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| 9/5/2004 12:00:00 AM

¿Indiferencia frente al espacio público?

Los comerciantes de la ciudad están organizándose contra la invasión de los vendedores ambulantes. La Alcaldía tiene la palabra.

Una camioneta Ford Explorer azul cargada de ropa de contrabando se estaciona en una calle del centro de Bogotá mientras una romería de vendedores ambulantes espera ansiosamente la llegada de la mercancía. El conductor se detiene en una callejuela cercana a la Plazoleta de San Victorino y en un cuaderno anota el nombre de quien recibe el paquete, no sin antes advertirle que al caer la tarde debe entregar el producido y devolver lo que se quedó sin vender. Son las 9 de la mañana y ya hay un gran movimiento de mercancías en este populoso sector de la ciudad.

A cinco cuadras, en la carrera séptima, cinco vendedores del conocido almacén de ropa Arturo Calle acomodan las camisas, visten las vitrinas y abren las puertas del negocio. Están esperanzados en que las ventas no se les sigan desplomando. De lo contrario corren el riego de quedarse sin trabajo. Al fin y al cabo la reconocida cadena ya ha tenido que cerrar dos locales en el centro de la capital. "En el centro y Chapinero, las ventas se han caído 35 por ciento. Con el espacio público invadido la gente no puede caminar ni se siente segura para comprar. Y aunque esta administración heredó problemas del pasado, el deterioro del espacio público se ha venido agravando", se lamenta el empresario Arturo Calle.

Lo mismo sucede en otros sectores como el 7 de Agosto y Kennedy, donde la situación es cada día más alarmante. Y aunque el fenómeno de las ventas informales está ligado al desempleo y la pobreza, también existen mafias organizadas que reparten mercancías por toda la ciudad, lo que reproduce un negocio ilegal que no les brinda ni seguridad social ni garantías laborales a los vendedores. Parcelan y arriendan el espacio público, trafican con mercancías robadas y de contrabando y amenazan a quien se atreva a denunciarlas.

Una reciente encuesta de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, señala que en el último año sus afiliados han disminuido sus ventas en 28 por ciento. En gran parte, este descenso se debe a la invasión del espacio público. "Pensar que las ventas ambulantes solucionan el desempleo es un espejismo. Con la invasión disminuye el empleo que dan los comerciantes formales y sus aportes al fisco. Esa es una de nuestras grandes preocupaciones", afirma Dionisio Araújo, director ejecutivo de Fenalco Bogotá.

Los primeros en movilizarse contra la competencia desleal de los vendedores ambulantes fueron los comerciantes del barrio Restrepo, uno de los más organizados de la ciudad. El 4 de agosto los comerciantes del sector salieron a la calle para pedirles a las autoridades que reconozcan al barrio como una zona donde el espacio público ya fue restituido y se desaloje a 250 vendedores callejeros. "En los almacenes ubicados en la carrera 19 las ventas han bajado casi a la mitad, hemos optado por despedir gente. Estamos intimidados por mafias y cansados de pelear con los ambulantes", afirma un pequeño comerciante de ropa que lleva 25 años en el barrio. Y aunque el panorama no es alentador, Corinca, la corporación que reúne a los empresarios del cuero y el calzado del sector, propuso costear la construcción de un centro comercial para reubicar a los ambulantes.

En San Victorino, los comerciantes también se organizaron. Tras largas negociaciones y una inversión de 30.000 millones de pesos en infraestructura, indemnizaciones y reubicación de ambulantes, la administración del ex alcalde Enrique Peñalosa recuperó el espacio público del lugar. Hoy, cinco años después, los propietarios de almacenes están desesperados ante el retorno de más de 500 vendedores que tienen invadidas las calles. Por eso, el pasado 18 de agosto más de 700 comerciantes formales se declararon en "rebelión contra la indiferencia" de la administración frente al problema del espacio público. Además, lideraron la convocatoria a una mesa de concertación con las autoridades para lograr acuerdos en los temas de salubridad, movilidad y seguridad. Y esta invitación la hicieron porque sienten que la Alcaldía ha concertado con la informalidad pero no con ellos. "A nosotros ya no nos tienen en cuenta. Y eso que nuestras ventas han bajado 40 por ciento. Entre otras, han aumentado las infecciones respiratorias porque nuestras calles se han convertido en letrinas. ¿Será que nos tocará informalizarnos para que nos indemnicen?", se pregunta Mario Soboyá, líder de la Corporación de Mayoristas del sector.

Como consecuencia de las peticiones de los comerciantes de San Victorino, el pasado miércoles la alcaldía local de Santa Fe hizo un operativo integral con 350 policías y representantes de entidades ambientales y anunció que hará más. En palabras de la alcaldesa local, Jaqueline Niño, "los ambulantes no son culpables de toda la invasión, los vendedores formales y los carros también ocupan el espacio público. Con este operativo demostramos que el espacio público recuperado no es negociable".

Pero más allá de los casos localizados, en la ciudad hay una percepción generalizada de que el espacio público que fue devuelto a la ciudadanía en las dos últimas administraciones está en riesgo. Aceras intransitables, miedo de andar en la calle y disminución de las ventas del comercio formal son algunas de las consecuencias palpables del desorden urbano en lugares como Chapinero, la carrera 13, San Victorino, el centro, la calle 72 y la carrera 15 en el norte de Bogotá.

Los comerciantes aseguran que las autoridades distritales le han dado una mala interpretación a un fallo de la Corte Constitucional que el año pasado reglamentó el manejo que se les debe dar a las ventas ambulantes. Según ellos, escudándose en que la Corte prohibió incautar mercancías legales, la Policía también ha dejado de decomisar los productos piratas. Además, argumentan que con este fallo la Corte nunca puso en duda que el derecho al trabajo es inviolable, siempre y cuando no afecte bienes colectivos como el espacio público.

Los operativos aislados sólo terminan endureciendo las partes y exacerban los ánimos de venganza entre las partes en conflicto. Por eso, después de la protesta de los comerciantes formales en algunos sectores de la ciudad, se espera que las acciones que empezó a realizar la Alcaldía Mayor en San Victorino sean la punta de lanza de una política integral y sostenible en toda la ciudad. Y a esto se comprometió la administración: "Seguiremos realizando operativos integrales y desarrollando el Plan Presencia, buscando la formalización de los informales. Acciones como las de San Victorino no serán flor de un día", asegura Juan Manuel Ospina, secretario de Gobierno de la ciudad.

Otro factor que no ha permitido establecer una línea de acción concreta sobre el tema ha sido la demora de la administración en promulgar el Plan Maestro de espacio Público. El alcalde Garzón le anunció a la ciudad que lo entregaría a mediados de año. Ahora, el defensor del Espacio público, Germán Darío Rodríguez, afirma que estará listo próximamente: "Según el Plan de Ordenamiento Territorial, el espacio público es susceptible de usarse de manera ordenada. En ese sentido el alcalde Garzón entregará el Plan Maestro en septiembre".

Se espera que con este mapa de acción la ciudad no sólo evite la invasión de aquellos espacios recuperados sino que además recupere los más de ocho millones de metros cuadrados de andenes y plazas que le quedan por conquistar. Sólo así se podrá evitar el riesgo de perder el espacio colectivo que ya se les arrebató a los vehículos, a las casetas y a los propietarios de las pequeñas mafias.

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