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Judicializan a hombres por presunto millonario hurto de medicamentos/Foto: archivo SEMANA | Foto: Archicos SEMANA

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Judicializan a hombres por presunto millonario hurto de medicamentos

Al parecer, los medicamentos eran extraídos del área de suministros de la Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl de Medellín.

5 de junio de 2020

La Fiscalía General de la Nación reveló que luego de una investigación se estableció que dos personas identificadas como Hugo León Sánchez Pineda y Wilson Ariel Ocampo Bermúdez, quienes laboraban en el área de suministros de la Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl de Medellín, supuestamente extrajeron de manera irregular medicamentos de alto costo por una cuantía de 654 millones de pesos.

El ente acusador señaló que, presuntamente para apoderarse de las medicinas, los investigados habrían manipulado el sistema informático de la entidad y hacían aparecer los medicamentos como requeridos por las áreas competentes.  

Posteriormente, sacaban los productos del hospital sin ser detectados y luego los vendían a propietarios de farmacias que, al parecer, conocían su origen ilícito. Entre las medicinas hurtadas figuran medicamentos contra el cáncer y otras patologías que afectan especialmente a los neonatos.

Por ese hecho la Fiscalía le imputó a León Sánchez Pineda y Wilson Ariel Ocampo Bermúdez los delitos de concierto para delinquir en concurso heterogéneo y sucesivo de hurto agravado y acceso abusivo a un sistema informático. Luego, un juez les impuso medida de aseguramiento en el lugar de domicilio.

Por otra parte, como presunto responsable de los delitos de corrupción de alimentos y medicamentos, y enajenación ilegal de medicinas, también fue cobijado con detención domiciliaria Rober Alexánder Foronda Fernández, propietario de una droguería en el municipio de Itagüí (Antioquia), donde servidores del CTI incautaron medicamentos de dudosa procedencia, por un valor superior a los 200 millones de pesos. 

“El Juzgado 13 Penal Municipal de Medellín impuso las medidas restrictivas de la libertad y prohibió a los asegurados cualquier contacto con los empleados de la fundación afectada con los hurtos”, concluyó la Fiscalía.