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Así fue la polémica diligencia de la Fiscalía en casa de Pizano

SEMANA tuvo acceso a la frustrada audiencia en la que se trataron de legalizar los elementos hallados en la casa donde murieron el testigo Jorge Enrique Pizano y su hijo Alejandro. ¿Qué se encontró realmente allí y por qué un juez se negó a admitir esas evidencias?

Un equipo de al menos 20 funcionarios de la Fiscalía llegó el sábado 17 de noviembre a la casa finca de Jorge Enrique Pizano. Había topógrafos, fotógrafos, ingenieros de sistemas e investigadores del CTI, liderados por una fiscal. El grupo tenía acompañamiento de dos procuradores y en la casa fueron recibidos por cinco integrantes de la familia en duelo. La esposa e hijas de Jorge Enrique Pizano estaban allí. El 8 de noviembre la esposa de Pizano encontró a su marido tendido en el piso del baño sin signos vitales. El dictamen médico señalaría que había sufrido un paro cardiaco letal. Y apenas tres días después, en la misma casa, Alejandro Pizano cayó fulminado tras beber un par de sorbos de una botella de agua saborizada que encontró en el estudio de su padre.

A pesar de todo el dolor, la familia tuvo a bien prestar toda la colaboración posible a la Fiscalía a fin de de esclarecer las circunstancias de los decesos. La comitiva de investigadores se dividió en dos grupos para hacer un completo barrido en la casa principal, de cuatro niveles, y en otras construcciones aledañas a esta y que hacen parte de la finca: el alojamiento del mayordomo, una bodega y una perrera. Según la Fiscalía, se trató de “una inspección voluntaria en el predio Finca El Ático, del municipio de Subachoque, con el fin de recolectar elementos de interés para el esclarecimiento de los hechos”. Y los hechos materia de investigación eran la muerte violenta de Alejandro Pizano, pues Medicina Legal estableció que el líquido que bebió contenía cianuro.

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Tras varias horas la Fiscalía logró recopilar toda una galería de elementos de gran interés: en la cocina, sobre un estante de metal, se halló un frasco de plástico transparente con una sustancia pulverulenta de color blanco. Sobre un sofá los investigadores observaron varias prendas de vestir pero, lo que llamó la atención, fue un pastillero con compartimentos para siete días en el que había píldoras “de diferente tonalidad y diámetro”. En la habitación principal apareció una caja “de tamaño grande” con 16 CDS y DVDs marcados. También dos plásticos  con líquido y bolsas que contenían algo que nuevamente fue definido como sustancia pulverulenta”. También hallaron el medicamento Serosa PM1, y cerca de este un teléfono Black Berry, dos PC portátiles, una CPU, una USB y un disco duro. En otra estancia entraron otro PC portátil, un iPad y un portátil sin marca a la vista. Así mismo varios frascos de medicamento homeopático, un frasco “transparente” con varias pastillas no identificadas, tres botellas plásticas, y otro medicamento identificado como Moltoven fluorcetina. En un cajón aparecieron  11 folios al parecer anexos a la historia clínica de Jorge Enrique Pizano, una pastilla “de color salmón”, otro PC portátil, dos cápsulas “de color blanco azul”, un celular Black Berry. Y en el baño contiguo a la habitación que ocupaba el padre muerto un investigador encontró un tarro plástico con tapa de color rojo y con etiquetas donde se leía: “Cianuro de potasio”.

En total la Fiscalía recaudó 17 elementos, pero el último hallazgo, el del tarro de cianuro, obligó a que se solicitara la presencia de dos equipos especializados para recabar ADN y huellas en el baño y en el tarro mismo. El equipo de genética y lofoscopia solo pudo acudir al lugar al siguiente día, domingo, a las cinco de la mañana. Para entonces la familia Pizano ya se había marchado.  Habían manifestado “estar agotados emocionalmente”,  por lo que solicitaron poder retirarse. Y así lo hicieron.

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En la diligencia siete personas rindieron declaración jurada, entre estos los dolientes presentes y los cuidadores de la finca. Uno de los familiares mencionó que Pizano padre había sufrido una cortada leve mientras  se afeitaba la mañana en que murió. Y también señalaron que, tras conocerse la muerte del jefe de la familia, habían encomendado a una mujer el aseo de la casa. Un par de investigadores quedaron encargados de buscar a esa mujer. Entre tanto, todos los elementos hallados fueron trasladados o a los laboratorios de Medicina Legal o a las oficinas de la Fiscalía dentro de cadena de custodia.

¿Fue un allanamiento o una inspección?

La gran sorpresa para la Fiscalía vino el pasado viernes cuando la fiscal a cargo acudió ante el juez de garantías del municipio de El Rosal para legalizar todo el cúmulo de evidencias. La funcionaria hizo una detallada exposición de la diligencia realizada y aseguró que el grupo de exploración genética le había rendido un informe de nueve folios sobre la inspección en el baño donde fue hallado el cianuro y que lo propio hizo el equipo de lofoscopia cuyo informe ocupaba cuatro folios.

La fiscal agregó que el jueves (22 de noviembre) a las 6:36 de la tarde recibió el informe de Medicina Legal sobre el análisis de tarro de cianuro y que tras esto, al siguiente día, dentro de las 36 horas de ley acudía para solicitar un control de legalidad a la evidencia recaudada: Para mí no han pasado más de las horas que establece la ley para acudir ante un juez de control de garantías y solicitar un control posterior. Si bien, su señoría, este informe y del resto de elementos que son base para esta investigación se encuentran con órdenes para cada uno de los laboratorios pertinentes a fin de extraer lo íntimamente necesario sin violar el derecho a la intimidad de quienes los aportaron, explicó la fiscal al juez.

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Pero contraria a esa postura la Procuraduría objetó la pretensión de impartir legalidad sobre los elementos. La procuradora a cargo argumentó, por un lado, que aunque la fiscal insistía en que los elementos recaudados fueron aportados de forma voluntaria por la familia en el sumario solo existía un acta con relación a un teléfono iPhone el cual fue aportado por la señora Inés Elvira Ponce de León, viuda de Jorge Enrique Pizano. Sobre los demás elementos no hay acta alguna de consentimiento”, dijo la representante del Ministerio Público. Y luego pasó a señalar un punto aún más de fondo. La procuradora pidió al juez no legalizar los elementos presentados porque el tiempo de las 36 horas había caducado y la Fiscalía solo casi una semana después acudió al juez para dar cuenta de estos. Señor juez –argumentó la procuradora– hay normas y requisitos y la Fiscalía no puede tomarse un tiempo indeterminado para legalizar los elementos, ese plazo máximo son 36 horas tras concluir la diligencia de allanamiento. La Fiscalía falló pues los elementos no fueron presentados en el plazo y por tanto deben ser declarados inexistentes”.  

El juez, en su veredicto, argumentó que la postura de la Procuraduría era la correcta y en consecuencia se abstuvo de impartir legalidad sobre los elementos. A su turno la Fiscalía, tras solicitar un receso para analizar la situación, formuló recurso de apelación para que el superior del juez revise la determinación. La Fiscalía insistió en que la diligencia realizada fue una “inspección al lugar” y que allí los dolientes aportaron voluntariamente los elementos en cuestión. Bajo esa lógica, sostuvo la Fiscalía, el juez se equivoca al comprender la diligencia como un allanamiento el cual sí impone la obligación de que en máximo 36 horas se legalicen los elementos.

El revés para la Fiscalía obligó a que de momento los computadores y demás dispositivos fueran devuelto a la familia Pizano. “Ellos están dispuestos a volverlos a aportar cuando sea necesario”, explicó luego el fiscal coordinador Luis González León, quien agregó que el CTI y la Fiscalía vienen desarrollando una investigación seria y muy profesional. El juez consideró que fue un allanamiento y la Fiscalía lo entiende como una inspección que no tiene control obligatorio posterior. Esperemos que se resuelvan los recursos, no nos adelantemos”.

La Fiscalía salió también al paso de los cuestionamientos por haber tomado los computadores y celulares de Jorge Enrique Pizano pues en estos estaría el cúmulo de evidencias con que el ex ‘controller`de la Ruta del Sol dejó probado que dio aviso desde 2015 al entonces abogado y hoy fiscal general, Néstor Humberto Martínez, sobre la feria de contratos irregulares que se estaban presentando en el negocio. Según el fiscal González los computadores y celulares fueron tomados para buscar si en estos había rastros de la palabra “cianuro” dentro de las búsquedas hechas por Intenet a fin de encontrar más indicios sobre la forma en que el letal elemento llegó a casa de los Pizano, lo que a la postre significó la muerte del joven Alejandro al beber un par de sorbos de agua saborizada que tenía cianuro y la cual encontró en el estudio de su padre.

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Como se sabe, los análisis científicos de Medicina Legal establecieron hace unos días que el tarro con cianuro hallado en casa tenía las huellas de Jorge Enrique Pizano. Y ayer el doctor Carlos Valdés, director del instituto de ciencias forenses, informó por una parte, que también la botella de la que bebió Alejandro tenía ADN del desaparecido padre Jorge Enrique Pizano, y por otra parte reveló que la traza de sangre de este (encontrada en una toalla que Pizano usó al afeitarse momentos antes de morir) permitió confirmar que el jefe de la familia murió a consecuencia de un infarto sin que se hallara ningún rastro de cianuro. Con ese hallazgo, aseguró el fiscal González, se puede establecer que “tras la muerte de Jorge Enrique Pizano no hay manos criminales”.

La gran pregunta ahora es hacia dónde avanzará la investigación por la muerte por envenenamiento de Alejandro Pizano, y qué hará la Fiscalía si la segunda instancia judicial confirma la determinación del juez de El Rosal respecto a que cometió un grave error al no legalizar oportunamente las evidencias recopiladas en el caso de los Pizano. La truculenta y trágica historia está aún lejos de terminar.