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| 5/18/2019 8:20:00 PM

Santrich: atrapado sin salida

Justo después de la decisión de la JEP de no extraditar a Santrich apareció un video que demostraría su responsabilidad. ¿Cuál es la verdadera historia de esa grabación y por qué nadie se atreve a entregarla a la Justicia?

Jesús Santrich: atrapado sin salida Por cuenta de la recaptura de Jesús Santrich vendrá un nuevo choque entre la JEP y la Fiscalía. El exguerrillero queda con un pie en la jurisdicción ordinaria y otro en el tribunal de paz. Foto: León Darío Peláez - Semana

La sentencia de la Justicia Especial para la Paz (JEP) que ordenó no extraditar a Jesús Santrich y ponerlo de inmediato en libertad ha desatado un escándalo. Sin embargo, echarla para atrás, como muchos piden, teniendo en cuenta el polémico video que apareció justo después de proferida la decisión, no será nada fácil.

En las 148 páginas del fallo no existe ese video en que aparece Santrich –el 9 de febrero del año anterior a las 5:30 de la mañana– reunido con el sobrino de Iván Márquez, Marlon Marín, y otros dos sujetos. Un agente encubierto graba con una cámara oculta. En la charla uno de los hombres le dice a Santrich “ya tenemos 15 milloncitos listos arriba para entregarle”. Luego dicen que harán el desembolso “de cinco en cinco”, y le pasan al exjefe de las Farc un billete: “Mi jefe, mire, la caja fuerte. Esta es la combinación, esa es la clave para que Marlon se la pase al camarada Vicente, con eso el compa de una vez le retira...”

Según el exfiscal Néstor Humberto Martínez la reunión revela que Santrich intervino en los detalles de un negocio de narcotráfico y que recibe un billete que sería el token, es decir, el elemento clave con el que en Miami debería identificarse quien recibiría los 5 millones de dólares pactados como cuota inicial del negocio. El fiscal también afirmó que allá en Florida, tal como acordaron en la reunión en casa de Santrich, se hizo el pago de la suma acordada y que a la persona que llegó con el token la capturaron en una operación controlada por la DEA.

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Santrich, por su parte, no niega la reunión ni la fecha de la misma, pero insiste en que allí no hubo ninguna transacción lícita o ilícita. Y que solo se sentó con Marlon Marín y los dos extranjeros para conversar sobre el apoyo que podrían darle a “granjas econativas” en las que trabajarían excombatientes de las Farc. De ahí, asegura el exguerrillero, que hablaban de proyectos productivos y de “hectáreas”, no de toneladas de coca.

En el video, cuando uno de los hombres le pasa a Santrich el billete (el supuesto token) le pregunta: “¿En qué tiempo ya que ustedes tengan la feria en sus manos, nos comienzan a entregar ya el producto?”; y el otro hombre dice: “7.000 hectáreas aquí, en un mes, y las otras 3.000 hectáreas, en un mes y una semana más. Ese es el tiempo que manejamos”. Santrich solo responde: “Ustedes miren los tiempos, los seguros, la proyección, cómo se manejan las cosas”. Luego los mismos hombres piden que la mercancía sea de la misma “calidad”, plantean que cuentan con el apoyo del presidente de Surinam y ofrecen financiar la campaña política de Santrich. En los alegatos ante la JEP este asegura que se negó argumentando que eso solo se hacía con recursos del Estado. Pero la calidad del audio del video no deja claro esto último.

El lenguaje cifrado y ambiguo de la reunión impide sacar conclusiones definitivas pero sí plantea serias sospechas sobre Jesús Santrich. El gran lío para la JEP fue que ese video –completo y con audio– apareció solo el miércoles por la noche, justo después de que los magistrados de la JEP profirieron el fallo en que decidieron negar la entrega de Santrich a Estados Unidos porque las pruebas con que contaron no permitieron establecer la fecha precisa de los supuestos hechos.

Como se sabe, por mandato de la Corte Constitucional a la JEP le corresponde “analizar la conducta” y así “establecer la fecha” de cualquier delito extraditable. En caso de constatar que la fecha fue posterior al primero de diciembre de 2016, es decir, a la firma de la paz, la JEP tiene que dar luz verde a la extradición. De no comprobarlo, tiene que negarla.

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En el expediente de la JEP aparecen ampliamente las peticiones que hicieron los magistrados a la Fiscalía General para que les entregara el video, así como otros elementos audiovisuales que desde la captura de Santrich circulaban de forma fragmentada por los medios de comunicación de Colombia. A pesar de la insistencia, nada de esto llegó finalmente a la JEP.

La Fiscalía se negó, con el argumento de que no tenía esa evidencia ni ninguna otra porque los elementos reposaban, bajo reserva, en el Distrito Sur de Nueva York, es decir, en el tribunal que pedía en extradición a Santrich. La JEP acudió directamente al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Entonces vino el episodio de la carta rogativa extraviada, y, superado eso, al cabo de un tiempo la Justicia gringa respondió que no entregaba pruebas porque eso restaría autonomía a su jurisdicción. Además Estados Unidos señaló que con los elementos enunciados en el ‘indictment‘ era suficiente, y que en la tradición de cooperación entre los dos países nunca requería descubrir las pruebas.

Allí surge un problema gordo. Mientras en Estados Unidos hay una sola justicia, en Colombia hay dos: la JEP y la ordinaria. Para el Gobierno norteamericano las extradiciones tienen que tramitarse como desde hace décadas. Es decir, sin revelar las pruebas. Para la JEP la cosa es diferente y las pruebas son necesarias para determinar la fecha.

El miércoles la JEP negó la extradición de Santrich a Estados Unidos. Por la noche apareció el video que nunca se aportó al expediente en que se le ve supuestamente negociando coca.

En medio de esas interpretaciones diferentes hay nuevas realidades jurídicas. El acuerdo de paz creó la JEP y la Corte Constitucional la legitimó y le dio la misión de velar por la garantía de no extradición. Se pactó, entre otras condiciones, que los guerrilleros aceptaran deponer las armas y someterse al tribunal de paz bajo la premisa de que no serían extraditados, salvo que cometieran nuevos crímenes. Así que mientras la JEP se ocupa de contener la extradición de exguerrilleros hasta que se constate que reincidieron, la justicia ordinaria y Estados Unidos van en sentido opuesto. Ese es el meollo del caso Santrich.

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La DEA sin autorización

Los magistrados de la JEP insistieron por las pruebas y finalmente la Fiscalía General les envió una serie de audios de interceptaciones que evidencian que Marlon Marín delinquía al sacar mordidas de contratos estatales para proveer servicios de salud a exguerrilleros. A Marín también lo capturaron y está colaborando en Estados Unidos. Se asume que será el testigo estrella contra Santrich.

Pero del paquete de audios de Marín en solo dos se oye a Santrich. Se trata de dos cortas llamadas –una del 1 de febrero de 2018 y otra del 8– en las que Marín y Santrich hablan de “proyectos productivos” y cuadran una cita. El encuentro que convienen en la segunda llamada precisamente tuvo lugar el 9 de febrero y quedó grabado en el famoso video que nunca llegó al expediente. Y respecto a los audios, la JEP concluyó que no dan para implicar a Santrich en un lío de narcotráfico.

Los magistrados cuestionan que la Fiscalía haya aportado audios del proceso de Marín en Colombia que si bien revelan actos de corrupción en contratos con el Estado, poco tienen que ver con narcotráfico. La JEP en realidad requería evidencia que incrimina a Santrich directamente en narcotráfico. El fallo de la JEP asegura que el fiscal Néstor Humberto Martínez incurrió en gran contradicción “por cuanto, de una parte, facilitó a los medios de comunicación los referidos videos, los cuales, vale la pena precisar, carecían de audio, y, por otra, respondió negativamente al requerimiento efectuado por esta Sección de Revisión para que los aportara a este expediente”.

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La JEP también solicitó la declaración de dos funcionarios gringos: el fiscal Jason Richman y el agente especial de la DEA Brian Witek, quienes podría aportar información valiosa. Pero esos testimonios no resultaron muy ilustrativos. Ambos se limitaron a señalar que en el indictment estaba toda la información pertinente sobre el operativo ejecutado contra Santrich. Tras esto, la JEP pidió a la Fiscalía copia de la “solicitud de asistencia judicial” con que la DEA ejecutó las operaciones en Colombia.

Como se recuerda, la operación en que cayó Santrich era lo que se denomina un “entrampamiento” de la DEA con agentes encubiertos y cámara oculta. En otras palabras se trató de una celada en que los agentes se habrían hecho pasar por capos del cartel de Sinaloa, para tentar al exguerrillero a meterse en el negocio. Al parecer este mordió el anzuelo.

El oficial de la Fiscalía respondió con evasivas sobre ese operativo de la DEA en Colombia y dejó la impresión de que solo importaba el fondo y no los tecnicismo burocráticos. Por cuenta de eso la JEP remitió copia del expediente a la Judicatura para que investigue si funcionarios de la Fiscalía incurrieron en omisiones.

El jueves, en entrevista con RCN Radio, el exfiscal Martínez señaló que obtuvieron los audios de Marín con “sujeción a ley” y que los legalizaron ante un juez de garantías. Sin embargo, respecto al video aceptó que los agentes de la DEA operaron sin participación de autoridades judiciales nacionales. Y negó contar con esa evidencia. “Lo que le puedo decir es que ese video no reposa ni consta en la Fiscalía hasta cuando ejercí mi cargo”, dijo. No todo el mundo le creyó.

La Embajada de los Estados Unidos, en cabeza del embajador Kevin Whitaker, por medio de un comunicado planteó su profunda preocupación ante la negativa de extradición de la JEP. / Por su parte, el procurador, Fernando Carrillo, anunció que apelará la sentencia en segunda instancia y pedirá considerar el polémico video.

Por todo esto es poco probable que el video pueda aparecer en la revisión de la sentencia ante la Sección de Apelación de la JEP. La Procuraduría anunció que recurrirá el fallo y solicitará tener en cuenta el video. “De otro modo, quedaría la frustración de una verdad a medias o de unos hechos que nunca fueron valorados para tomar una decisión trascendental para el país”, dice el procurador Fernando Carrillo.

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Sin embargo, todo indica que el video no va a aparecer y en todo caso no está aún en el proceso. Para introducirlo se necesitaría que la Fiscalía o Estados Unidos lo aporten. La primera ya dijo que no lo tiene, y la Justicia gringa se ha negado tajantemente. El entrampamiento es una figura legal en Colombia siempre y cuando cuente con autorización de un fiscal o juez de garantías. En el caso de Santrich no existe. Eso, que para mucha gente no es más que una leguleyada, fue uno de los argumentos que invocaron los magistrados para negar la extradición.

Lo anterior significaría que el video, dado a conocer justo después del fallo, podría ser considerado evidencia ilegal por no cumplir los requisitos del debido proceso. Eso podría explicar por qué ronda en los medios sin que nadie se atreva a aportarlo oficialmente al proceso. Ni la DEA ni la Fiscalía tienen interés en confesar alguna ilegalidad.

Pero aún si el video no obra en la apelación, la extradición de Santrich se ve venir. Llama la atención que la sentencia de la negativa tuvo una votación apretada. Tres contra dos. Las magistradas Claudia López y Gloria Rodríguez se apartaron de la mayoría al considerar que el ‘indictment‘ es adecuado y suficiente para avalar la extradición de Santrich.

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Al cierre de esta edición se reveló que la Fiscalía, a contrarreloj, obtuvo un nuevo testimonio de Marlon Marín el cual incrimina a Santrich con narcotráfico. Con ese elemento el CTI recapturó al exjefe guerrillero inmediatamente después de que este salió de la cárcel La Picota. Eso implica que ahora Santrich tiene dos procesos, el que irá a apelación y el que le acaban de abrir. La JEP tendrá que decidir nuevamente, pero ahora con una evidencia recargada.

Los otros del indictment gringo

Hay otras dos personas implicadas en el caso Santrich, Fabio Simón Yunes y Armando Gómez España. A estos también los capturaron y los reclaman en el mismo ‘indictment‘ en donde se les referencia como miembros de las Farc y socios de Santrich en el negocio. Con ese argumento Yunes y Gómez le pidieron a la JEP aplicarles la garantía de no extradición. En ese caso los magistrados resolvieron que aunque el indictment afirma que pertenecen a las Farc eso no es cierto y por tanto el trámite debe seguir en la justicia ordinaria. Pronto saldrán extraditados. A la JEP han llegado 59 solicitudes de aplicación de la garantía de no extradición pero la mayoría (43) corresponden a narcos o delincuentes comunes que pretendían colarse y fueron rechazadas de plano; 9 están en etapa de estudio preliminar y 7 en estudio avanzado. Solo han otorgado una, la de Santrich.

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