El pacto de Pasto

La foto de reseña de un expresidente de la Corte Suprema de Justicia al quedar recluido en La Picota testimonia la peor crisis de la Justicia colombiana. Esta semana la agitación fue enorme: el magistrado Gustavo Malo, atornillado; Gustavo Moreno, prendiendo el ventilador; y Musa Besaile, prófugo. En medio de ese caos surgió la idea de un pacto nacional que propone, por tercera vez en este gobierno, reformar la Justicia. 

Si bien es cierto que es una idea repetida, salir a reaccionar con las vísceras y a desprestigiar las instituciones, como señaló en su intervención el presidente Juan Manuel Santos, no soluciona el problema. A diferencia de otras oportunidades, esta vez existe un contexto que motiva ese clamor.

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Esta semana, los magistrados de todas las cortes se reunieron en Pasto para buscar soluciones finales a ese problema, y todos firmaron un pacto nacional. En el documento aseguran que están indignados ante los hechos de corrupción en la Justicia y que respaldan las investigaciones al respecto. Todos se pusieron de acuerdo con los siguientes puntos esenciales de la reforma: 1. Revisar las facultades electorales de las Altas Cortes. 2. Impulsar un modelo para la investigación y el juzgamiento de los aforados. 3. Aumentar los requisitos para ser magistrado. 4. Ajustar la administración del gobierno de la rama judicial. 5. Establecer requisitos más duros para ser abogados. 

Emprender una reforma con el agua al cuello al menos deja ver una ventaja: que hay voluntad política. En el pasado las zancadillas vinieron desde la propia rama judicial. Cuando se debatió la reforma del equilibrio de poderes, el entonces presidente de la Corte Suprema, Leonidas Bustos, fue uno de los principales opositores. “A quién se le ocurre decir que los magistrados no tienen ni Dios ni ley”, dijo en su momento. 

Por lo pronto, la propuesta realizada en San Juan de Pasto se convierte en una alternativa que le podría hacer contrapeso a una asamblea nacional constituyente. Esta ha sido una de las propuestas que han venido ganando peso frente a la sinsalida de la Justicia. Pero algunos sectores importantes del país consideran que esto representaría un verdadero salto al vacío.

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El hecho de que los presidentes de las Altas Cortes, el fiscal general, el procurador y el presidente del Congreso busquen juntos reformar a la Justicia tiene un simbolismo importante. Pero no necesariamente garantizaría su aprobación y su éxito. Entre otras cosas porque el Congreso está ad portas de renovarse en las elecciones de 2018 y muchos de sus miembros comienzan a priorizar su campaña por encima de las leyes pendientes por aprobar. A eso se suma que existe un paquete muy importante pendiente, entre el cual están las leyes de la Jurisdicción Especial para la Paz, que cada vez se ven más enredadas. 

Por ahora no se ha definido el mecanismo por el cual esta nueva estructura llegue a la Constitución, sin embargo, las baterías están enfiladas para hacerlo a través de las vías del Congreso, lo cual tomaría ocho debates y dos legislaturas. Así que este intento, en el que la sociedad civil también debería asumir un papel más activo que nunca, no será nada fácil. 

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En la primera reforma a la Justicia de Santos, los micos que se colaron en el articulado terminaron siendo tan inconvenientes que el gobierno decidió mejor echarle tierra. A la reforma del equilibrio de poderes no le fue mejor, y la Corte Constitucional sepultó sus puntos estructurales con un fallo. Paradójicamente, en este nuevo intento, el propio presidente de la Corte Constitucional, Luis Guillermo Guerrero, liderará los debates para construir los cambios que necesita la Justicia. Como van las cosas, y es conveniente que así sea, la nueva reforma debe cursar sin prisa, pero sin pausa. Los intentos se agotan y la tercera podría ser la vencida.