HORA DE CONFISCAR?

Para el gobierno pudo haber sido el susto del año. La votación de 59 a 57 en contra de la aplicación retroactiva de la extinción de dominio a los bienes adquiridos con dineros ilícitos, obtenida en la plenaria de la Cámara de Representantes el miércoles en la noche, significaba no sólo el hundimiento de una de las iniciativas másimportantes presentadas en el país contra el narcotráfico, sino además la aproximación inminente de las sanciones de Estados Unidos contra Colombia. La reñida votación cayó como un golpe al hígado del gobierno, que confiaba en que la Cámara baja aprobara, como lo había hecho el Senado, la retroactividad de la norma.Sin embargo no habían transcurrido 24 horas de la decisión de la plenaria de la Cámara cuando la aplanadora samperista volvió a dar muestras de su indiscutible efectividad. El presidente Ernesto Samper reunió improvisadamente el jueves por la mañana a 23 de los congresistas que la noche anterior habían votado en contra de la propuesta del gobierno. Los parlamentarios, encabezados por el representante liberal del Chocó Jorge Tadeo Lozano, oyeron atentamente durante más de una hora al Presidente y al final de la reunión, aunque muchos seguían sin compartir los criterios del gobierno, terminaron por acatar su voluntad y prometieron darle vía libre al proyecto.Este hecho, sumado a la decisión de los conservadores oficialistas de reintegrarse a la discusión y a la votación del proyecto, así como la presión ejercida desde afuera por algunos medios de comunicación y por las cabezas de los tres grandes grupos económicos, terminaron por hacerle el milagro al gobierno. En una comisión de conciliación entre la Cámara y el Senado, de la cual hacían parte varios de los parlamentarios enemigos de la retroactividad, se logró consenso alrededor de retomar prácticamente la totalidad del texto propuesto por el Ejecutivo. Pocas horas después este mismo texto fue sometido nuevamente a votación en las plenarias de Senado y Cámara donde, para sorpresa de muchos, fue aprobado, en el primero por unanimidad y en la segunda por 103 votos contra cuatro.El resultado final de este esfuerzo de casi seis meses, en el que se la jugaron a fondo el ministro de Justicia Carlos Medellín y en la etapa final el del Interior Horacio Serpa, es un proyecto que contiene quizás las más duras herramientas que haya tenido Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Las posibilidades de su aplicación podrían ser de tanto alcance que _según los organismos de seguridad del Estado_ los capos del narcotráfico, incluso los que se encuentran recluidos en las cárceles de máxima seguridad, no ahorraron esfuerzos hasta el último momento para tratar de impedir la aprobación de la ley (ver artículo siguiente).La mayor preocupación de quienes se saben afectados por la nueva norma radica en la posibilidad de que sean perseguidos todos sus bienes, en cualquier momento, prácticamente sin importar cuándo fueron adquiridos o en manos de quién estén. Para personas como los hermanos Rodríguez Orejuela, o inclusive para los Ochoa Vásquez, que ya pagaron su condena, esto podría significar _si la ley es aplicada en todo su rigor_ perder su fortuna, incluso la que se encuentra actualmente legalizada o en manos de sus herederos y testaferros (ver recuadro).¿Letra muerta?Aunque la ley aprobada contiene las más duras normas que se hayan visto en el país para perseguir los bienes ilegales, no falta quienes desde ya consideran la nueva ley más ambiciosa que efectiva. Para ellos una cosa es legislar y otra hacer cumplir la ley. Y en el caso colombiano la distancia que hay entre una y otra es todavía muy grande.Quienes así piensan consideran que la ley puede hacerse efectiva fácilmente sobre algunas de las propiedades de los capos más famosos o de las personas condenadas, pero difícilmente podrá llegar a tocar sus verdaderas fortunas. Los narcotraficantes de las grandes ligas han aprendido a utilizar mecanismos de ocultamiento de bienes tan sofisticados que aun teniendo las herramientas jurídicas para descubrirlos y expropiarlos es poco probable que las autoridades logren hacerlo.Por otra parte, en Colombia son muy pocas las condenas por narcotráfico. El propio Pablo Escobar murió sin que las autoridades le hubieran podido probar la exportación de un solo gramo de cocaína. Esto quiere decir que la mayoría de los procesos de extinción de dominio van a tener que partir exclusivamente de la presunción de que los bienes fueron adquiridos ilícitamente. Si bien esto es posible de acuerdo con la nueva ley, la experiencia ha demostrado que manejar casos tan complejos con base solamente en presunciones es bastante complicado en un país tan santanderista como Colombia.En el caso de los narcotraficantes conocidos, y en el de quienes ya se encuentran tras las rejas, como los Rodríguez Orejuela, si bien va a ser prácticamente imposible cobijar con la ley todos sus bienes, no va a resultar tan difícil demostrar que los que se les conocen fueron adquiridos ilícitamente. Sin embargo en el de los narcotraficantes anónimos colombianos, como son la mayoría, probar que adquirieron sus bienes gracias al tráfico de drogas y posteriormente confiscárselos no va a ser tarea fácil. Mucho más cuando en Colombia muchos narcotraficantes tienen negocios legales paralelos que les permiten disfrazar eficazmente sus actividades ilícitas.Adicionalmente, en un país donde la justicia se caracteriza precisamente por ineficiente, una ley como esta despierta necesariamente tanto prevenciones como escepticismo. Prevenciones en los ciudadanos de bien, que piensan que mal aplicada podría llegar a cobijar sus bienes adquiridos honestamente. Escepticismo en quienes creen que el Estado no tiene la capacidad de desenmarañar las intrincadas redes de lavado de dinero, corrupción y testaferrato que utilizan los delincuentes. Es por esto que es utópico pensar que por cuenta de esta nueva ley se va a lograr, como ya han afirmado algunos, expropiarles todos los bienes a los narcos y realizar una redistribución del ingreso en Colombia.Si bien la aprobación de la ley tuvo un innegable valor al pretender evitar la imposición de las sanciones norteamericanas, hay quienes piensan que su alcance puede terminar siendo puramente simbólico y limitado a los monumentos nacionales del narcotráfico, como la hacienda Nápoles con zoológico y avioneta incluidos, Drogas La Rebaja y las haciendas con jacuzzi de los herederos de Gonzalo Rodríguez Gacha. El tiempo se encargará de demostrar si tanto esfuerzo valió la pena o esta ley será otra de las tantas que se convierte en letra muerta.