El otro asunto pendiente de Jorge Pretelt

Uno de los asuntos más complejos que el gobierno de Álvaro Uribe le heredó al presidente Juan Manuel Santos fue el proceso de desmovilización de las autodefensas. Tanto que en el año 2010 el Gobierno se percató de que cerca de 25.000 personas, entre paramilitares y guerrilleros, que se desmovilizaron después del 2005 no podrían acceder a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz.

Ellos entrarían en un limbo jurídico y el Gobierno temía que tuvieran que salir de la cárcel con el riesgo de que se volvieran a enrolar en organizaciones criminales.

Para resolverlo, el Gobierno y la Fiscalía le pidieron al Congreso aprobar una ley que entre otras prorrogara los alcances de justicia y paz, con el fin de que se cubrieran delitos cometidos hasta el 2012 y que, hasta ese año, se pudieran postular más desmovilizados.

La ley fue aprobada en el 2012 y aunque para el Gobierno supuso la solución a una crisis del proceso de justicia y paz, o 'limbo jurídico', como se le llamó, varias organizaciones de víctimas la rechazaron por considerar que iba en contravía de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

Por eso, el 30 de julio del 2013, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo demandó dicha ley ante la Corte Constitucional. Alirio Uribe, actual representante a la Cámara y en ese entonces representante legal del Colectivo, sostuvo que la reforma la Ley de justicia y paz era un retroceso y desconocimiento en la garantía de los derechos de las personas víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición.

Según la demanda, la norma desconoce las obligaciones del Estado colombiano en materia de investigación, judicialización y sanción de aquellos crímenes que no se encuentren dentro de los criterios de priorización que ha establecido la Fiscalía General de la Nación.

La reforma a la Ley de justicia y paz, según la demanda, remite a la Ley de víctimas para acceder a los derechos de reparación, circunstancia que para los demandantes representa una ausencia de protección a los derechos de las personas víctimas, al igual que limita la acción de la justicia, por cuanto la ley de víctimas privilegia las medias administrativas y no las judiciales.

Finalmente los demandantes consideran que la ampliación de la vigencia y el alcance de la Ley de ’Justicia y Paz’, al permitir nuevas postulaciones, en ciertos casos sin límite en el tiempo, desconoce la obligación del Estado de proteger a las y los ciudadanos.

El congresista Alirio Uribe cree que hay argumentos muy sólidos para tumbar la reforma a la Ley de justicia y paz. Sin embargo, la Corte Constitucional aún no se pronuncia.

Ahora cuando se han empezado a conocer presuntas irregularidades en la selección y la revisión de tutelas y demandas en la Corte Constitucional, Alirio Uribe recuerda que el magistrado Jorge Pretelt es el encargado de rendir la ponencia.

Hasta el momento no se ha producido. “La demanda la interpusimos hace dos años y curiosamente también tenía como magistrado ponente a Jorge Pretelt”. De hecho, la Corte Constitucional resolvió demandas a leyes posteriores como por ejemplo el marco jurídico para la paz.

Por eso, la reforma a la Ley de justicia y paz, que de caerse podría poner en serios aprietos al Gobierno, es uno de los asuntos que Pretelt tiene pendientes en la Corte Constitucional.