JUSTOS POR PECADORES

La de Avianca la semana pasada podría ser la crónica de una decisión anunciada. Cuando el presidente de la compañía Orlando Cabrales dio a conocer la suspensión total de las operaciones de carga a los Estados Unidos, muy pocos conocedores del negocio del transporte aéreo en Colombia se sorprendieron. Desde hace varios años la aerolínea ha sufrido la persecución de las autoridades aduaneras de los Estados Unidos y en particular del Estado de La Florida que se empeñan, contra toda lógica y a contravía de los más elementales principios jurídicos aceptados universalmente, en responzabilizar al transportador por las implicaciones legales del contenido de la carga que se le encomienda.
Las multas que se le impusieron a la compañía por haberse hallado a bordo de su carguero 490 libras de cocaína, llenaron la copa de la aerolínea. Casi 17 millones de dólares, contando una cosa y otra, inclusive un impuesto del Estado de La Florida por US$2 millones, son mucho más de lo que una empresa privada del tercer mundo puede aguantar, sobre todo si se tiene en cuenta que sigue pendiendo sobre su cabeza la amenaza de multas adicionales. Por lo que parece, los directivos de Avianca se vieron abocados a una medida tan draconiana para salvar a la compañía de la liquidación. Pero eso no es todo. SEMANA pudo establecer que Avianca no descarta la posibilidad de suspender del todo su operación a los Estados Unidos de no modificarse la situación, pues si bien el mercado de carga es el campo abonado para el tráfico de drogas, no es improvable que en algún momento se encuentren en poder de algún pasajero unos kilos de cocaína que puedan extender el problema a los demás aviones de la empresa.
Lo más paradójico de la situación es que Avianca, desde que el problema del narcotráfico comenzó a adquirir las dimensiones que hoy tiene, no ahorró esfuerzos para evitar que sus aviones se convirtieran en vehículos para ese comercio ilícito. Pero al asumir, bajo la presión de los Estados Unidos, responsabilidades policivas que no le corresponden a aerolínea alguna en el mundo, se puso de carne de cañón frente a los norteamericanos. Desde 1985, cuando se produjo la primera detención de un jumbo carguero de Avianca en Miami, los funcionarios de la aerolínea debieron firmar, como requisito indispensable para obtener la devolución del avión, un insólito contrato por el cual Avianca se obligaba a responsabilizarse por la revisión y el control de la carga y casi a garantizar que allí no habría cocaína. Entre los desproporcionados esfuerzos que tuvo que empezar a desplegar, se importaron al país por 300 mil dólares los equipos de detección más sofisticados del mundo, se iniciaron procedimientos extraordinarios de control y se adelantaron investigaciones internas dirigidas a detectar a los empleados que pudieran estar implicados en el narcotráfico.
Pero a pesar de los esfuerzos, las detenciones de aviones y las multas continuaron. Y no faltó la cuota de sangre, puesta por el superintendente de carga Carlos Luna, un empleado de más de 20 años de servicios que fue asesinado por haber conducido las investigaciones sobre la cuestión del narcotráfico vía Avianca. Y lo peor es que el problema no parece tener solución. Hoy en día, los accesos a las rampas están más restringidos que nunca, los controles están en su punto más estricto, hasta los empleados son revisados, pero la situación está lejos de ser controlada. Muchos creen que el meollo de la cuestión es que no se puede separar el problema de Avianca del fenómeno general del narcotráfico, y que por más controles que se instalen, el flujo de cocaína no se podrá evitar, mientras el consumo en Estados Unidos siga creciendo.
El comercio exterior del país ha tenido que pagar los platos rotos de una situación que no controla. Para Avianca, el mercado carguero a Estados Unidos representa cerca del 70% de las operaciones, por lo que se considera improbable que la compañía siga prestando ese servicio, con aviones especializados, en las otras rutas que cubre. Los perjuicios que esa situación representen para el país están aún por evaluar, pero su importancia salta a la vista.
Al final de la semana, unas declaraciones de funcionarios no identificados de la aduana norteamericana, según los cuales Avianca no coopera en la revisión de sus aviones, llenó de indignación a los directivos de la empresa, que tienen en su poder innumerables constancias escritas del reconocimiento que el gobierno de Estados Unidos hace de los esfuerzos de la aerolínea colombiana por superar la difícil situación en que se encuentra. Pero como uno de ellos dijo a SEMANA, "los gringos con Avianca, ni rajan ni prestan el hacha".