Iván Cepeda denuncia irregularidades en el censo electoral

En un debate de control político en la Comisión Segunda del Senado, Iván Cepeda, del Polo Democrático, denunció que el censo electoral tiene unas 2,5 millones de personas que estarían habilitadas para votar, mientras que los registros del DANE muestran otras cifras.

Cepeda señala que, por las inconsistencias, la solución sería volver a armar el censo electoral casi que en su totalidad y que estas cifras son la versión más conservadora, porque el panorama podría ser peor.

“El censo electoral de Colombia no guarda una relación lógica con la realidad poblacional del país. Actualmente podemos afirmar que el censo electoral de 2018 contaría, y quiero subrayar esto, por lo menos con 2 millones y medio de cédulas que no deberían figurar en el mismo censo. Repito, hay 2 millones y medio de cédulas que crearían, según lo que hemos investigado, una especie de inflación en el censo electoral”, advirtió el parlamentario.

Señaló que, según fuentes oficiales de donde obtuvo la información, tanto de la Contraloría como de la Registraduría, hay cerca de 8 millones de inconsistencias detectadas en las cédulas que forman parte del censo electoral, especialmente para 2018. Y que por eso los procesos electorales desde ese año habrían presentado irregularidades, entre ellos la Consulta Anticorrupción, la cual obtuvo más de 11 millones de votos y le faltaron menos de 500 mil votos para prosperar.

Sobre este tema, la hipótesis de Cepeda es que si se tomara el censo real que cuenta con 33.743.169 personas, el umbral habría sido de 11.247.723 personas. En esa ocasión se obtuvieron 11.674.951 votos, por lo que para el congresista esta debió haber sido aprobada.

En la denuncia, el senador del Polo dice que en los documentos que conoció una de las inconsistencias es que en febrero de 2019 funcionarios de la Registraduría denunciaron que 7.322.104 cédulas no tenían información con respecto a la fecha de nacimiento en el Archivo Nacional de Identificación (ANI) y que en la carta se pidió que se adelantaran acciones para corregir estos hallazgos.

Otra de los llamados de atención fue con respecto a las diferencias entre el censo electoral y el censo poblacional. Para la Registraduría estaría en 36.421.026, mientras que para el DANE sería de 34.892.231 personas mayores de edad, es decir, las que podrían ejercer el voto.

“O sea que en el dato del censo electoral y el censo del DANE había una diferencia de 701.160 cédulas para 2018. Aquí ya hay un primer desfase que es importante que se tome en cuenta”, dijo Cepeda.

Aclaró que se tendrían que descontar los condenados y miembros de la fuerza pública, que son 788.236; las cédulas canceladas por irregularidades, 313.035; las no renovadas, 763.545; las que no se encuentran en el Archivo Nacional y personas mayores de 100 años fallecidas, 105.715, para un total de 33.743.169, a diferencia de los 36 millones y medio de la Registraduría.

Dijo que, según un documento de la Registraduría, del total de cédulas que se encuentran en el censo electoral, 6.166 no están en la base de datos del Archivo Nacional de Identificación. Y que existían 38.258 cédulas que no estaban vigentes. “También debieron haber sido descontadas”, señaló Cepeda.

El senador comentó también que en varias ocasiones se ha denunciado que se estarían usando identificaciones de personas fallecidas. “Comprobamos que las mismas cédulas de personas fallecidas habilitadas para votar hace más de 5 años siguen hoy vigentes”, denunció Cepeda.

Entre los reclamos del senador del Polo agregó que habría miembros de la fuerza pública que estarían habilitados para votar y que estarían ejerciendo ese derecho. “Existe personal activo incluido en el censo electoral y que efectivamente vota en una clara violación de la Constitución y la ley”, comentó.

Para las elecciones locales de 2019 Cepeda pudo establecer que en una muestra que tomó la Contraloría de 4.965 cédulas de militares, que figuraban como activos y que formaron parte del censo nacional electoral ese año, 2.113 registros ejercieron el derecho al voto en los comicios electorales, es decir, el 42 % del total de militares habilitados legalmente para votar. Y que aún así no se tuvieron en cuenta a miembros de la Policía Nacional.

Otra denuncia que hizo Cepeda sobre el tema es que también hay 201 municipios del país en los que se registran más votantes que habitantes. “Aquí hay un fenómeno clarísimo de trashumancia electoral que vale la pena tener en cuenta”. El caso con mayor diferencia era Envigado, en el que se contaron 241.042 personas en el censo electoral de 2018 y 212.437 personas en el total de la población, es decir, hay una diferencia de: 28.605 personas.

Igualmente, alertó sobre el trámite que se está dando sobre la reforma al Código Electoral y cuestionó al delegado de la Registraduría diciéndole que la pregunta no es si hay un desfase significativo en el censo, sino de cuantos millones de cédulas puede ser esa diferencia.

También dijo que con las pruebas que presentó va a llevar los documentos a las autoridades competentes. “Y si es necesario, utilizando las vías judiciales necesarias para demostrar que la Consulta Anticorrupción se ganó por parte de la ciudadanía y hoy debía haberse convertido en un mandato vinculante”, dijo Cepeda.