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JUSTICIA PRIVADA

En forma galopante, las muertes colectivas a manos de misteriosos grupos aumentan en Colombia

13 de julio de 1987


La semana pasada el escenario fue el barrio Guayabal, en Medellín. A la una y media de la madrugada, siete pistoleros bajaron de dos automóviles frente a la tienda de Marta "La Gorda", en el callejón de El Bolo. Eran jóvenes vestidos --dicen los testigos--con "ropa florida de última moda". Todos llevaban capuchas, salvo el que daba las órdenes: un hombre alto de bigotico negro, pelo muy corto y gorra militar. Dijeron que venían para una requisa, y pusieron en fila contra la pared a los trasnochadores que jugaban dado y tomaban aguardiente. Algunos suplicaban: no les hicieron caso. Los acribillaron a plomo. Diez muertos, cuatro heridos.

Al día siguiente se repartieron por la ciudad hojas volantes firmadas por el grupo "Limpieza Total" (otras fuentes lo llaman "Amor a Medellín") en las que se anunciaban nuevos asesinatos y se daba la lista de dieciocho víctimas previamente escogidas. En su mayoría, pequeños hampones y delincuentes habituales con antecedentes policiales por tráfico y consumo de basuco y porte ilegal de armas. La operación continuaría --decían las hojas--"contra quienes atenten contra las buenas costumbres". Tres días más tarde aparecieron letreros en el Parque de Bolívar anunciando la muerte para los ladrones y los homosexuales, así como para los desempleados que suelen reunirse allí. Firmaba nuevamente "Amor a Medellín". Las autoridades de la ciudad, sin embargo, ponen en duda el que se trate de un "escuadrón de la muerte". Según el DOC (Departamento de Orden Ciudadano), lo de Guayabal fue un simple "ajuste de cuentas" entre bandas de hampones. "Una limpieza, pero no institucional", dijo a SEMANA un alto funcionario.

Limpiezas de sábado
Cuando una masacre semejante ocurrió en Chicago, en los años treinta, se llamó para siempre "la Noche de San Valentín" y partió en dos la historia criminal, policial y cinematográfica de Estados Unidos. En Colombia es rutina. Apenas sí levanta durante dos o tres días comentarios periodísticos. Porque si esta semana el escenario fue Medellín, otras veces ha sido Cali, o Bogotá, o Bucaramanga, o Armenia, o incluso Chiquinquirá, una población que hasta hace poco sólo registraba algún muerto ocasional entre los promeseros borrachos que visitan el santuario de la Virgen. Ahora Chiquinquirá forma parte del creciente número de ciudades colombianas en donde a diario aparecen cadáveres tirados en los potreros, en los lotes vacios, en las cunetas de la carretera.

Y el fenómeno no hace sino aumentar. Cada vez con más frecuencia las matanzas son colectivas y públicas, como la de esta semana en Medellín o como las famosas "limpiezas de los sábados" que empezaron en Cali a mediados del año 85. Caen delincuentes y habituales y pequeños comerciantes de basuco, prostitutas, travestis, mendigos, desempleados, ancianos, mujeres, niños: en el mismo Medellín, en la masacre del billar del barrio Bello Horizonte en diciembre del 85, fueron asesinados primero cuatro adolescentes, y al día siguiente en su velorio mataron a un niño más (porque también se ha generalizado la costumbre de terminar en los entierros un trabajo inconcluso). (Ver recuadro). Y esto no incluye casos como el de Barrancabermeja hace dos meses, porque no se trata de asesinatos políticos, sino de "limpiezas sociales". Dentro de las víctimas de la violencia actual en Colombia, los caídos por motivos estrictamente políticos (soldados o guerrilleros muertos en combate, dirigentes políticos asesinados) no representan más que un diez por ciento.

Sin embargo, las cuentas de la "justicia privada" no se llevan sino de manera aproximativa. Se sabe que en Armenia, en la primera semana de abril del año pasado, el grupo "Justiciero Implacable" se atribuyó quince muertos, todos ellos con antecedentes penales. Aparecían los cadáveres degollados con un cartel al cuello: "Lo maté por ladrón". Y el "Justiciero" precisaba que la misma suerte esperaba a "todos los que atenten contra la propiedad privada". En Aguachica, Cesar, durante la racha de sangre que desató "Terminator" hace un año, se recuperaron cincuenta cadáveres. "Pero suponemos que los desaparecidos son por lo menos el doble, arrojados al lecho de los rios", decía entonces el comandante de la Policía local. Todos eran, ellos también, delincuentes comunes. Nunca hubo detenidos. En Cali, cuando los trescientos asesinados (delincuentes en su mayoría, además de prostitutas y mendigos) del primer semestre del año pasado despertaron la inquietud de la Procuraduría, y la consiguiente denuncia pública del entonces procurador Carlos Jiménez Gómez contra el segundo comandante de la Policía Metropolitana y varios de sus agentes, las matanzas disminuyeron. Pero se trasladaron a Buga y Tuluá, firmadas por un grupo de nombre nuevo: "Bandera Negra". Este año, sin embargo, han vuelto a recrudecerse: desde el principio del año van quinientos asesinados en sólo Cali (ciudad que ya supera a Medellín en esa cuenta macabra), hasta el punto de que el Consejo Departamental de Seguridad acaba de decidir el nombramiento de jueces especiales para que den abasto, si no a las investigaciones, por lo menos al levantamiento de los cadáveres. Sumado todo el país, es probable que las víctimas de esta modalidad de asesinato superen las ciento cincuenta por mes.

Los responsables de estos crimenes (que en opinión de algunos son simplemente manifestaciones de la "justicia privada" para suplir las carencias de la justicia institucional) son una pléyade de grupos misteriosos de nombres cambiantes y pintorescos: Kankil, Escuadrón Limpieza, Mano Negra, Castigo a Informantes e Intermediarios Estafadores. (Ver recuadro). La Policía rara vez encuentra sospechosos, y se limita--como actualmente en Cali--a pedir un aumento de su pie de fuerza, o comenta--como en Medellín--que se trata de "ajustes de cuentas".

Cartas en el asunto
Sin embargo el rumor que corre, tanto en esas ciudades como en Bucaramanga y en Bogotá, es que todos esos "escuadrones de la muerte" están conformados por miembros "descorregidos" como los llamaba Jiménez Gómez) de la propia Policía. De la más grande de las matanzas de Cali, la que dejó 18 muertos en junio del 85, se dice que fue secuela de una fiesta de la Policía Metropolitana. Y sospechas de este estilo vienen a ser confirmadas por la decisión tomada la semana pasada por la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional de abrir pliego de cargos contra tres agentes caleños acusados de diez asesinatos cometidos entre agosto del 85 y abril del 86. Según confirmó a SEMANA el Procurador Delegado Omar Henry Velasco, esto es resultado de la investigación iniciada por Jiménez Gómez contra el segundo comandante coronel Ramos (asesinado más tarde en Bogotá por el M-19). Las investigaciones, dice Velasco, continúan. Y por supuesto las sanciones administrativas de la Procuraduría contra los agentes implicados (que hasta el momento de escribir este artículo no habían sido detenidos) no excluyen otras provenientes de la justicia penal.

No sólo la Procuraduría y los jueces han tomado cartas en el asunto, así haya sido lentamente y sin demasiada eficacia. En Cali, la propia Policía Metropolitana ha iniciado bajo la dirección de su comandante el coronel Oscar Eduardo Peláez una campaña de auto-depuración. Ciento cincuenta agentes han sido ya dados de baja--sin que ello excluya, nuevamente, investigaciones más profundas sobre algunos de ellos. Pero nada de esto ha bastado para poner coto a las matanzas. Estas no sólo continúan, sino que se muerden la cola: el coronel Ramos no es el único que ha muerto asesinado como consecuencia de su presunta participación en la "limpieza" de Cali; también fue acribillado luego uno de los cuatro agentes acusados en su compañía. Y sobre otros miembros de la Policía asesinados se rumora que la razón es la misma: en Cali no falta quien crea que "la Policía de Bogotá está mandando gente a Cali para limpiar a los limpiadores". En todo caso, los avances son mínimos con respecto a la magnitud del problema.

Este, por supuesto, no es nuevo. Hace cuatro años la revista SEMANA había dedicado ya una carátula al "Escuadrón de la Muerte" que operaba en Medellín, denunciado por el entonces procurador Jiménez Gómez. Hace diez se produjo la matanza del barrio Contador, en Bogotá, realizada por agentes del F-2 contra presuntos traficantes de droga. Y por esa misma época fue famoso el juicio seguido en Bogotá contra oficiales y agentes del mismo F-2 implicados en un "escuadrón de la muerte" que arrojaba al Salto de Tequendama los cadáveres de sus víctimas, también delincuentes habituales. Pero en los últimos tiempos--y en particular a raíz de la fundación del MAS--el fenómeno ha tenido un desarrollo galopante. Que sin duda es reflejo, por otra parte, del aumento desenfrenado del número de muertes violentas que se registran en Colombia--al margen, ya se dijo, de la violencia específicamente política.

En 1976, por las mismas fechas en que se juzgaba al Escuadrón de la Muerte del F-2, un congreso de criminología reunido en Bogotá publicó cifras que parecían insuperables: Colombia era el país en donde se cometían más homicidios per capita en el mundo, exceptuando aquellos que, por entonces, estaban en guerra. Hoy esas cifras, que eran aterradoras, se han más que quintuplicado. Según un estudio sobre Violencia (Homicidios) en Medellín y Colombia, publicado por la Universidad de Antioquia, el municipio de Medellín y el Ministerio de Justicia, en 1976 el 3.5 por ciento de las muertes de colombianos tenían por causa el homicidio. Cuatro años después, en 1980, la proporción había subido al doble: 7.9 por ciento. Y en otros cinco años (para el 85) había vuelto a duplicarse, en una progresión geométrica al parecer inatajable: 16.6 por ciento. Los datos son aún más escalofriantes si se excluyen categorías de edades de alta mortalidad por razones naturales (niños y ancianos). En 1976 el 16 por ciento de los muertos entre los 15 y los 44 años lo habían sido por asesinato. En 1985 el porcentaje había subido a un increíble 51 por ciento. Más de un fallecimiento de cada dos se produce en Colombia por tiro o puñalada. El país tiene una tasa de muertes por homicidio de 34.8 por cada cien mil habitantes, que en ciudades como Medellín y Cali supera el cien por cien mil. En Alemania, por ejemplo, es solamente del 1.2 por cada cien mil.

Esta situación se explica por un motivo fundamental--independiente de las disquisiciones que se pueda hacer sobre la naturaleza violenta de los colombianos, que son literatura, o sobre las condiciones de miseria o de injusticia social, que la comparación con otros países no comprueba. Ese motivo es la absoluta impunidad. El 95 por ciento de los delitos de sangre que se cometen no son castigados en Colombia. Impunidad institucional que, a su vez, genera en la ciudadanía una monstruosa benevolencia hacia las "sociedades de limpieza". Así lo ilustra una encuesta radial realizada el año pasado por la cadena Todelar en siete ciudades (Bogotá, Bucaramanga, Pereira, Montería, Medellín Manizales y Cali). Nada menos que un 73 por ciento de los interrogados declaró que el asesinato "profiláctico" de delincuentes comunes le parecía "una buena labor".

Las autoridades, evidentemente condenan con energía toda forma de justicia privada. Con motivo de la masacre de Guayabal, el alcalde de Medellín William Jaramillo declaraba a SEMANA: "Seremos implacables con quienes tomen justicia por sus propias manos". Pero en la práctica y como se refleja en el molondrismo de las investigaciones y en el total abandono, constante en todos los gobiernos de los últimos años, en que se deja a la administración de justicia, nada indica que el problema sea considerado prioritario. Ocasionalmente, por el contrario, los altos funcionarios hacen la apología de la "defensa propia", ya sea contra la subversión o contra la delincuencia común: bajo el gobierno de Turbay, el ministro de Defensa general Camacho Leyva recomendó explícitamente a los ciudadanos que pudieran hacerlo que se armaran para defenderse ellos mismos. Organizaciones como el "Kankil" de Cali, del cual se dice--obviamente sin pruebas--que está integrado por "niños bien" de la ciudad con asesoría militar, son la consecuencia casi directa de tales recomendaciones, y de la benevolencia generalizada. Por eso podía lamentarse hace tres años el entonces comandante de la Policía Metropolitana de Medellín, coronel Casadiego Torrado, comentando el acribillamiento público de ocho personas, entre ellas un niño de seis años, de que "elementos indeseables, no sé por qué motivo, se han movido con facilidad entre la gente decente de la ciudad".--

LAS MATANZAS
FECHA CIUDA MUERTOS HERIDOS
Diciembre 11 de 1983 Medellín 3 5
Diciembre 18 de 1983 Medellín 4 -
Diciembre 11 de 1985 Medellín 5 4
Diciembre 17 de 1985 Medellín 4 4
Abril 6 de 1986 Aguachica, Cesar 5 -
Junio 7 de 1986 Cali 19 8
Junio 15 de 1986 Cali 5 -
Septiembre 1 de 1986 Medellín 4 2
Septiembre 5 de 1986 Cali 21 4
Septiembre 7 de 1986 Cali 19 -
Septiembre 14 de 1986 Cali 10 -
Junio 7 de 1987 Medellín 10 5

LOS GRUPOS

CALI
Kankil, Escuadron limpieza de cali, Juventud Inconforme de cali, Los vengadores, Comandos verdes, Justiciero Implacable,
(Cali, Armenia), Bandera Negra ( Cali, Buga, Tuluá).

MEDELLIN
Limpieza Total, Amor a Medellín, Mano Negra, Muerte a Jaladores de Carros.

MAGDALENA MEDIO
Tiznados, Grillos, Muerte a Abigeos (MAOS), Menudos, Muerte a Invasores, Colaboradores y Patrocinadores (Maicopa), Castigo a Informante e Intermediarios Estafadores (Cafies), El Embrión, Prolimpieza del Valle del Magdalena Escuadrón Machete.

BUCARAMANGA
Terminator (Aguachica, Bucaramanga), Rambo, Movimiento Anticomunista Colombiano.

BOGOTA
El Justiciero, Plan Fantasma.

POPAYAN
Falange