Home

Nación

Artículo

Julio Gómez. | Foto: Daniel Reina

BOGOTÁ

Julio Gómez: culpable por el ‘carrusel de contratación’

El polémico contratista aceptó cargos, con lo cual espera recibir una jugosa disminución de su condena.

30 de abril de 2014

El juez fijó para el próximo 14 de julio la audiencia en la cual se definirá la pena del contratista, quien pese a que renunció al preacuerdo que firmó con la Fiscalía General aceptó su responsabilidad en los hechos del denominado 'carrusel' de la contratación en Bogotá, el mayor escándalo de corrupción de la capital.
 
El abogado Gustavo González, quien defiende los intereses del procesado, aseguró que su cliente ya reintegró en su totalidad todo el dinero de los tres contratos viales por los que es procesado. Con esto, sumado a la aceptación de cargos, Gómez y su defensor esperan una rebaja sustancial en la pena. 
 
“Hizo todo el reintegro del dinero por el que se le imputó el cargo de peculado por apropiación. En el primer contrato hizo el reembolso de 1.750 millones de pesos, el segundo fue de 10.905 millones, puesto que se ejecutó la obra, y el tercero fue de 19.000 millones de pesos”, explicó el jurista.
 
El abogado aseguró que para esto cuentan con documentos oficiales emitidos por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) en los que se constata el reintegro de los millonarios recursos. Dice además que a su cliente no se le puede acusar por la obra de la Fase III de TransMilenio, porque dicho convenio le fue adjudicado a una de las empresas del denominado Grupo Nule.
 
En el marco de la diligencia judicial, el delegado de la Procuraduría General y los representantes de víctimas solicitaron que se emita una condena superior a los 10 años debido a la gravedad de los delitos por los que es acusado Gómez, quien actualmente se encuentra privado de la libertad.
 
El procurador del caso puso como ejemplo el de los miembros del denominado Grupo Nule, cuando en decisión de segunda instancia la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá les modificó la pena, la cual pasó de siete a 14 años de prisión, pese a que también habían aceptado cargos.
 
Igualmente le solicitaron al juez que tenga en cuenta el hecho de que el contratista no ha rembolsado los 44.000 millones de pesos que recibió como anticipo, hecho por el cual no se le pueden otorgar beneficios jurídicos.