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| 11/6/1995 12:00:00 AM

INTELIGENCIA POR LEY

Mediante un proyecto de ley el gobierno pretende ponerle cabeza a las labores de inteligencia de los organismos del Estado.

INTELIGENCIA POR LEY INTELIGENCIA POR LEY
TODOS LOS MIERCOLES, EN la sede del Ministerio de Defensa Nacional, se reúne con gran sigilo la Junta de Inteligencia Nacional -JIN-. Allí, en medio de grandes medidas de seguridad, sesionan durante varias horas los jefes de inteligencia del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Policía y el DAS. En teoría, del análisis que realicen estos cinco expertos deberían desprenderse acciones concretas para contrarrestar las acciones de los enemigos del Estado.
No obstante, fuentes del Ministerio de Defensa reconocen que las reuniones semanales de la JIN no producen los resultados que se esperan porque salen a flote celos institucionales que impiden que los miembros de la Junta conozcan plenamente la información de inteligencia que procesa cada organismo. "Es muy sencillo. El director de inteligencia de cualquiera de ellos, llámese Policía, DAS o Ejército, se guarda unos ases bajo la manga, porque si tiene entre manos una operación grande pues no va a querer compartir el éxito con los demás", le dijo a SEMANA una fuente oficial. En otros casos, la desconfianza entre ellos hace que en el seno de la JIN se aborden temas de poca importancia.
Consciente de tal situación, Ramiro Bejarano decidió poner en marcha un proyecto que tiene en la cabeza desde que le aceptó al presidente Ernesto Samper la dirección general del DAS: la creación de una gran central de inteligencia que coordine todas las labores de recolección y procesamiento de información para combatir la delincuencia en sus diferentes modalidades. En tal sentido el director del DAS presentará un proyecto de ley que pretende regular las labores de inteligencia que desarrollan en el país los distintos organismos de seguridad de manera aislada y, en ocasiones, hasta compitiendo entre ellos mismos.
La falta de coordinación y precisión en estas labores quedó al descubierto en un estudio que la Procuraduría General de la Nación realizó en 1993, en el que estableció que el 92 por ciento de las operaciones desplegadas para perseguir a Pablo Escobar fallaron debido a errores de inteligencia producidos por la falta de evaluación de los datos. "Como si fuera poco, la calidad de la información obtenida era tan pobre que costaba más la verificación de los datos que la obtención de los mismos. Además, era notorio que las autoridades salían a buscar a Escobar sin que en la mayoría de los casos supieran para dónde iban", declaró una fuente consultada por SEMANA.
El proyecto persigue básicamente tres objetivos: definir los fundamentos de las actividades de inteligencia del Estado, crear el sistema nacional de inteligencia y regular la función de los agentes encubiertos, así como la de los informantes y colaboradores.
La piedra angular del proyecto es establecer la práctica de las labores de inteligencia como una actividad sistemática en lugar de que se desarrolle cíclicamente, como hasta ahora, según la crisis del momento, sin seguir orientaciones ni directrices concretas. En este aspecto el decreto pretende delegar el señalamiento de unas políticas generales en el sistema nacional de inteligencia, que agruparía a todas las agencias de inteligencia del Estado. Además la norma establecería canales de comunicación entre los diversos organismos para desarrollar un trabajo integral y de cooperación contra los delincuentes, para evitar que se repitan fallas como las denunciadas por la Procuraduría en el informe citado.
Otro de los puntos primordiales que desarrollaría el consejo nacional de inteligencia tiene que ver con la creaciòn de un archivo ùnico criminalístico, el cual contendría toda la información disponible sobre delincuentes y actividades marginadas de la ley, que le pueda ser útil a cualquiera de los organismos de seguridad del Estado para prevenir o castigar la comisión de delitos. Otra novedad que incluye el proyecto está relacionada con la institucionalización de los agentes encubiertos. La idea es tomar la ofensiva en la lucha contra las organizaciones de delincuentes, infiltrándolas y obteniendo información que pueda ser aprovechada por las autoridades. El proyecto prevé inclusive el cambio de identidad para estos agentes y estipula muy claramente sus alcances y limitaciones.
En conjunto, el propósito de esta nueva ley es elevar el nivel de la labor de inteligencia para hacerla verdaderamente profesional, con el fin de que supere la calidad de murmullo que algunos, no sin razón, le atribuyen. Pero, más importante que esto, es tratar que los organismos de seguridad, mediante una acción coordinada, dirijan sus esfuerzos en una misma dirección de modo que puedan obtener información verdaderamente útil a la hora de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos.

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