Los cinco hoteles que le incumplen a las Islas del Rosario

Una investigación de la Contraloría General de la República reveló una situación que deja muy mal parados a quienes disfrutan hoy económicamente de las Islas del Rosario. Ese enorme patrimonio ecológico de los colombianos no puede ser propiedad de nadie, pero por años, un grupo de particulares han tenido la posibilidad de administrar esos terrenos (considerados para el Estado como baldíos) a cambio de una suma muy baja de arriendo mensual al Estado. 

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La Contraloría investigó si esos pagos efectivamente se han hecho y esta semana hizo públicos sus hallazgos. La auditoria de esa entidad se hizo sobre la Agencia Nacional de Tierras, que es la encargada de verificar esos pagos. En uno de los hallazgos se determinó, por ejemplo, que los arriendos no pagados en 2018 pueden superar los 1.920 millones de pesos. Al 31 de diciembre de 2018, la cartera llevaba más de 90 días y había personas que tenían hasta 8,5 años de morosidad. Los resultados de esta investigación pueden tener consecuencias disciplinarias e incluso penales.

En esa lista de deudores se destacaron especialmente algunos hoteles que deben sumas muy altas, teniendo en cuenta que los cánones de arrendamiento son bajos. En esa categoria los principales deudores son: Isla el Arca de Noe ($586 millones), Isla del Pirata ($328 millones), Hotel Isla Media Naranja ($278 millones), Hotel Kokomo ($261 millones) y Casablanca ($122 millones).

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Los arriendos han sido un problema de vieja data en estas islas. Por años se ha cuestionado que el Estado autorice a particulares a desarrollar negocios en ese refugio natural, sin mayores controles. Lo que sucede se explica en un tema jurídico. Cuando Colombia consagró ese territorio como parque nacional solo contempló el área marina y no la terrestre. Esto hace que las reglas de esa figura de protección no se extiendan a las islas. 

En el pasado, el ex superintendente de notariado, Jorge Enrique Vélez, había emprendido una batalla legal para lograr que estos tenedores cumplieran con las obligaciones que les impone el Estado. En ese momento, el funcionario explicó que apenas la mitad de quienes tenían este privilegio pagaban los canones.