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| 9/30/2014 10:00:00 PM

Investigan a alcaldes por deprimir a sus trabajadores

La Procuraduría llamó a juicio al alcalde de Santa Rosa de Osos y a su antecesor, quienes podrían recibir un duro castigo.

Investigan a alcaldes por deprimir a sus trabajadores La Procuraduría consideró las faltas de los mandatarios como gravísimas, y cometidas con dolo y culpa. Foto: Archivo SEMANA
Un caso de acoso laboral ocurrido en el municipio antioqueño de Santa Rosa de Osos llegó a proporciones insospechadas. En principio parece un chiste, pero tiene contra las cuerdas al exalcalde y al alcalde actual del municipio por provocar ‘ansiedad’ y ‘depresión’ en sus trabajadores.
 
La historia es así: La Procuraduría llamó a juicio a Carlos Mario Medina Rojas y Francisco Jair Palacio Lopera, en sus condiciones de exalcalde y actual mandatario del municipio, por “entorpecer el normal desarrollo de las funciones de seis trabajadores sindicalizados, quienes tras presentar altos niveles de ansiedad se vieron obligados a presentar su renuncia”, señala el pliego de cargos.
 
¿Por qué? Porque el municipio subastó la maquinaria que empleaban estos servidores a finales  del 2010. Según la investigación disciplinaria, los mandatarios los privaron de los instrumentos requeridos para la labor que desempeñaban. Los funcionarios estuvieron literalmente parados durante dos años y fueron blanco de las críticas de la comunidad.
 
De acuerdo con el auto de cargos proferido por la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá, dicha situación les causó “altos niveles de ansiedad e incluso depresión, como lo indicó el informe técnico realizado por un experto forense en siquiatría”.
 
El Ministerio Público señaló que si bien los funcionarios no buscaron realizar otros trabajos, el municipio tampoco se preocupó de darles nuevas asignaciones.
 
Aunque parezca una comedia, la Procuraduría consideró que las faltas de los mandatarios involucrados son consideradas gravísimas y cometidas con dolo y culpa grave. Según el ente de control, se dio una actitud omisiva e injustificada, pues dieron un trato injusto y discriminatorio a ese grupo de funcionarios. Tan complicada es la situación, que dichos alcaldes están expuestos a la destitución y la inhabilidad para ejercer cargos públicos entre 10 y 20 años.
 
Igualmente la Procuraduría envió copias a la Contraloría para que investigue si se configuró detrimento patrimonial en ese municipio antioqueño.

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