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| 8/3/1992 12:00:00 AM

JUSTICIA MUCHO TILIN TILIN ...

El juez César Tulio Lozano arrancó la investigación como un Ayatolah y terminó como una hermanita de la caridad.

JUSTICIA  MUCHO TILIN TILIN ... JUSTICIA MUCHO TILIN TILIN ...
CUANDO EL JUEZ CESAR TULIO LOZANO EStaba encerrado en su despacho trabajando en la redacción del fallo definitivo en el caso de los auxilios del Concejo de Bogotá, el país esperaba algo parecido al estallido de una bomba atómica, El alcalde de la ciudad, Juan Martín Caicedo, estaba en la cárcel en companía de dos de sus colaboradores más cercanos por haber girado esos dineros, y se esperaba que igual suerte corriera una buena parte de los integrantes del cabildo. Sin embargo la decisión de Lozano dejó a todo el mundo con la boca abierta al ordenar la detención física de un solo concejal, la exoneración de buena parte de ellos y la vinculación al proceso con beneficio de excarcelación de otro grupo de concejales.
La sorpresa no era gratuita. Por cuenta de la decisión de Lozano de encarcelar al alcalde por haber girado dineros hubo pánico en la administración publica. De hacerse extensiva la interpretación de la ley y de la Constitución que hacía el juez bogotano, el funcionario que ejecutara órdenes de pago de auxilios anteriores a la nueva Carta podría correr la misma suerte de Caicedo Ferrer. Aun más: muchos asumieron que el solo pago de contribuciones del Estado a entidades de beneficencia podría ser asimilado al de los auxilios y se abstuvieron también de ejecutar esas derogaciones. La premisa consistía en que independientemente del destino de los dineros, el simple hecho de girarlos en contra de los preceptos constitucionales podría encuadrar en la definición de peculado por apropiación, y eso era suficiente para ir a la cárcel. Pero no sólo fue sorpresiva la decisión de Lozano en la medida en que tomaba decisiones menos severas que las que todo el mundo esperaba. El fallo final, además, estableció que la mayor o menor responsabilidad de los miembros del Concejo segun la utilización de los auxilios por parte de ellos era más o menos pulcra a ojos del juez. Esto significaba que la tesis original, segun la cual el delito se configuraba por el solo hecho de girar auxilios había dado paso a una postura jurídica diferente.
La providencia que redactó Lozano consta de 54 páginas en las que hace un relato pormenorizado del proceso. El fallo de Lozano está dividido en cuatro puntos.
En el primero agrupó a los concejales que benefició con cesación total de procedimiento. En esta lista están: Antonio Bustos Esguerra, Julio César Sánchez, Julio César Turbay Quintero, Germán Vargas Lleras, Ramiro Lucio, Felipe Reyes de la Vega, Alfonso Ca brera Toscano, Carlos Sáenz Vargas y Luis Alfredo Rodríguez.
El segundo punto de la providencia contempla el grupo de los concejales a los cuales el juez 23 de Instrucción Criminal dictó auto de detención con beneficio de excarcelación, pero que continuan ligados al proceso. La lista está conformada por Dimas Rincón, Jaime Casabianca, Telésforo Pedraza, Omar Mejía, Francisco Martínez, Guillermo Morales, Juan José Medina y Mario Upegui.
El tercer punto tiene que ver con los concejales a los cuales Lozano se abstuvo de dictar cualquier medida de aseguramiento, Es decir, que ni los cobija la cesación total de proceso ni tampoco la libertad provisional. Esta lista está conformada por Luis Bernardo Díaz, Fernando Tamayo, Armando Echeverry, Jorge Durán Silva, Fernando Sotomonte, Bernardo Ordónez, José Patino Parra, Ricaurte Lozada, Alvaro Pava Camelo, Jorge Munoz Pinzón, Marta Quiroz, Jorge Pastrán Pastrán, Marta Luna, Carlos González Vargas, Severo Correa, José Rozo Millán y Servando Parra. El cuarto punto sobre la decisión tomada por Lozano tiene que ver con Francisco Antonio Velásquez Bello, quien fue el único concejal que resultó con boleta de captura para ir a la cárcel de la Modelo. De acuerdo con la investigación adelantada por la Procuraduría General de la Nación, el concejal Velásquez Bello, suplente de Marta Luna, solicitó una partida de 20 millones de pesos que destinó para el Fondo de Becas Santiago Pérez Triana, Aportes, que en el momento de las indagaciones que realizaron los funcionarios del Ministerio Público, el concejal no pudo justificar en qué se invirtieron y por qué razón esos auxilios fueron cobrados por supuestos beneficiarios con numeros de cédulas que no correspondían a su identidad. El concejal tampoco logró aclarar en qué utilizaron esos dineros los supuestos beneficiarios. En la investigación Velásquez aceptó que sólo conoce a una de las personas que cobró varios cheques. Se trata de Luis Nelfor González, quien realizaba diligencias particulares en el Concejo. Con respecto a esos cheques girados el concejal aceptó que el monto ascendía a tres millones de pesos y que fueron cobrados para pagar varias partidas a los beneficiarios que escogió el Fondo Santiago Pérez. En su declaración ante el juez Lozano, el concejal Velásquez aseguró que cada uno de esos cheques cobrados tenían un soporte legal.
Sin embargo la sección de documentología del DAS y previo experticio grafológico, como consta en la providencia redactada por el juez 23 de Instrucción Criminal, Francisco Velásquez Bello fue el autor de siete de las firmas endosantes estampadas en el reverso de los cheques y simulando ser beneficiario de los títulos valores. Además de que falsificó de su puño y letra la firma del beneficiario, según la investigación adelantada por el Juzgado 23, los confirmó telefónicamente al Banco Internacional en la cuenta corriente a favor del Fondo Educativo Santiago Pérez Triana.
¿Qué llevó al juez 23 de Instrucción Criminal a cambiar su posición inicial y ablandarse al final hasta el punto de producir un fallo que implicaba un giro de 180 grados frente a su postura inicial? Una razón, tal vez la más importante, fue el pronunciamiento del fiscal general de la Nación, Gustavo de Greiff, a través del cual exoneró al procurador Carlos Gustavo Arrieta de la acusación que le formuló el conservador Juan Diego Jaramillo por haber avalado el pago de los auxilios decretados antes de la nueva Constitución y ejecutados principalmente por los ministros de Hacienda y Gobierno. En ese pronunciamiento, el Fiscal dejó en claro que los auxilios que se aprobaron para el presupuesto de 1991 son constitucionales y que la prohibición de los mismos rige solamente hacia el futuro, es decir, para los presupuestos aprobados en 1992. Y concluye que no es lo mismo "decretar" que "pagar" y que por lo tanto la actuación del procurador Carlos Gustavo Arrieta, quien autorizó el pago de auxilios nacionales en el momento en que la transición de la vieja a la nueva constituyente fue legal, así como la actuación de los ministros de Hacienda y Gobierno que autorizaron ese pago, previa vigilancia y estudio de las entidades benéficas a cargo de la Procuraduría no violaron ninguna disposición legal.
Ese pronunciamiento del Fiscal se hizo extensivo al caso de los auxilios en Bogotá. Por esa razón Lozano decretó la libertad provisional de Juan Martín Caicedo Ferrer y sus secretarios de Hacienda, Marcela Airó de Jaramillo y José Ignacio Betancur. Según reveló el propio juez, una vez que la Fiscalía General de la Nación decretó la constitucionalidad de los auxilios del presupuesto de 1991, tuvo que encaminar su investigación a determinar si los auxilios entregados por los concejales a las fundaciones habían sido bien o mal utilizados. "La providencia del Fiscal me frenó en seco. No con esto estoy diciendo que hubo un obstáculo; simplemente se cerró el círculo de la investigación y tenía que respetar esa dicisión jurídica", dijo a SEMANA el juez 23 de Instrucción Criminal.
Además, en el transcurso de la última etapa de la investigación ocurrieron dos hechos: uno, de los 1,680 millones girados a las fundaciones, 1,200 fueron bien utilizados. Dos, los 460 millones restantes que tuvieron un mal uso fueron devueltos en su totalidad por los concejales.
¿Cómo podía poner presos a unos concejales que reconocieron su culpabilidad, pero que devolvieron la totalidad de los dineros? Por esa razón separé en grupos la providencia. Los que utilizaron bien esos recursos quedaron por fuera del proceso. Quienes le dieron otra destinación a la plata pero la devolvieron, les dicté auto de detención con beneficio de excarcelación. Sólo uno no lo hizo y se comprobó que había falsificado documentos para apropiarse de una parte de la plata, por eso dicté auto de detención:", indicó César Tulio Lozano.
Es probable que este proceso sea la prueba de que la introducción del sistema de la fiscalía en el régimen judicial colombiano esté empezando a operar. El juez, como le ocurrirá en el futuro a todos los fiscales, tuvo que acogerse a los principios generales que en materia jurídica señaló su máximo jerarca. Pero el hecho real es que en todo este proceso hubo también algo de amnistía y no poco de benevolencia. No es absurdo, pues al fin y al cabo era un juicio más al pasado que al presente, y en el pasado la práctica de los auxilios fue más usual de lo que ahora se reconoce. Mediante ese sistema se sostuvieron la mayoría de las actividades políticas en los ultimos 30 años, y se puede afirmar que la sociedad en buena parte patrocinó este mecanismo, que poco a poco fue perdiendo su sentido original para adoptar visos de abierta irregularidad.
Lo que ocurre es que en el caso de los auxilios de Juan Martín Caicedo y los concejales de Bogotá había un ambiente casi de linchamiento. El inicio del proceso con el alcalde encarcelado hizo pensar que el plato fuerte vendría después. El propio juez, sin querer queriendo, dejó la sensación inequívoca entre los periodistas de que la mayoría de los concejales quedarían tras las rejas, y en el desarrollo de esa serie de expectativas hubo algunos inocentes que quedaron salpicados con el descrédito y algunos pillos que se salvaron. Pero independientemente de los resultados jurídicos de este proceso, lo que no deja duda es que el susto fue de tal magnitud que difícilmente alguien en el futuro se va a atrever a pagar auxilios, y eso es quizá lo que con mayor fuerza garantiza que habrá un cumpliento efectivo de la nueva prohibición constitucional.

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