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Santrich: lo que faltaba

El excomandante de las Farc cayó en una trampa de narcotráfico que le montó la DEA. ¿Qué lleva a un hombre que había logrado arreglar su situación a cometer semejante barbaridad?

14 de abril de 2018

Lo único seguro de la acusación contra alias Jesús Santrich es que no es un montaje. La DEA le montó una trampa a Santrich, pero este cayó. A él le ofrecieron un negocio ilegal y aceptó (ver siguiente artículo). Pero la responsabilidad penal es la misma con o sin trampa. El presidente Juan Manuel Santos, en medio del lánguido final de su mandato, lo último que hubiera querido era enfrentar una situación como esta. Con 70 por ciento de la opinión pública en su contra, el uribismo por las nubes en las encuestas, el posconflicto en entredicho y las platas embolatadas, pocas cosas podrían ser más graves que el golpe que acaba de recibir el proceso de paz.       

Las Farc pueden acusar al fiscal Néstor Humberto Martínez de ser crítico del proceso, pero no al presidente. Su puesto en la historia dependerá de este. Para que los dos se hayan alineado en un asunto de esa gravedad tenían que estar completamente convencidos de la validez de las pruebas. El tono de Santos en su intervención, al señalar que tenían que ser “irrefutables” para que él autorizara la extradición, deja claro que exige que lo que presente la Fiscalía vaya más allá de cualquier duda razonable. Cualquier error o ambigüedad en el manejo de este asunto podría dar al traste con los acuerdos de La Habana, y Santos lo sabe.

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Eso significa en primer lugar que no tomará ninguna decisión apresurada. Como el asunto puede tardar meses, no es imposible que la extradición quede en manos de su sucesor. Pero eso no libera al actual presidente de su responsabilidad. De aquí a que termine su mandato, tiene que convencer no solo a las Farc, sino a los colombianos de que Santrich es culpable. Teniendo en cuenta lo que está en juego, sería conveniente agregarle a este proceso una veeduría internacional independiente. Si las pruebas son tan “contundentes” como dice el fiscal y tan “irrefutables” como exige el presidente, un aval de esta naturaleza le daría credibilidad indiscutible a las decisiones, no solo a nivel nacional sino internacional.

Se ha presentado una polémica sobre si la justicia ordinaria o la JEP tiene la competencia sobre este caso. La verdad es que la tienen ambas. Cualquier delito cometido por los guerrilleros después de que se acogieron al proceso de paz implicaría la pérdida de todos los beneficios y tendría que ir a la justicia ordinaria. Pero la decisión de a quién le corresponde está en manos de la JEP. Tendría que examinar el acervo probatorio contra el acusado y determinar si hay un delito y si este se cometió después del 1 de diciembre de 2016.

Jesus Santrich, cuyo verdadero nombre es Seusis Pausivas Hernández Solarte, fue uno de los negociadores del proceso de paz en La Habana. En materia de argumentación, sus contrapartes lo consideraron el más inteligente, el más zorro y el más radical. Otros tenían más jerarquía, pero en la mesa de negociación era el más temido. Sorprende, por lo tanto, que un exguerrillero que había logrado superar su prontuario sin pasar un solo día en la cárcel terminara en una casa del barrio Modelia negociando con tres cómplices un envío de 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Con el riesgo de extradición que eso entrañaba y con una curul asegurada en el Congreso que le iba a representar 30 millones de pesos mensuales por al menos 4 años, su conducta, de ser cierta, sería absurda.

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Y es que además del problema judicial, lo sucedido la semana pasada genera un problema de credibilidad. No suena muy lógico que un exguerrillero invidente, en edad de jubilación, después de décadas en el monte en condiciones extremas, esté traficando droga solo para volverse millonario. A pesar de su prontuario, a los insurgentes por lo general les queda un residuo de ideología y la meta de su lucha no es entrar en la sociedad de consumo. Eso hace pensar que no es imposible que Santrich asumiera sus actividades ilegales no a título personal, sino institucional. En otras palabras, que esos millones no eran para él, sino para las Farc. El hecho de que con él cayera Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, le da cierto sustento a esa especulación. Puede que eso nunca se pueda probar, pues las responsabilidades penales son individuales. Pero ha quedado flotando en el ambiente la convicción de que las Farc no han entregado todo lo que tenían que entregar y la sospecha de que de pronto no han abandonado del todo el negocio.

La irracionalidad de esa conducta le ha dado pie a la teoría del montaje. Sin embargo, la experiencia demuestra que los procesos mentales de algunas personas que han pasado su vida en la ilegalidad no necesariamente corresponden con lo que se considera normal. Fabio Ochoa hijo, quien con sus hermanos y Pablo Escobar fundó el cartel de Medellín, hizo algo parecido. Después de haber pasado solo cuatro años en una cómoda cárcel de Itagüí y de haber conservado su multimillonaria fortuna, se dedicó de nuevo a narcotraficar y hoy paga una condena de 30 años en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos. Y el caso de Pablo Escobar es parecido. Después de haber sido no solo el mayor narcotraficante de la historia, sino el mayor asesino de Colombia, logró quedar instalado en un country club hecho por él mismo a su medida. Aun así, siguió siendo el jefe del negocio y solo por asesinar en La Catedral a sus socios, los Galeano y los Moncada, acabó prófugo y muerto.

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¿Qué implicaciones puede tener todo este escándalo? Sin duda alguna es un golpe importante en un momento de creciente escepticismo sobre el proceso de paz. Las acusaciones de irregularidades en el manejo de la plata del posconflicto parecían ser lo único que le faltaba a Santos para aguarle el final de su gobierno. Pero las malas noticias no habían terminado y lo de Santrich fue aún peor. Como sucede con frecuencia, en Colombia todos los protagonistas pretenden haber resultado ganadores. Para el presidente, el caso Santrich confirma que los mecanismos de justicia transicional creados en La Habana funcionan. Para Álvaro Uribe, en cambio, confirma que a esos bandidos no había que creerles ni hacerles concesiones. Y en cuanto a los candidatos a la Presidencia, los partidarios del proceso de paz sostienen la teoría de Santos y los críticos la de Uribe.

El desenlace de esta telenovela solo se sabrá dentro de algunos meses. Falta no solo el proceso judicial, que no será corto, sino la controversia política, que no será suave. Pero en algún momento se tendrá que llegar a una conclusión. Y si Santrich no acaba siendo culpable, el veredicto de la historia para Santos y el futuro político de Martínez quedarán en entredicho.