NACIÓN
Inpec debe asignar nuevas categorías por nivel de contagio de covid 19 en cárceles colombianas
Desde el pasado 4 de febrero, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario no ha publicado el reporte de contagios por coronavirus.
El pasado 11 de febrero la Corte Constitucional le ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que diseñe e implemente una nueva categorización en los centros carcelarios de todo el país partiendo del riesgo de contagios o del número de casos activos por SARS-CoV-2 que tienen estos lugares.
La implementación de esta orden debe ser llevada a cabo por el Inpec en un plazo máximo de 30 días tras haber recibido la notificación de esta providencia. Además, el Instituto debe poner en marcha la categorización teniendo en cuenta la identificación de los centros carcelarios y penitenciarios de Colombia, según un nivel de seguimiento preventivo, inicial, medio y alto, los cuales guardan relación directa con la situación de vulnerabilidad o afectación de la población de estos lugares a raíz de la pandemia.
La Corte también ordenó al Inpec que una vez dé cumplimiento a lo solicitado, debe poner en marcha una estrategia para actualizar la categorización de la cantidad de personas –tanto reclusos como funcionarios– que contrajeron la covid-19 en los establecimientos semanalmente y que brinde garantías a los órganos de control y de la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil para que puedan acceder a la base de datos que se compile.
Es de recalcar que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario venía emitiendo reportes mensuales sobre el número de contagios al interior de la institución; no obstante, desde el pasado 4 de febrero, no ha publicado el reporte de contagios por coronavirus.
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Es de amplio conocimiento que el coronavirus tiene en alerta máxima a las autoridades sanitarias tanto en Colombia como en el mundo. De hecho, en la medida que ha ido evolucionando el coronavirus, se han adoptado medidas para evitar la propagación del mismo, como el uso debido del tapabocas y la aplicación de antibacterial, entre otras medidas.
Atendiendo a lo anterior, la Corte Constitucional le ordenó al Inpec que lleve a cabo los ajustes correspondientes para implementar los protocolos de prevención y atención del la emergencia sanitaria al interior de los centros penitenciarios y carcelarios una vez culmine con las dos órdenes impartidas con anterioridad.
La Corte Constitucional explicó que se debe hacer una categorización atendiendo al nivel del seguimiento preventivo, y de paso aclaró que seguramente estos números empezarán a fluctuar, por lo que la recategorización variará.
Estas medidas fueron tomadas en el marco del Auto 486 de 2020 y señala que fueron tomadas con el propósito de proteger los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad en el marco de la pandemia que atraviesa el país derivada del SARS-CoV-2, a propósito del seguimiento a las Sentencias T388 de 2013 y T-762 de 2015.
Es importante recordar que el pasado 9 de febrero la Contraloría General de la República evidenció 223 hallazgos administrativos en el Inpec y en la Unidad Especial de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec). En el caso del primero, el ente de control afirmó haber encontrado 131 hallazgos administrativos en total, 45 de ellos tienen presunta incidencia disciplinaria, 15 son de carácter fiscal y uno es de connotación penal. En la Uspec se evidenciaron los 22 hallazgos restantes.
La Contraloría determinó también que el sistema de salud carcelario “no respondió de manera oportuna, adecuada y suficiente para mitigar los efectos de la pandemia de la covid-19. Adicionalmente, la ejecución del presupuesto del Inpec, como consecuencia de esta situación, fue relativamente baja”.
Es de recordar que la emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2 fue declarada el 12 de marzo de 2020 y pronto el coronavirus se propagó hasta llegar a la Cárcel de Villavicencio, una de las más golpeadas por esta enfermedad.
“Los primeros casos se presentaron en la Cárcel de Villavicencio en la primera semana de abril y las muestras iniciales se tomaron el 27 de marzo, cuando la enfermedad ya había avanzado en varios recintos del país”, señaló la Contraloría. Para el ente de control, la toma de 22.841 muestras fue notoriamente reducida frente a la población en los centros carcelarios y penitenciarios del país que, según los cálculos, de marzo a agosto, se ubicó en un promedio de 111.192 internos. “Ello significa que cerca del 79,5 % de la población reclusa permanece sin toma de muestras”, recalcó la Contraloría.
