CONFIDENCIAL
Juez ordenó captura del comandante de la Policía del Caquetá, mientras el oficial afrontaba el fallecimiento de su padre
El coronel Javier Castro tenía que acudir al despacho penal militar para que explicara por qué no fueron enviados refuerzos al sector de Los Pozos en San Vicente del Caguán, Caquetá, donde fue asesinado un subintendente y secuestrados 79 miembros del Esmad. Un civil también murió en estos hechos. El Ministerio de Defensa dijo que el oficial sí explicó los motivos de su inasistencia.
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No para la polémica por la decisión que tomó un juez de la justicia penal militar, quien ordenó capturar al coronel Javier Antonio Castro, comandante de la Policía del Caquetá, por los hechos ampliamente difundidos, donde fueron secuestrados 79 policías en el sector de Los Pozos, en San Vicente del Caguán, y donde fue asesinado un subintendente de la Policía y un civil también resultó muerto, el Ministerio de Defensa explicó, porque el oficial no compareció a la cita de indagatoria, incumplimiento que le generó una orden de captura en su contra.
Según el Ministerio de Defensa, el coronel Castro, fue notificado de la diligencia de indagatoria en la noche del miércoles 22 de marzo de 2023, a las 8:14 de la noche, con el propósito de que se presentara al despacho judicial con su abogado al siguiente día, jueves 23 de marzo, a las 8:30 de la mañana.
Sin embargo, el Ministerio de Defensa, explicó que el día en el que fue notificado el oficial en horas de la noche, este se encontraba en el Hospital Central de la Policía.
“El coronel Javier Antonio Castro, comandante (e) del departamento de Policía Caquetá, no ha podido asistir a los requerimientos de la justicia Penal Militar por cuanto tiene una situación de calamidad familiar por la muerte de su señor padre, además de encontrarse excusado del servicio por afectación de salud”, señaló el Ministerio de Defensa.
Sobre la condición de salud del coronel explicó el Ministerio de Defensa que, “ingresó en la noche del miércoles 22 de marzo al Hospital Central de la Policía Nacional y salió el jueves 23 a las 5:32 horas, con una incapacidad médica por cefalea. Esa misma mañana se excusó ante la justicia justificando su inasistencia; no obstante, le fue emitida una orden de captura”.
Malestar
SEMANA conoció con fuentes judiciales, varios aspectos que llamaron la atención o por los menos dejaron un mal sabor en la Policía tras la decisión de un juez penal militar, quien ordenó la captura del comandante de la Policía del Caquetá, el coronel, Javier Antonio Castro.
Su detención expedida por el juez 181 de instrucción penal militar se dio por los hechos ocurridos en la vereda Los Pozos, en San Vicente, del Caguán, en el Caquetá, en donde la guardia campesina secuestró a un contingente del Esmad, y fueron asesinados un subintendente de la Policía y un civil.
El juez ordenó la captura contra el oficial porque este no se presentó a rendir indagatoria, para que explicara por qué no hubo apoyo del departamento de Policía del Caquetá a los uniformados que se encontraban en el sector de Los Pozos.
SEMANA consultó con varias fuentes cercanas al proceso e indicaron que les llama la atención varios aspectos: primero, que la decisión la tomó un despacho de justicia penal militar del Ejército, donde hoy trabaja un juez civil que se encuentra en encargo porque el titular está de licencia. Segundo, que no se tuvo en cuenta el proceso personal por el que se encuentra atravesando el oficial, a quien recientemente le falleció el papá, lo que le ha generado complicaciones de salud.
En tercer lugar, si a raíz de esta decisión se dará una en mismo sentido contra el comandante del batallón del Ejército que estaba en la zona y que no apoyó a los policías secuestrados.
Sobre este episodio que ha dejado un sinsabor en la Policía, más si se tienen en cuenta, aseguraron las fuentes, que el propio presidente de la República, Gustavo Petro, y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, reconocieron que ellos como máximas autoridades fueron los que ordenaron que no se enviaran los refuerzos para evitar una tragedia mayor.
Que también por decisiones de alto nivel, se le ordenó al batallón del Ejército que no interviniera para evitar el uso de armas de fuego por parte de los uniformados y la situación se saliera de control.
Sobre estos hechos, la Fiscalía de la Justicia Penal Militar, indicó que, “no tiene injerencia ni competencia, por cuanto esta actúa en el marco del Sistema Penal Oral Acusatorio – Ley 1407 de 2010. En tal sentido, el Juez 66 (Ejército) de Instrucción Penal Militar y Policial encargado del Despacho 181 (Policía), con sede en Florencia, en su autonomía judicial, bajo la Ley 522 de 1999, es el responsable de las decisiones correspondientes”.
Por su parte, la Unidad Administrativa de la Justicia Penal Militar, indicó que el oficial fue citado a diligencia de indagatoria, a la cual no compareció, y sin conocer el motivo de la inasistencia, el juez ordenó su captura.
Para algunos conocedores del sistema penal militar, este podría ser el primer encontronazo que se da entre la Fiscalía de la Justicia Penal Militar, con los jueces del viejo sistema de la Justicia Penal Militar, que los faculta con una especie de superpoderes, como sucedió en su momento con la Fiscalía General de la Nación con el modelo de la ley 600, donde el ente judicial era juez y parte en los procesos, hasta que llegó el sistema penal acusatorio, con un modelo más garantista para los procesados.
SEMANA conoció que desde ya la Policía está armando todo un arsenal con abogados de la institución para defender al coronel Castro para tumbar la orden de captura del juez militar.