Jorge Armando Otálora, el defensor

En los últimos meses la figura del defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, se ha vuelto común a la hora de poner punto final a muchos paros, conflictos sociales y humanitarios que han sacudido al país, pero también, como figura visible, a la hora de denunciar las agresiones de los grupos armados o la ausencia del Estado.

Desde que Otálora llegó a la defensoría en septiembre de 2012, decidió darle un revolcón a la entidad, en parte, porque bajo los 12 años que había estado bajo el liderazgo de Wolmar Pérez se había enfocado en trabajar con las víctimas, especialmente en las zonas rurales, y porque había perdido reconocimiento dentro de los colombianos.

Además de reformar la entidad y buscar más recursos, Otálora ha ido llevando a la defensoría para que acompañe a los colombianos más pobres o vulnerables en la defensa de sus derechos fundamentales o para que tengan un fácil acceso a la Justicia.

La primera acción que puso todos los reflectores sobre Otálora, que dejó en claro que no sería un defensor pasivo, tuvo lugar en 2013 cuando viajó a Buenaventura para denunciar cómo los 400.000 habitantes estaban en medio de la guerra que libraban las Farc con varias bacrim, y cómo muchos estaban siendo asesinados, desplazados, reclutados o intimidados. Su visita, acompañada del crudo informe que presentó, llevó a que el gobierno tomara cartas en el asunto: no solo militarizó el puerto, sino que se creó un plan integral de varios cientos de millones de dólares para Buenaventura y el Pacífico.

Como defensor, ha ido más de 15 veces a Buenaventura, y no ha parado en sus denuncias, incluso de temas vedados como la presencia de las nefastas casas de pique. Otálora también ha denunciado la crisis humanitaria que vive el Chocó, la muerte de niños por falta de agua potable en La Guajira, las agresiones de las comunidades en Cauca, Nariño o Putumayo; o la grave situación que vive la población carcelaria del país.

Otálora no ha sido ajeno al proceso de paz que se lleva a cabo en La Habana. Desde el inicio de las conversaciones, la defensoría junto con otras organizaciones le expresaron a los negociadores la necesidad de escuchar a las víctimas. Y efectivamente, muchas de ellas viajaron a La Habana para hablar con el gobierno y las Farc, pero como lo señala Otálora, los niños no participaron. Por eso, en los próximos días la defensoría, junto con la ONU y el Bienestar Familiar, presentará un estudio sobre cómo los negociadores de la isla debían de afrontar el problema de los niños víctimas del gobierno, para que no se repita la historia de los paramilitares.

Además de denunciar graves problemas, como la falta de atención de la salud o la necesidad de que el Estado resuelva de una vez por todas el problema de agua potable, el defensor también ha jugado un papel importante como mediador. En el pasado paro de Fecode, las conversaciones y el acuerdo final con el gobierno solo fueron posibles gracias a la mediación del defensor, lo que dejó en claro el protagonismo que ha tomado en el país.

Hoy la entidad, con sus más de 4.100 defensores, está acompañando a miles de personas no solo en casos penales, sino en otros, como los derechos laborales de la empleadas domésticas o celadores, o para que miles de campesinos puedan escriturar sus posesiones.

Otro de los aciertos más recientes de Otálora es un informe sobre la situación de los presos en el país y que fue presentado en febrero de 2015 ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. Luego de estudiarlo, este organismo calificó de grave la situación de los presos, recogió las recomendaciones formuladas por la defensoría para mejorar sus condiciones de vida en las penitenciarías y exhortó al gobierno colombiano a declarar la emergencia social carcelaria. Sin embargo, es un tema que no ha logrado que el Estado resuelva, por lo que le pidió a la corte que seleccione 19 tutelas para que se pronuncie de fondo. Algo que debe ocurrir en las próximas semanas.

Ahora, en la recta final de su labor como defensor, Otálora cree que la mayor amenaza que tienen el Estado y los colombianos es la minería ilegal. “Si la guerrilla, el paramilitarismo, el narcotráfico y las bacrim no pudieron acabar con Colombia, este negocio sí lo podrá hacer. En muchas regiones las comunidades y el medioambiente están siendo arrasados por dragas y retroexcavadoras, y eso hay que detenerlo”.

Dentro de pocos días, Otálora estará en Arauca, donde hará serias denuncias, y después irá a Tumaco y Barbacoas. “La defensoría tiene que estar en todo el país, con quienes necesitan ser escuchados y defendidos”, dijo, al reconocer que su meta es que todos los colombianos puedan contar con la entidad y saber lo que hace, pues aún recuerda que al comenzar su mandato llegó a un aeropuerto y al preguntarle qué hacía, dijo: “Soy el defensor del pueblo”; y el funcionario le dijo: “¿De cuál pueblo?”.