establecen institucionalmente por intermedio del Estado, o se crean por fuera de la ley. Y yo, definitivamente, prefiero lo primero".


En todo caso, más allá del debate sobre su contenido -un debate que de seguro durará bastante-, la propuesta ha resultado bastante popular y así lo demuestran las primeras encuestas. Como dicen las abogadas Patricia Bulla y María Victoria Llorente, consultoras de la firma Security and Protection y ex asesoras del Ministerio de Defensa, "la acogida a la medida de las cooperativas demuestra que por fin la ciudadanía se está dando cuenta de que los esfuerzos de seguridad no pueden ser exclusivos de la fuerza pública. Este entusiasmo debe ser aprovechado por el gobierno pero, a la vez, debe ser canalizado de manera cautelosa y debe corresponder a una política global y no a planteamientos aparentemente aislados".
Por eso mismo hay que lamentar que el gobierno haya cometido tantos errores a la hora de presentar la idea. La impresión que quedó entre la gente es que, más que tratar de combinar las ofertas de diálogo con el fortalecimiento de la represión, lo que hay en la administración Samper son dos líneas políticas, una dura y una blanda, que en vez de complementarse están duramente enfrentadas. Aún más, lo grave de la confrontación que en el tema de las cooperativas han protagonizado Botero y Serpa, es que esta no parece ser la única pelea entre ministros (ver recuadro). Y como es obvio, esta clase de roces le hacen un daño inmenso a las políticas gubernamentales, pues obliga al Presidente, antes de buscar el respaldo de la opinión nacional, a tratar de conseguir el de sus propios ministros.
De ahí que, con las heridas aún abiertas por el duelo de espadas entre los ministros de Gobierno y Defensa, el Presidente haya resuelto, justo después de regresar de México el viernes pasado, reunirse con ellos para planear la realización de un Consejo de Seguridad esta semana, cuyas discusiones deben servir de base para la redacción de un documento que ponga en blanco y negro la propuesta de las cooperativas. La realización de este Consejo de Seguridad es importante, no únicamente por el tema sino por el hecho de que Samper ha presidido personalmente sólo dos de estas reuniones en los cuatro meses que lleva en la casa de Nariño, y esa parece ser, justamente, una de las causas de tanta descoordinación.
Ojalá que el regreso de Samper al puesto del piloto en estos asuntos permita salvar la idea de las cooperativas del paredón de fusilamiento al que algunos la han sometido en los últimos días, y al que parecía condenada la semana pasada por cuenta de la incapacidad del gobierno de presentar un frente unido. La iniciativa puede no ser perfecta. De hecho, no deja de ser lamentable que un Estado tenga que recurrir a armar a sus ciudadanos para defenderlos de sus enemigos internos. Pero la situación a la que se ha llegado en Colombia es tan grave que propuestas como la de las cooperativas, más que buenas, se han convertido en necesarias. Como es tan dramática la situación actual, por mala que pueda parecerle a algunos la idea de las cooperativas, es difícil pensar que sea peor que lo que existe. Y justamente por eso, no puede con todo y los controles que sea necesario aplicar, vale la pena hacer el ensayo. Como dijo alguna vez el canciller español Francisco Fernández Ordóñez, "los hombres de Estado nunca nos podemos dar el lujo de escoger entre lo bueno y lo malo. Nos la pasamos escogiendo entre lo malo y lo peor".

EL MODELO PERUANO

RECIEN POSESIONADO COMO ministro de Defensa, Fernando Botero recibió en su despacho la visita del peruano Hernán Garrido, un viejo amigo con el que compartió pupitre y libros en la Universidad de Harvard en 1980. Durante los tres años que permanecieron en el campus universitario los jóvenes políticos tuvieron la oportunidad de intercambiar ideas y profundizar en dos temas fundamentales que golpean por igual a Colombia y Perú: guerrilla y narcotráfico.
La visita de Garrido no sólo fue para saludar y felicitar a su amigo. Ese día el ministro Botero sostuvo una larga charla con este peruano, quien fue uno de los gestores y asesores del presidente Alberto Fujimori en la reestructuración de las llamadas Rondas Campesinas o Comités de Autodefensa. Garrido le narró a Botero la experiencia que había vivido el Perú en los dos últimos años con estas organizaciones, que fueron la base del éxito para poder desmantelar la organización terrorista Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amarú.
Otro de los hombres claves en la organización de las rondas peruanas fue el general Nicolás De Bari Hermoza, comandante de las Fuerzas Militares del Perú. Este curtido militar logró organizar a la población peruana, la cual conformó las Rondas Campesinas y los Comités de Autodefensa. El trabajo se inició el 5 de abril de 1992 y los resultados arrojados fueron más que satisfactorios. Actualmente existen en el Perú, debidamente reconocidos, 4.238 comités de autodefensa, los cuales están conformados por 236.000 integrantes. El Estado, bajo el control del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadasn les ha entrenado 15.393 armas de caza. Fueron preparadas para asumir trabajos de inteligencia y con su trabajo lograron copar el terreno que tenía bajo su control Sendero Luminoso y los guerrilleros debieron buscar refugio en las ciudades, y esto le permitió al Ejército peruano adelantar sus operativos contra las principales cabezas de este movimiento.
Una vez hecho este trabajo, las Rondas Campesinas comenzaron a efectuar una labor cívica y de recuperación de los territorios que le fueron arrebatados a Sendero Luminoso. Se crearon frentes contra subversivos con el fin de erradicar de plano cualquier brote de la subversión.



¿COMO DIABLOS FUNCIONARAN LAS COOPERATIVAS?

Las cooperativas de seguridad rural serán netamente defensivas. No actuarán como grupos de ataque sino que estarán preparadas para repeler la acción de los grupos guerrilleros.

Desempeñarán un papel clave para montar una compleja red de inteligencia que le permita al Ejército planear y desarrollar los operativos contra los grupos insurgentes.

Estarán amparadas en el artículo 42 del estatuto de vigilancia y seguridad privada, el cual establece que este servicio es una organización de la comunidad con el objetivo de brindar vigilancia y seguridad a sus miembros, dentro del área donde tiene asiento la respectiva comunidad.

Su radio de acción será limitado a una zona previamente establecida y controlada por el Ejército.

Estarán integradas por personas que no tengan antecedentes penales y la selección para conformar estos comités ciudadanos estará a cargo del Ejército. La capacitación y el entrenamiento de los miembros estará a cargo de los batallones locales Los empleados de las cooperativas recibirán una remuneración mensual, utilizarán uniformes y distintivos que permitan su identificación y podrán movilizarse libremente en la zona asignada.

Estarán bajo el control de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, adscrita al Ministerio de Defensa, cuya función básica es la de vigilar, reglamentar y financiar los servicios de vigilancia y seguridad privada que operan en el país.

El Ministro de Defensa solicitó una adición presupuestad al Ministerio de Hacienda con el fin de poder financiar las cooperativas de seguridad rural. Si la adición no es aprobada, dedicará el 5 por ciento de los recursos del Ministerio para fortalecer la Superintendencia, que será la que sostenga las cooperativas.

Los equipos que empleen y las instalaciones donde operen serán previamente aprobados por la Superintendencia, que tendrá además la facultad de vigilar el comportamiento de los miembros de la cooperativa.

Emplearán armas de uso privativo del Ejército con el fin de que las autoridades puedan ejercer control sobre éstas. El Ministerio de Defensa llevará una relación detallada de cada una de las armas suministradas a los miembros de las cooperativas.

La Superintendencia de Vigilancia recibirá reportes acerca de la utilización que las cooperativas le den al armamento asignado y quedará facultada para decomisarlo. Como garantía de cubrimiento de posibles daños a terceros en el uso del armamento, cada cooperativa deberá suscribir una póliza de responsabilidad civil por un monto no inferior a los 250 salarios mínimos legales mensuales.

Inicialmente funcionarán cinco cooperativas en el país, en lugares donde confluyan narcotráfico, guerrilla, paramilitares y delincuencia común. Esta primera fase experimental durará seis meses. Si funciona, la siguiente fase se adelantará en otros 50 municipios del país y tendrá un período de prueba de un año. Luego se extenderá a 200 municipios más. La cuarta y última fase incluirá 500 municipios y se desarrollará en el último año del gobierno del presidente Samper.