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| 5/20/2019 6:19:00 PM

“(Petro) el Alcalde Mayor de Bogotá se extralimitó en sus competencias”: juez administrativo

La larga pelea por el decreto que pretendía darle vida a unas modificaciones al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) durante la administración Petro, sufrió una fuerte estocada por parte de un juez administrativo de primera instancia que decretó la nulidad de ese proyecto.

Juez administrativo anuló las modificaciones al POT de 2013 decretado por Gustavo Petro “(Petro) el Alcalde Mayor de Bogotá se extralimitó en sus competencias”: juez administrativo Foto: Carlos Julio Martí­nez / SEMANA

En agosto de 2013 Gustavo Petro anunció que la reforma excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial había sido expedida.  "Desde la localidad de Ciudad Bolívar, donde laboro desde hace 5 semanas, se expidió anoche el POT para llevar salud y educación a toda Bogotá", dijo Petro a través de un tweet. Sin embargo, el polvorero se alzó inmediatamente, pues esta proyecto no fue aprobado por el Concejo de Bogotá.

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Es por eso que un conjunto de privados e incluso el mismo gobierno, en cabeza del exministro de Vivienda Luis Felipe Henao, enfilaron una serie de demandas en contra de la disposición adoptada por Petro. En 2014 el Consejo de Estado ordenó unas medidas cautelares que suspendió todos los efectos del decreto distrital que pretendía modificar el anterior POT miestras avanzaba el proceso.

Luego de casi cinco años de alegatos y práctica de pruebas, el fallo en primera instancia le dió la razón a los demandantes quienes alegaban que Gustavo Petro se había sobrelimitado en sus acciones como Alcalde, además, que utilizó “falsas motivaciones” para decretar la modificación del POT.

La propuesta de Petro consistía básicamente en una reforma a la adecuación del ordenamiento territorial a los riesgos de cambio climático, un cambio en la forma de llevar las escuelas, salud, juzgados y fiscalías a todos los rincones de la ciudad, y en tercer lugar, un nuevo sistema de pagos para la construcción que generara un espacio público verde, infraestructura de transporte y usos “dotacionales” en casos de Viviendas de Interés Prioritario.

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El proyecto era tan ambicioso que, en criterio de sus críticos, desbordaba el alcance que podía tener tanto legal como conceptualmente. No solo se trataba de organizar la ciudad alrededor del agua y adaptarla al cambio climático, como ha expresado el alcalde, sino de instaurar un nuevo modelo de ciudad. El objetivo era “superar la segregación social”, entre otras aspiraciones con las que, en teoría, nadie puede estar en desacuerdo. 

Sin embargo, para el cúmulo de demandantes, las modificaciones al POT presentadas por Gustavo Petro “tenía falsas motivaciones, y no había una verdadera estrategia frente al cambio climático o para mejorar la conexión de la ciudad”.

Además, el problema era lo que el nuevo ordenamiento apuntalaba en la práctica: una ciudad concentrada en el centro, modelo que va en contravía de los que se han discutido anteriormente; más cargas para los constructores, en un momento en el que el sector había caído; y una mezcla de suelos que algunos interpretaron como desorden urbanístico. Además, en el proyecto, el Distrito se arrogaba funciones de control de manera discrecional, lo que alimentó la suspicacia. 

Sin bien el juzgado dio vía libre a la pretensión de los demandantes de declarar “la nulidad simple de la totalidad del acuerdo demandado”, no accedió a la pretensión del “restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios por vía de reparación directa”. Esto significa que la administración actual no tendrá que pagar ningún perjuicio a los accionantes de la demanda.

Hasta ahora no se conoce que la decisión haya sido apelada.

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