Huecos en la red

El buen augurio que ha generado entre los seguidores del Club Millonarios el plan de salvamento que adelanta con la venia del gobierno el empresario José Roberto Arango podría tener consecuencias negativas en otros equipos del país.

Tras la guerra que el Estado le declaró al narcotráfico después del asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, el gobierno expidió el Decreto 380 de 1985 con el fin de imponerles controles a la propiedad y al manejo de los activos de los clubes de fútbol, y evitar que la mafia usara este deporte como pantalla de negocios ilícitos.

Estas medidas fueron ratificadas y ampliadas en la Ley del Deporte de 1995, que ordenó a los clubes de fútbol profesional organizarse como corporaciones o asociaciones sin ánimo de lucro y estableció que ninguna persona podía tener más del 20 por ciento de la propiedad de un club y reportar el origen de los capitales de todos sus socios. Los activos de los equipos, en caso de que entraran en liquidación, no podían ser repartidos entre sus socios, sino entregados a otra corporación similar, previa autorización de Coldeportes. Con esto se buscaba limitar que los activos pudieran pasar de mano en mano, y burlar los controles al lavado y la extinción de dominio. Precisamente estas normas frenaban la operación que desde hace varias semanas venía adelantando el ex asesor presidencial José Roberto Arango, ya que la columna vertebral del plan de salvamento de Millonarios consiste en trasladar todos sus activos, como la Hacienda Fontanar, la marca del equipo, la ficha y los derechos deportivos de los jugadores, a una nueva sociedad.

Para permitir esta operación, el Presidente de la República y el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, expidieron el 10 de mayo el Decreto 1616, que establece que los activos que resulten de la liquidación de los equipos se rijan por el Código Civil, y lo que quede se pueda repartir entre sus miembros. El decreto no solo modificó de un plumazo la naturaleza de estas corporaciones deportivas sino que levantó los controles que imperaban en el fútbol desde hace 25 años.

Esta medida permitió darle vida a una nueva sociedad que, una vez valore y venda todos los activos de Millonarios, pagará los 33.000 millones de pasivos y repartirá los excedentes entre las personas que tenían derechos deportivos del club, como Juan Carlos López o Luis Augusto García, algo que antes del decreto era imposible.

Usando esa misma figura, esta semana el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, acompañado de miembros de su gabinete, empresarios e hinchas, creó la sociedad Nuevo América, con la que busca ponerle fin a una historia oscura del balompié vallecaucano y darle paso al saneamiento y democratización del onceno rojo. El municipio aportará 2.000 millones de pesos de los 4.200 que le adeuda el equipo en impuestos, y tomará el control del nuevo club. Después venderá 2.000 acciones a un millón de pesos, que junto a nuevos patrocinios y recursos, responderá por las deudas. El problema es que la decisión de liquidar al América, que está en la Lista Clinton, y pasar sus activos, está en manos de la asamblea del equipo, de la que el mismo vicepresidente Francisco Santos dijo el viernes que es controlada por el supuesto narco Luis Enrique Calle Serna, alias ‘Comba’, y su hermano.

Pero así como Millos y América buscan ser renovados por personas prestantes, las dudas se ciernen sobre lo que pasará en otros equipos que están intervenidos o sobre los que hay serias sospechas de estar en manos del narcotráfico. El gobierno abrió una nueva portería en el fútbol, pero sin arquero que la controle, y ya el país sabe lo que puede pasar: que las mafias otra vez puedan mover libremente sus capitales a través de este deporte.