Justicia atenazada

Una bochornosa gresca que duró varias horas e incluyó gritos y forcejeos, y que por poco termina en puños, protagonizaron agentes de la Policía judicial al servicio de la Procuraduría y fiscales de la Unidad Nacional Anticorrupción. El acalorado enfrentamiento entre los funcionarios judiciales ocurrió hace tres semanas cuando la delegación del Ministerio Público llegó a la Fiscalía con una orden de inspección firmada por el procurador general Alejandro Ordóñez. La misión de los agentes era obtener copia de una voluminosa investigación que se sigue allí contra funcionarios del Consejo de Estado y particulares.

A pesar de que la delegación estaba plenamente facultada, los fiscales se negaban a permitir el acceso. No era la primera vez. Otra comisión ya se había ido con las manos vacías, días antes. Esta vez no podía pasar lo mismo, de ahí que ahora se presentara una orden superior. Los ánimos se encendieron y cuando la situación estaba llegando a los manotazos en los pasillos, las directivas de las instituciones intervinieron.

Con parte del material de la Fiscalía dos semanas después el Ministerio Público apartó de sus cargos a cuatro funcionarios del Consejo de Estado y a una servidora de la propia Procuraduría quienes, en asocio con particulares, conformaban una red criminal en el interior de la rama judicial.

Los investigadores del CTI de la Fiscalía le seguían la pista a ese entramado desde hace casi tres años e inexplicablemente todo quedó durmiendo el sueño de los justos durante los últimos dos años, a pesar de la cantidad de pruebas y evidencias.

Todo empezó fortuitamente en la Unidad Antinarcóticos donde se le hacía un minucioso monitoreo a Manuel Felipe Salazar, un narco que purga 30 años de cárcel en Estados Unidos y quien cometió el error de comentar telefónicamente con su abogado sobre "arreglar" un proceso en la sección quinta del Consejo de Estado. Con las primeras indagaciones en ese sentido los agentes del CTI advirtieron que efectivamente había una sofisticada red de corrupción enquistada en la justicia y trasladaron esas pruebas a una fiscal de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía.

Desde ese momento se han interceptado miles de comunicaciones y se han ordenado tareas de investigación para recoger pruebas. Todos esos elementos configuran una completa radiografía de una organización dedicada a enriquecerse 'arreglando' fallos y 'orientando' asignaciones de procesos que cursan en el Consejo de Estado, particularmente en la comisión quinta que es donde se resuelven los asuntos electorales accionados contra políticos.

SEMANA tuvo acceso a la investigación y es claro que la red se articula en torno a dos personajes principales: Carlos Arturo Fernández Trujillo, ex funcionario del Consejo de Estado detenido la semana pasada y Javier Socarrás Amaya, un polémico personaje que a nombre de las negritudes y promocionándose como amigo de los hijos del presidente Álvaro Uribe aspira a una curul en la Cámara de Representantes.

Por lo menos otra decena de personas aparecen gravemente comprometidas con las actividades de la red, entre estos están los funcionarios sancionados por la Procuraduría esta semana y otros particulares que escapan de su órbita de vigilancia.

Parecería que Socarrás lidera a estos y se ocupa de contactar a los 'procesados' para ofrecerles sus oficios, mientras que Fernández encabezaba una lista de funcionarios, adscritos al Consejo de Estado, la Procuraduría y la Fiscalía, encargados de cumplir en los despachos las peticiones que les hacían desde afuera.

Centenares de llamadas interceptadas con orden judicial dejan en evidencia que los políticos de La Guajira se interesaron ampliamente por los servicios que ofrecía Socarras en asocio con Fernández.

En numerosas comunicaciones hablan sobre el caso del gobernador Jorge Pérez Bernier. "Javier (Socarrás) comenta que mañana le van a llevar el proyecto donde arreglaron el asunto del gobernador de La Guajira y que lo arreglaron por 10 barras (millones de pesos)", dice una de las conversaciones. También está documentado el caso de Enrique Luis Peñalosa y Édgar Hary Fuminaya, dos diputados de ese departamento.

A este último Socarrás le dijo en marzo pasado, "en estos momentos estoy con las personas que proyectan y manejan todo, en una hora quedaron de entregarme copia de lo que sale de la sala". En otra comunicación, el mismo día Socarrás le da al diputado el número de la cuenta de Jairo Andrade, un abogado del Huila, quien es su mano derecha. Otras llamadas salpican al representante Wilmer González y a un ramillete de políticos locales, entre estos el alcalde de Maicao.

Socarrás también se ha preocupado por los líos judiciales de los políticos de Córdoba. Según se desprende de varias llamadas su candidatura a la Cámara contará con 7.000 votos aportados por la clase dirigente del departamento en agradecimiento a sus gestiones en el Consejo de Estado a favor de la gobernadora, el alcalde de Montería y 19 concejales de esa misma ciudad.

Las 'vueltas' en el Consejo de Estado no fueron sólo para políticos del norte del país. Fernández recibía constantemente llamadas de enlaces externos al Palacio de Justicia, quienes le preguntaban por los avances en procesos de mandatarios de Santander, Guaviare, Arauca y Boyacá. Algunos de esos registros revelan la voz del senador Jesús Antonio Bernal Amorocho, del Polo.

Hace un año esta perversa red sufrió un traspiés sentido. Agentes de la Dijín de la Policía capturaron en flagrancia al fiscal Romel Polanco cuando recibía siete millones de pesos que le exigió a una comerciante como condición para acelerar un proceso. La víctima dio aviso a la Policía y montaron el operativo en el que también cayó el fiscal Luis Eduardo Sanabria.

En el voluminoso expediente que reposa en la Unidad Anticorrupción se evidencia que el ex fiscal Polanco -quien aceptó los cargos y fue sentenciado- es otro eslabón de la red de corruptela. Decenas de llamadas lo vinculan, incluso recientemente, con el ahora detenido Carlos Arturo Fernández. Interceptaciones al celular de este ex funcionario del Consejo de Estado registran su alegría en febrero pasado porque a "Romel le dieron la domiciliaria. Ahí se hicieron unas cosas, todos ayudamos, todos".

La Procuraduría encontró sospechosas varias llamadas que se registraron entre el entonces fiscal Romel Polanco y el magistrado de la Judicatura José Alfredo Escobar Araújo y decidió enviar copia del proceso a la Comisión de acusaciones del Congreso. La entidad es la competente para investigar a los altos magistrados.

No deja de llamar poderosamente la atención que la Fiscalía no haya tomado determinaciones oportunas en contra del entramado de corrupción.

Quienes conocen el expediente aseguran que vendrán otras capturas. La conclusión parece lógica si se tiene en cuenta que el expediente muestra una tenaza delincuencial conformada por particulares y funcionarios, y hasta ahora sólo uno de estos ha sido capturado.

De cualquier modo no deja de ser lamentable que cuando con más eficacia debería actuar la justicia, en defensa de su credibilidad e integridad, lo que se encuentra es una cadena de irregularidades muy parecidas a la impunidad.