InterBolsa: la caja de Pandora

En la historia de la debacle de InterBolsa, el Fondo Premium ha sido el capítulo más truculento y misterioso. No ha sido fácil escudriñar en su totalidad esta compleja estructura financiera de inversión creada en Curazao –Antillas Holandeses– y que representaba y promocionaba en Colombia la comisionista InterBolsa, hoy en liquidación.

Hace cinco meses, cuando estalló este escándalo financiero se presagiaba que el Fondo Premium podría ser la  caja de Pandora de esta quiebra y con los días se ha ido confirmando el hecho. La semana pasada se conoció que la Superintendencia Financiera está investigando una posible captación ilegal, a través de varias  empresas vinculadas con este Fondo y que comprometerían a varios de los protagonistas de esta historia: Tomás Jaramillo, Juan Carlos Ortiz y Víctor Maldonado.

Las pruebas apuntan hacia Valores Incorporados y Rentafolio Bursátil y Financiero, dos compañías a través de las cuales entraban al país los recursos del sonado Fondo Premium. También hay serias sospechas de operaciones no autorizadas en una tercera empresa, de la que poco se ha hablado. Se trata de la Compañía Colombiana de Capitales (Kapital S.A.) creada por Tomás Jaramillo Botero y Juan Carlos Ortiz. Se sabe que en los últimos días los socios de esta empresa están liquidándola y nombraron para el efecto a la abogada Diana Gutiérrez.

La investigación que adelanta la Superintendencia Financiera ha llevado a detectar, en principio, que algunos de los recursos que la firma comisionistas InterBolsa –que actuaba como corresponsal de Premium–, conseguía entre sus clientes en Colombia no salían del país. 

En varios casos, las platas se direccionaban a otras compañías como Valores Incorporados, Rentafolio Bursátil y la Compañía Colombiana de Capitales. Estas, a su vez, le prestaban esos recursos a otras empresas y personas vinculadas con InterBolsa. Cabe resaltar que quien incurre en la falta por captación ilegal es la empresa receptora de los recursos y no la intermediaria.

Los estudios forenses que contrató el abogado Jaime Granados –apoderado de los inversionistas en Colombia– para rastrear los dineros invertidos en este Fondo, podrían llegar a la misma conclusión de la Superfinanciera. Esta semana Granados los entregará a la Fiscalía, lo cual ayudará a esclarecer si hubo captación ilegal en este caso.

Ahora bien, de confirmarse que hubo operaciones no autorizadas, Granados se apartaría del caso. Este lunes está prevista una conversación entre el abogado colombiano y Eric Andersen, director de Eclipse Management B.V. quien a la vez actúa en calidad de director del Fondo Premium Apreciation Fund en Curazao, para determinar el futuro de este caso.

Para acabar de completar todo este enredo alrededor de Premium, el pasado jueves, Nelson Amaya Correa, gerente del Fondo Premium y quien estaba a cargo del desmonte del mismo, renunció a su cargo. La decisión fue tan sorpresiva como la orden que impartió Andersen desde Curazao, quien informó que la empresa norteamericana Edex Recovery Solutions ejercerá en adelante las funciones de gerente y proseguirá con el proceso de monetización de los activos y la cancelación de los pasivos del Fondo.

A Amaya no le quedó otra opción que renunciar. Pero en su carta anotó que “las investigaciones sobre captación ilegal y operaciones no autorizadas, iniciadas en contra de las filiales colombianas por parte de la Superintendencia Financiera…reflejan el riesgo permanente asociado al ejercicio de la representación legal de las sociedades con el grado de informalidad, anarquía gerencial y ausencia de reglas claras de la administración previa que la caracterizó”. Amaya actuaba también como representante legal de Valores Incorporados y Rentafolio Bursátil, posición a la que renunció también ante la Cámara de Comercio de Bogotá.

Mientras saltan las sorpresas de esta caja de pandora, muchos de los inversionistas del Fondo Premium de Curazao –unos 1.260– siguen en total incertidumbre. Cada vez ven más lejana la posibilidad de recuperar algo del dinero invertido.

A comienzos de año, la Superintendencia de Sociedades sometió a control a las empresas Valores Incorporados y Rentafolio Bursátil, en donde está buena parte de la plata embolatada. 

Después de escudriñar en estas sociedades, se detectó que muchas inversiones estaban representadas en acciones (de Fabricato, Coltejer, InterBolsa y Bolsa Mercantil de Colombia) y en préstamos, algunos con pagarés, pero no todos respaldados. 

Entre los receptores de los créditos está el italiano Alessandro Corridori y su empresa Invertácticas (la Supersociedades ordenó su liquidación) con cerca de 40.000 millones de pesos. Pero también hay créditos a empresas de Víctor Maldonado (accionista de InterBolsa) como Tres Palmas, Helados Modernos y Malta S.A. Lo que hasta el momento se ha encontrado es que hay varios millones de dólares en préstamos que están calificados como de dudoso recaudo. Aunque no hay una suma oficial de a cuánto podría ascender, algunos calculan que supera los 60 millones de dólares.

La mala noticia es que no será fácil recuperar estas platas. En un principio se pensó que las personas que recibieron estos dineros en préstamos, directa o indirectamente a través de sus empresas,  responderían a los inversionistas de Premium, pero ahora eso no está tan claro.

Hay preocupación no solo entre los abogados, sino en las autoridades porque algunas de estas personas podrían estar vendiendo sus bienes, dificultando la recuperación de la plata de los inversionistas. Fuentes que pidieron no ser reveladas le informaron a esta revista que a la cadena de comidas Archie’s –empresa de Víctor Maldonado– le están buscando comprador, e igualmente a Datexco donde también es socio Tomás Jaramillo. Otras personas informaron que Juan Carlos Ortiz está vendiendo parte de su portafolio de bienes inmuebles.

El problema, explicó la misma fuente, es que estos negocios se tendrían que reversar en el caso de que las autoridades lleguen a concluir que hubo captación ilegal, pues tendrían que responder con sus patrimonios. En la eventualidad de que se confirme una posible captación ilegal, se procedería a lo que técnicamente se conoce como la fusión de los patrimonios de todas las compañías involucradas y de sus accionistas.

En medio de la incertidumbre por la recuperación de los dineros de los inversionistas de Premium, el abogado Sergio Rodríguez Azuero –apoderado de unos 150 damnificados– expresó su preocupación por el manejo que le han dado las autoridades en Colombia a este caso. 

En particular, expresó su extrañeza por la petición que hizo el superintendente de Sociedades Luis Guillermo Vélez al director de Supervisión de Curazao, en el sentido de estudiar la posibilidad de decretar  la apertura de un proceso de insolvencia (bancarrota o liquidación) de Premium Capital Apreciation Fund (PCAF). Esto con el ánimo de facilitar las tareas que se adelantan para recuperar los dineros de los inversionistas colombianos en ese vehículo de Curazao. 

Rodríguez considera que, dado que las operaciones de captación masiva se hacían fundamentalmente en Colombia, la solución del problema debe darse acá y no fuera del país. Su preocupación se extiende al hecho de que no se hayan removido de sus cargos a los administradores de Valores Incorporados y Rentafolio Bursátil y Financiero. Sobre este tema, la Supersociedades en su momento afirmó que ni un dedo se movería en esas compañías sin autorización de la entidad. 

Pero ante los serios indicios encontrados de captación ilegal, la Superintendencia probablemente pondrá nuevos administradores esta semana. Como se ve, el caso InterBolsa está tomando un viraje cada vez más complejo. Y en los próximos días seguramente saltarán más sorpresas.