Los bienes que las Farc habrían adquirido ocultando droga en troncos de madera

Hace poco más de un mes, cuando la recién desmovilizada guerrilla de las FARC entregó el listado de bienes que sometía a la reparación de víctimas, el fiscal general cuestionó el hecho de que ciertos activos no habrían entrado en ese listado y se encontrarían todavía en manos de presuntos testaferros.

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En ese momento, Néstor Humberto Martínez dijo que “en el curso de las próximas semanas podremos identificar varios proyectos de extinción de dominio de empresas muy, muy grandes que hemos establecido que están asociadas a actividades de las Farc y su patrimonio”.

Las operaciones realizadas anteriormente en contra de empresas ganaderas como Andina de Carnes y Carnes y Derivados de Occidente, acusadas de ocultar bienes de la guerrilla y de la mafia del Norte del Valle, debieron servir como  advertencia para los presuntos testaferros.

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Pero este viernes, la fiscalía general y el Ejército Nacional anunciaron la incautación de 47 nuevos bienes presuntamente poseídos por testaferros de los frentes 44 y 48 de la exguerrilla.

Estos activos, aparentemente adquiridos gracias al dinero del narcotráfico, fueron estimados en más de de 15.000 millones de pesos y se encontrarían repartidos en los departamentos del Amazonas, Cundinamarca, Meta, Risaralda, Putumayo y Valle del Cauca.

En el Amazonas, la investigación comenzó gracias a la denuncia de un combatiente desmovilizado, quien señaló a Édgar Herrera Cardona, Irene Arcila Pantoja, Gladys María Romo Melo, José Armando Tovar Cobo y Guillermo Ruíz León de haber manejado los recursos del narcotráfico para comprar víveres y medicamentos, como integrantes de la comisión de finanzas del frente 48.

Según su testimonio, los investigados también utilizaron la fachada del transporte de madera que operaba en la región para camuflar drogas producidas por la organización que luego llegaron a bodegas de empresas en Bogotá y en el eje Cafetero y sirvieron a la adquisición de bienes ilícitos. Por ese motivo, a estos sujetos les fueron incautados 24 inmuebles urbanos con fines de extinción de dominio.

Durante las negociaciones de paz, la cuestión de lo que iba a suceder con este bloque de guerra asentado cerca de la frontera con Ecuador fue motivo de inquietud hasta que realizaron su tránsito a la zona veredal prevista para ese efecto.

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Otra operación consistió en judicializar a Margarita Gallego Gómez, señalada por guerrilleros desmovilizados de las FARC de haber recibido pagos en efectivo y base de coca para transportar mercancías y remesas por el río Guaviare a través de lanchas y canoas, en colaboración con el frente 44 de la guerrilla. A esta persona se le incautaron bienes por 600 millones de pesos, representados en 5 embarcaciones fluviales, 2 vehículos y un inmueble.