El expresidente de Odebrecht en Colombia Luiz Bueno (abajo) fue el primero en rendir testimonio a través de videoconferencia desde Brasil. Es el gran testigo directo contra José Elías Melo.

JUSTICIA

Caso Odebrecht: todos contra Melo

Un desfile de testigos pasó por el estrado para señalar al exdirector de Corficolombiana de tener conocimiento de los sobornos de Odebrecht. Ningún misil va más allá de José Elías Melo.

26 de enero de 2019

Esta semana arrancó la práctica de pruebas testimoniales, la etapa clave del juicio contra el exdirector de Corficolombiana  José Elías Melo por el escándalo de Odebrecht. Una decena de testigos de la Fiscalía pasaron por el estrado para dar su versión sobre el proceder del exejecutivo. Para la Fiscalía Melo cometió los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.

Primero rindieron testimonio nada menos que los Luises, Luiz Bueno, Luiz Mameri y Luiz da Rocha Soares, exdirectivos de Odebrecht, quienes ya aceptaron su culpa y están –desde São Paulo– colaborando con la justicia colombiana, a cambio de beneficios judiciales. La excúpula de la firma brasileña admitió que en 2009 pagó 6,5 millones de dólares al entonces viceministro Gabriel García Morales para que les adjudicaran el proyecto Ruta del Sol tramo 2. Integraban la concesionaria creada para el proyecto Odebrecht (62 por ciento), Grupo Aval (33 por ciento) y el grupo Solarte (5 por ciento). Melo era presidente de Corficolombiana, filial del Grupo Aval, y desde el inicio del escándalo ha negado haber pactado con los brasileños para pagar coimas.

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El primer turno ante el estrado fue para Luiz Bueno Junior, expresidente de Odebrecht en Colombia, y, por eso, considerado el testigo directo contra Melo. El brasileño aseguró que tras varias reuniones con el exviceministro García definieron la cifra de 6,5 millones de dólares. “A la mañana siguiente del acuerdo fui directo a la oficina de José Elías Melo; él estaba en junta y me hizo esperar. Ahí tuve una charla breve con el vicepresidente, Gustavo Ramírez, a quien le comenté; él dijo que ese era un asunto para tratar con Melo”, dijo Bueno. Agregó que al terminar la junta Melo lo hizo pasar a su oficina. “Me dijo que estaba de acuerdo con el pago al viceministro, pero que tenía dificultad en el Grupo Aval, y que iba a comentarle a Luis Carlos Sarmiento Junior. Le dije que Odebrecht pagaría el 100 por ciento, y que luego entre las empresas ajustaríamos cuentas”.

La Fiscalía y el juez le preguntaron al testigo si tenía conocimiento de si Melo le informó a Sarmiento Junior. Bueno fue muy claro al responder que no sabía. Después el turno fue para Mameri, expresidente de Odebrecht para América Latina y Angola. Este ingeniero tenía la función de aprobar en Brasil los desembolsos de las coimas que los ejecutivos de la multinacional pactaban en cada país. Sin ningún rodeo Mameri afirmó que había autorizado el pago de la millonaria coima con plena claridad de lo que se trataba.

El testigo agregó que hicieron el señalado ajuste de cuentas por medio de uno o varios contratos ficticios en la ejecución de la obra. Y tras esto apareció la pregunta clave de la audiencia. El fiscal le solicitó al testigo que dijera el nombre de otra persona del Grupo Aval que hubiera tenido conocimiento del pago irregular de 6,5 millones de dólares al viceministro García Morales: “No sé indicar si alguien más tenía conocimiento”, respondió Mameri. La Fiscalía insistió en preguntarle si otra persona de Corficolombiana tuvo conocimiento de ese pago irregular. “No lo sé”, dijo el brasileño.

Mameri también se refirió a dos o tres reuniones que sostuvo la cúpula de Odebrecht en Bogotá con sus socios. En estas, dijo, participó Melo, el señor Sarmiento y las cabezas de Odebrecht. Puntualizó que se trató de encuentros protocolarios para hablar de proyectos y perspectivas a futuro. A su turno, la abogada de José Elías Melo, la penalista Ángela Bernal, le hizo una pregunta concreta a Mameri: “¿En las reuniones relatadas por usted se habló sobre el pago de coimas?”. Y este respondió: “No”. Da Rocha Soares dio su testimonio en el mismo sentido.


El ingeniero Mauricio Millán (arriba) y el ya condenado exviceministro Gabriel García también subieron al estrado para declarar contra el expresidente de Corficolombiana. La semana entrante continuará el desfile de testigos ante el estrado.

Contra Melo también testificó el exviceministro que recibió la coima. La versión de Gabriel García, condenado a cinco años de cárcel, era una de las más esperadas. “Crucé la línea y comenzó mi degradación moral”, aseguró entre lágrimas al admitir su culpa frente al juez.

Durante el interrogatorio, García dio los detalles de un concepto jurídico que solicitó a última hora como respaldo en caso de que surgieran problemas en el momento de adjudicar la licitación. Buscaba el concepto de un jurista que le permitiera tener un respaldo jurídico en relación con una posible adjudicación a favor del consorcio conformado por Odebrecht como único oferente. Ese concepto era clave para el viceministro, pues se trataba de descalificar a la firma OHL, la otra que aspiraba a ganarse el contrato.

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García aseguró que Luiz Bueno sugirió pedirle el concepto al abogado Yesid Arocha. Pero, según él, al revisarlo con José Elías Melo eligieron acudir a uno de los consultores de Corficolombiana, el prestigioso abogado Hugo Palacio. García solicitó este concepto el 14 de diciembre de 2009 y al día siguiente, horas antes de la adjudicación, se lo habrían entregado en su despacho.

El exviceministro García aseguró que nunca tuvo relación directa con Melo, pero la forma en que se manejó el asunto del concepto le confirma que este sí sabía del soborno. “El concepto avalaba la postura del comité evaluador que decía que la propuesta de OHL debía ser rechazada. Yo sé que Bueno se lo solicitó a José Elías Melo, y este a Hugo Palacio”.

ninguno de los testimonios expuestos en el juicio a melo implica al grupo Aval en el pago de la coima

Sobre el asunto del concepto jurídico de última hora hay todo tipo de elucubraciones. Pero este elemento no era muy trascendental, pues efectivamente OHL, al no poder acreditar experiencia distinta a la construcción de ferrocarriles, debía quedar descalificada. De otra parte, no se requería que un documento señalara esa falencia, ya que esta era protuberante y ya la había advertido el comité de expertos del ministerio en varios momentos del proceso licitatorio. Y desde el punto de vista de Corficolombiana, y de Melo, en ese momento no había suspicacia alguna sobre Odebrecht.

El otro testigo clave que pasó al estrado fue Andrés Mauricio Millán, el representante de Episol, la filial de Corficolombiana que participaba en la sociedad con Odebrecht. Millán aseguró que detectó contratos irregulares por 18.000 millones de pesos, de los cuales informó a Melo. Explicó que en 2010, cuando descubrió esas órdenes de pago sin respaldo serio, acudió a Melo, quien le habría dicho que hablaría con los brasileños. “Un par de semanas después Melo me dijo que ya había hablado y que como Odebrecht era el socio mayoritario controlaba la operación, que procediera a hacer los giros”.

El ingeniero Millán es una ficha enigmática en el caso. Aun hoy trabaja para Corficolombiana, y cuando esta firma hizo una auditoría interna para establecer si algún empleado conocía de irregularidades en el negocio con Odebrecht, aseguró que no tenía idea al respecto. Sin embargo, en esa ocasión, cuando se disponía a someterse a una prueba de polígrafo, nervioso, rehusó hacerlo. La abogada de Melo, al contrainterrogar a Millán, dejó en evidencia las inconsistencias de este testigo.

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Ha habido mucha especulación acerca de si Melo consultó los pagos irregulares con su jefe Luis Carlos Sarmiento Junior. Sin embargo, nada de lo oído en los últimos días implica directamente al empresario en los sobornos.

El desfile de testimonios de la semana pasada tuvo el efecto práctico de dejar a Melo solo frente a la hipotética responsabilidad del Grupo Aval en el pago de la coima. Melo ha rechazado los cargos, se declara inocente y su suerte está en manos de un juez. Todo el mundo reconoce que él no recibió ningún beneficio económico de todas estas transacciones irregulares, que le pueden costar cerca de diez años de cárcel. La semana pasada hablaron los testigos de la Fiscalía en su contra, pero falta conocer los argumentos de los testigos de su defensa.