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| 9/30/1996 12:00:00 AM

LA AGENDA VERDE

Por cuenta de los graves sucesos del Caquetá, los militares terminaron enfrentados a los medios, a los jueces y hasta al propio gobierno, y le pidieron al Congreso apoyar una agenda de cuatro puntos.

LA AGENDA VERDE LA AGENDA VERDE
Los congresistas miraban la escena con estupefacción. El ministro de Defensa Juan Carlos Esguerra estaba siendo duramente cuestionado por el almirante Holdan Delgado, comandante de las Fuerzas Militares, y por el general Harold Bedoya, comandante del Ejército. ¿El motivo? La acción de tutela que un juez del Caquetá falló en contra del Ejército y en favor de los campesinos cocaleros, y que obligaba a la Fuerza Pública a levantar las barricadas que impedían el paso de cerca de 20.000 campesinos hacia Florencia, la capital caqueteña. Mientras Esguerra le explicaba a los altos oficiales que aunque se tratara de una decisión judicial equivocada, había que acatarla, Bedoya afirmaba que no la aceptaba. "Por momentos, el tono de los oficiales con el Ministro me impactó", le dijo a SEMANA un senador liberal que había asistido a la cita, el miércoles en la noche en el Club Militar, convocada por el alto mando con un grupo de congresistas y con Esguerra, para examinar la situación de orden público, los problemas de las Fuerzas Militares y una serie de iniciativas legislativas que endurecen las normas de la lucha antisubversiva. "Los militares nos transmitieron el mensaje de que, aun sin el apoyo del gobierno, ellos quieren impulsar algunos proyectos de ley que consideran vitales para poder desarrollar su estrategia de guerra integral contra la guerrilla", explicó otro senador que asistió a la reunión y que al igual que su colega, prefirió mantener su nombre en reserva "porque se trató de una reunión privada".
Los cuatro puntos
La alta oficialidad se ha dedicado a empujar cuatro iniciativas y lo ha hecho a pesar de que el ministro Esguerra y el alto gobierno no han expresado claramente su respaldo a las mismas. La primera fue concertada hace algunos meses por los generales con un grupo de senadores encabezados por Germán Vargas Lleras. Busca otorgarle facultades de Policía Judicial a la Fuerza Pública en las zonas de orden público. Esta controvertida idea tiene opositores en el gabinete y en el Palacio de Nariño, y en cuanto al Ministro de Defensa, su despacho lleva varias semanas estudiando el asunto sin pronunciarse en términos definitivos. La segunda iniciativa de la que ya se conoce como la agenda militar, reviviría la posibilidad de que los militares juzguen a los civiles en determinados casos vinculados con el orden público. La tercera propuesta es la creación de una cuarta fuerza dentro de la organización militar, "una especie de guardia nacional o gendarmería" , según la describió una fuente del comando del Ejército. Lo que se buscaría con esta nueva fuerza sería enfrentar problemas como los que se están presentando con los cocaleros, por medio de un cuerpo especializado, "problemas que son distintos a la confrontación meramente militar en la que se especializa el Ejército, y distintos también de la labor de vigilancia en las poblaciones que presta la Policía" , agregó la fuente. El cuarto punto de la agenda es la probación del exigente presupuesto que los militares le han solicitado al equipo económico y al Congreso.
En tono mayor
El anterior episodio, desconocido para la opinión, ocurrió en medio de una crítica semana de roces entre el estamento militar y el poder y la sociedad civiles. La primera confrontación se desató el martes, cuando el general Bedoya y el comandante de la XII Brigada, general Néstor Ramírez Mejía, anunciaron que no darían cumplimiento al fallo del juez promiscuo de Albania, Caquetá, quien tuteló los derechos de los campesinos cocaleros que exigían que el Ejército les diera vía libre para marchar hacia Florencia. Bedoya argumentó que levantar las barricadas y controles que buscan evitar la toma cocalera de la capital caqueteña quebraría la estructura de mando de las Fuerzas Militares y llevaría al general Ramírez a incurrir en el delito de desobediencia a las órdenes del alto mando. Este asunto, que dio lugar al cruce de frases entre Bedoya y el Ministro de Defensa el miércoles en la noche en el Club Militar, no había sido resuelto al cierre de esta edición, y las puertas de un posible arresto de los generales Bedoya y Ramírez por desacato de una decisión judicial, estaban abiertas. Pero incluso si la decisión de tutela del juez de Albania se viene abajo en la instancia superior que revisa el caso, lo cierto es que el precedente marcado es por sí solo bastante grave. "Es claro que el juez se equivocó y que la tutela está mal aplicada -le dijo a SEMANA un funcionario civil del Ministerio de Defensa- pero también lo es que en un estado de derecho nadie puede desconocer las decisiones de un juez". Como si lo anterior no fuera ya bastante inquietante, el jueves la tensión entre la tropa y los campesinos cocaleros cerca de Florencia estalló de modo dramático. El más grave de todos los resultados de la refriega fue que 12 civiles resultaron heridos de bala, al parecer por disparos de los soldados. Además, decenas de campesinos fueron duramente golpeados por la tropa. Y en el más publicitado de todos los episodios, el camarógrafo Richard Vélez del noticiero de televisión Colombia 12 y 30, quien grabó las imágenes de una golpiza a uno de los campesinos, resultó a su vez brutalmente golpeado por los soldados que trataban con ello de hacerse a la cinta de video. Vélez registró con su cámara las botas de los uniformados que lo tiraron al suelo y lo lesionaron gravemente. La temperatura apenas si descendió un poco el viernes cuando el general Bedoya visitó al camarógrafo, trasladado la víspera a un hospital en Bogotá. El gesto generoso de Bedoya contrastó con sus declaraciones y en especial con las del general Ramírez. Ambos pusieron en duda que la grabación de Vélez y varios testimonios, fueran prueba de que los soldados lo habían golpeado. En una sola semana ha quedado en evidencia pues que los militares están haciendo lobby en el Congreso a espaldas del alto gobierno, que desconocen una decisión judicial y que pueden herir a bala a una docena de campesinos y golpear gravemente a un periodista sin que les pase nada. Todo lo anterior conforma un preocupante cuadro de endurecimiento general de la actitud de los militares, que no se daba en Colombia desde hacía muchos años. Aparte de las graves tensiones creadas por la movilización de los cocaleros -claramente impulsados por la guerrilla-, a esta elevación del tono de los militares ha contribuido sin duda la debilidad del gobierno del presidente Ernesto Samper, derivada de la crisis institucional. Es evidente que ni el primer mandatario ni su Ministro de Defensa se sienten lo suficientemente fuertes como para poner en cintura a los militares, algo que por sí solo basta para generar una situación de pronóstico reservado.

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