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| 12/9/1996 12:00:00 AM

IDENTIFIQUENSE

En medio de llamados a la transparencia, en 15 días se otorga el contrato para modernizar la Registraduría Nacional del Estado Civil.

IDENTIFIQUENSE IDENTIFIQUENSE
Los días de la vieja cédula de ciudadanía están contados. Si todo sale como está previsto, a finales de este mes la Registraduría Nacional del Estado Civil otorgará un contrato por un valor cercano a los 90 millones de dólares para modernizar la entidad y renovar el sistema de identificación ciudadana del país. El contrato incluye la producción de un documento más sofisticado y seguro que el actual, con un código de barras bidimensional sensible a lectores electrónicos especiales, en el cual estará contenida toda la información relacionada con la identidad y el estado civil de los colombianos.Es el paso del burro al transbordador espacial. Del viejo sistema manual de identificación dactilar, almacenado en 26 millones de tarjetas que ocupan hoy la mitad del edificio principal de la Registraduría Nacional en Bogotá _expuestas a toda clase de riesgos y sin ningún tipo de copia de soporte_, se pasará al llamado Sistema Automático de Identificación Dactilar (Afis por su sigla en inglés), que permite almacenar la información en discos ópticos de alta seguridad y muy bajo volumen. El sistema ha sido probado con éxito a nivel mundial.
El proceso
Desde hacía muchos años se venía insistiendo en el país en la necesidad de modernizar la Registraduría, cuya estructura se había mantenido inalterable desde su creación en 1947. Pero sólo hasta 1993, con el apoyo de la Fiscalía General, el Ministerio de Defensa, la Procuraduría y el DAS _que con Medicina Legal y el Inpec son las entidades más interesadas en un sistema de identificación ágil y seguro_ se presentó al Conpes un documento orientado a buscar el apoyo del gobierno para modernizar la Registraduría. Con base en ese documento el programa de modernización se incluyó en el plan de desarrollo de la administración Samper.Posteriormente, con el nombramiento de Orlando Abello como Registrador Nacional en diciembre de 1994, el programa recibió un impulso definitivo. Sólo un mes después de haberse posesionado Abello presentó un proyecto a la Consejería de Modernización del Estado y nombró como gerente del mismo al economista Jorge Serpa Erazo. Este realizó una ardua tarea de presentación del proyecto y después de seis meses de trabajo logró que el Congreso aprobara la Ley 188 de 1995, mediante la cual se incluyó una partida por 50.000 millones de pesos para el mismo.Estaba por definir, sin embargo, uno de los aspectos más importantes del proceso: el sistema de contratación. Después de una larga discusión, y dado que la identificación de las personas tiene que ver con temas muy sensibles en materia de derechos humanos _en la medida en que, además de los usos cotidianos, dicha información es herramienta fundamental para la aplicación de una eficaz y cumplida justicia_ se decidió que el proyecto debería ser considerado como de "seguridad nacional", y así quedó contemplado en el Decreto 1275 de 1995. Eso significaba que la contratación se podía realizar de manera directa, sin acudir al engorroso expediente de la licitación.
Invitaciones
con base en esa decisión la Registraduría invitó a varios países a que presentaran los nombres de tres empresas que estuvieran en condiciones de realizar el proyecto. En respuesta se postularon 22 empresas, a las cuales se les solicitó información corporativa con el fin de evaluar su idoneidad y seleccionar aquellas que se ajustaran mejor a los propósitos del gobierno nacional. De las 22 respondieron 16 y, de ellas, luego de un riguroso proceso de selección, fueron escogidas tres: Unisys, de Estados Unidos; la Sociedad Francesa de Exportaciones del Ministerio del Interior _Sofremi_, y Siemens, de Alemania.En el intermedio el Congreso aprobó la Ley 220 _de diciembre 15 de 1995_, según la cual todos los colombianos deben recedularse antes del primero de enero de 1999, lo que significa que además de sistematizar la Registraduría y digitalizar los archivos de la entidad es necesario expedir 30 millones de cédulas en menos de dos años. Y dado que éstas no se les pueden cobrar a los ciudadanos cuando se expiden por primera vez, o sólo se pueden cobrar a su costo cuando se trata de renovación _según el Consejo de Estado_ había que estudiar un sistema de financiación que permitiera cumplir con el programa de modernización y ajustarse a los requerimientos de la Ley.Se decidió, entonces, que el programa de expedición de las nuevas cédulas se hiciera por el sistema de concesión, y así se le hizo saber a las tres firmas preseleccionadas. Como contraprestación, a la compañía ganadora se le permitirá comercializar el llamado Servicio Unico de Identificación Nacional _Suin_, mediante la venta de lectores electrónicos diseñados para confrontar el contenido de cada cédula con la identidad de su portador (ver foto) y el cobro de una pequeña comisión por el uso de la información almacenada en los archivos de la Registraduría.
¿Suspicacias?
Un contrato de tal magnitud no podía quedar exento de dudas. Dada la cantidad de dinero que está en juego y la importancia que tiene el proyecto desde el punto de vista de los derechos humanos, el ex ministro Fernando Cepeda pidió en una columna publicada por el diario El Tiempo que se dieran a conocer las diferentes ofertas y que la decisión se tomara con la mayor transparencia. Y algunas publicaciones llegaron a sugerir la inconveniencia de que el registrador nacional hubiera acompañado a Francia al presidente Ernesto Samper y se hubiera reunido con representantes de la estatal Sofremi en pleno proceso de selección de la firma adjudicataria.A las observaciones de Cepeda, Jorge Serpa, gerente del proyecto, respondió que dada la categoría de "seguridad nacional" que se le asignó, es imposible dar a conocer públicamente el contenido de las ofertas. Dijo, sin embargo, que en cumplimiento de la Ley 80 de 1993, que es la que regula todo el proceso, las propuestas estarán a disposición de todos los proponentes en la secretaría general de la Registraduría una semana antes de la adjudicación. Aseguró, además, que durante todo el proceso no ha recibido ninguna queja oficial que permita poner en duda su transparencia.Y en lo que tiene que ver con el viaje del registrador a Francia con el Presidente de la República, el propio Abello aseguró que dicha visita "en nada comprometió ni compromete a la Organización Electoral-Registraduría Nacional del Estado Civil, cuya representación ostento, y dado ese carácter he sido muy celoso en el trámite de la contratación del proyecto". Lo cierto es que todo el país mira con atención el desenvolvimiento del proceso porque sería una lástima que uno de los proyectos más importantes de la actual administración se viera envuelto en cualquier sombra de duda.

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