¡Justicia, ar...!

En las últimas semanas las actuaciones de la Fuerza Pública han estado en el centro del debate. En Guaitarilla, en hechos aún no esclarecidos cuatro civiles y siete agentes del Gaula de la Policía fueron muertos por una patrulla del Ejército. A los pocos días en Cajamarca, cinco campesinos, incluido un bebé de 6 meses, fueron acribillados por fuego militar. Luego, en Bogotá dos mayores de la Policía fueron golpeados por miembros del Ejército. Y en los últimos días, en Peñas Coloradas, Caquetá, un avión de la Fuerza Aérea bombardeó por equivocación a unos soldados en una zona de combate, causándoles la muerte a uno y graves heridas a seis más.

Todos los casos que han levantado tanta ampolla pasaron a la justicia penal militar, y será esta la responsable de sacar a la luz la verdad de lo que pasó. No es un desafío menor, y menos cuando la credibilidad de esta institución ha sido cuestionada en casos muy sonados como el de Santo Domingo, Arauca, en 1998. Allí, la justicia penal militar tuvo que investigar si un avión de la Fuerza Aérea había arrojado una bomba que mató a 18 campesinos y causó heridas a otros 22. El caso sin embargo no avanzó en manos de esta jurisdicción y sólo fue resuelto cuando fue asumido por la justicia ordinaria.

"Esa larga demora para no concluir en nada", dijo el presidente Álvaro Uribe, preocupado porque pueda suceder algo similar en estos casos. De ahí que en tres discursos en el último mes y medio, dos ante oficiales del Ejército y uno ante oficiales de la Policía, Uribe exigiera enérgicamente de la justicia penal militar "prontitud, eficacia, diligencia, imparcialidad y transparencia".

Razón tiene el Presidente para hacer estas demandas, pues algunos críticos ya están poniendo en tela de juicio la capacidad de la justicia penal militar de actuar con independencia frente a sus pares. Así por ejemplo, cuando se debatía el caso de Guatarilla ante el Congreso, el senador y ex policía Luis Élmer Arenas dijo: "No voy a entregar esas pruebas a la justicia militar y si la Fiscalía no toma el caso prefiero acudir a los estrados internacionales".

La necesidad de tener una justicia militar más eficaz y creíble se torna aún más relevante si se tiene en cuenta que el Ministerio de Defensa calcula que con el incremento de operaciones, el aumento de pie de fuerza y las nuevas funciones de policía judicial contempladas en el Estatuto Antiterrorista, crecerá el trabajo de la justicia penal militar en 50 por ciento: mientras que en 2003 hubo 14.000 investigaciones, para este año se prevé que habrá 21.000 nuevas investigaciones.

¿Cómo está funcionando en la práctica la justicia penal militar? ¿Es verdad que le puede pesar demasiado el espíritu de cuerpo a la hora de dictar sus sentencias?

"Eso es un mito", dijo a SEMANA el general del Ejército Jorge Arturo Camelo, director ejecutivo de la justicia penal militar, para quien esta jurisdicción tiene los suficientes controles para evitar que prospere la impunidad. Según explicó, se ignora que esta justicia sólo investiga y juzga irregularidades de militares y policías en situaciones propias de su servicio. Este es el caso de la deserción, la desobediencia, el abuso de autoridad o el ataque a un inferior.

Sin embargo, muchos de los cuestionamientos no surgen por estas faltas que se dan exclusivamente en la Fuerza Pública, sino en relación con las decisiones en los casos de muertos o víctimas civiles que resulten de la acción de militares. Cuando muere alguien es difícil determinar si se trata de una baja en combate, un error o un abuso. Por eso la justicia militar investiga todas las muertes, aun si estas se dan en un combate. Si como resultado de la investigación se encuentra que estas fueron en cumplimiento del deber, se precluye el proceso, pero de todos modos el Tribunal Superior Militar, que es la máxima instancia de esta justicia, revisa la decisión. En caso de que se determine que la muerte o agresión no tuvo que ver con el servicio, que fue premeditado o un delito de lesa humanidad (como el genocidio, la tortura y la desaparición forzada), la investigación pasa a manos de la Fiscalía en la justicia ordinaria.

Dado que la clave de la investigación de la justicia militar está en la clasificación que hace del delito, surge la duda de si unos jueces uniformados que pertenecen a una institución jerárquica pueden hacer su tarea en forma independiente. Al respecto, el general Camelo explicó que el nuevo Código Militar que entró en vigencia en 2000 contempla que todos los integrantes de la justicia penal militar estén fuera de la línea de mando y tengan como cabeza al Ministro de Defensa.

Esto cambió el viejo esquema de los consejos verbales de guerra, que funcionaron hasta 1999 y en los cuales los comandantes eran los jueces. "Eso hacía procesos más rápidos pero no una justicia objetiva ni confiable", dijo. Además, poca gente sabe que en la recolección de las pruebas participa la Fiscalía y en todas las etapas del proceso, la Procuraduría. Por ejemplo, en el caso de Cajamarca, la Procuraduría ha hecho aportes clave al proceso, como revelar que uno de los muertos había recibido disparos a menos de un metro.

" Una persona diferente maneja cada etapa y esto les da transparencia a las investigaciones", dijo Camelo. (Ver recuadro). Sin embargo reconoció que tienen demasiado trabajo y pocos recursos. Por ejemplo en 2003 sólo tuvieron cuatro personas trabajando en el área administrativa y financiera para atender casi 15.000 procesos. Además muchos de los 254 empleados, entre jueces y fiscales, tienen otras funciones como capacitar a la tropa en derechos humanos y derecho internacional humanitario y asesorar a los comandantes. También tienen la responsabilidad de vigilar y atender las solicitudes de los detenidos.

Es necesario que el gobierno corrija con prontitud las dificultades que pueda tener la justicia militar, pues toda su credibilidad depende de que brille la verdad en casos como los de Guaitarilla y Cajamarca. Si estos son manejados con lentitud, como parece temerlo el presidente Uribe, o si los fallos no son convincentes y dejan dudas sobre su independencia, esta institución puede convertirse en el talón de Aquiles de la seguridad democrática, ya que esta no puede funcionar si los abusos de la Fuerza Pública quedan en la impunidad.