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| 12/19/2004 12:00:00 AM

La aventura de la reelección

El uribismo se la jugó para que el Presidente pueda repetir, pero subestimó los costos.

La aventura de la reelección La popularidad del presidente Álvaro Uribe sirvió para justificar la aprobación de la reelección. Sin embargo, el gobierno no invirtió esta popularidad en capacidad de negociación con el Congreso para sacar adelante reformas prioritarias para el país.
El 21 de noviembre el presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, volvió a decirle al país que no se debía personalizar la reelección presidencial. Pero lo que la mayoría de colombianos sabe es que si el nombre de Uribe no hubiera estado en el medio, el proyecto de reelección presidencial inmediata no habría copado la agenda política del año que termina.

No en vano, mientras estuvo en marcha el plan de recolección de firmas para que la reelección inmediata también se presentara como una iniciativa ciudadana, las personas que hacían largas filas para firmar lo hacían por su convicción con la gestión del Presidente. Y en la arena del Congreso, los gladiadores que salieron a defender a capa y espada la iniciativa fueron los uribistas 'purasangre'. Ellos, como todos los reeleccionistas, repitieron una y otra vez el mismo argumento: el reconocimiento popular a la gestión de Álvaro Uribe debe abrir paso a la posibilidad de que el primer mandatario compita nuevamente por el poder.

Sin embargo, "el temita ese", como en varias ocasiones se refirió a la reelección el presidente Uribe, ha tenido un costo considerable para la agenda prioritaria del gobierno. El trámite de la reelección en el Congreso reflejó una gran paradoja: a la vez que se apoyó en la popularidad más alta que ha tenido un Presidente en la historia de Colombia desde que existen las encuestas, evitó que el gobierno convirtiera esta popularidad en capacidad de negociación con el Congreso para sacar adelante lo fundamental.

En febrero de este año, el Ministro del Interior convocó la firma de un acuerdo político para agilizar el trámite legislativo de reformas económicas y de procesos de modernización del Estado y la justicia, pero como la mayoría de analistas lo previeron, este acuerdo terminó en nada. Las mesas de trabajo que conformaron los partidos para darle vida dejaron de funcionar a las pocas semanas, y la atención de sus miembros se distrajo cuando el Congreso empezó a discutir la reelección presidencial. Desde ese momento, en marzo de este año, esa se convirtió en la prioridad para los parlamentarios y para el gobierno.

Así lo evidencia la demora en la discusión de proyectos tan importantes para el país como la ley de mercado de valores, el Estatuto Orgánico del Presupuesto y la reforma pensional o el archivo de iniciativas como la Ley de Bancadas y la reforma tributaria. Después de enormes dificultades para aprobar la reforma pensional en primera vuelta y de postergar hasta el último momento su discusión en la plenaria del Senado, el gobierno no logró sacar adelante el texto que quería. La determinación de que el régimen de transición de pensiones y de los beneficios otorgados por convenciones colectivas de trabajo dure hasta 2010 (y no hasta 2007, como lo quería el gobierno) es un duro golpe a la posibilidad de reducir la megadeuda pensional del Estado. A esto se suma que la reforma tributaria terminó siendo retirada por el propio gobierno cuando los congresistas conservadores y de la oposición sacaron los colmillos y le pasaron la cuenta de cobro al Presidente por el hundimiento del estatuto de la oposición. Y es que mientras el gobierno descuidó el trámite de este estatuto, su bancada tampoco se comprometió con sacarlo adelante. El día en que este proyecto se iba a votar no se logró completar el quórum, menos aún cuando los senadores uribistas Claudia Blum, Ciro Ramírez y Mario Uribe se retiraron del recinto para conciliar el texto final de la reelección con sus colegas de la Cámara.

Paradójicamente, los conservadores, aliados del gobierno en el tema de la reelección, fueron quienes se opusieron con mayor fuerza a la reforma tributaria. Aunque en su cumbre anual en Paipa a comienzos de este año ya habían decidido oponerse a ampliar la tarifa del IVA, en noviembre aprovecharon la oportunidad que les dio la discusión del proyecto para medir sus fuerzas con el gobierno. El mensaje era claro: la bancada conservadora no es tan uribista como se cree, pero sigue siendo imprescindible para el gobierno, tal y como lo demostró durante este año.

Y lo que les generó malestar, así como a otros grupos parlamentarios que meses anteriores habían mostrado mayor lealtad hacia el gobierno y hacia la reelección, es que sintieron que el gobierno podría incumplirles algunos de los ofrecimientos que les hizo a cambio de su apoyo. Por eso decidieron notificarle que si quiere que la reelección avance, el Presidente tiene que cumplirles lo que les prometió. "Algunos conservadores han marcando distancia del gobierno, ante la eventualidad de que incumpla promesas como la de que el candidato vicepresidencial para 2006 sea del partido", dijo a SEMANA un parlamentario conservador.

En el caso de la bancada uribista, si bien el proyecto de reelección inmediata fue el punto de unión, también es claro que marcó tensiones y diferencias entre parlamentarios que la forman. Así, por ejemplo, la representante Sandra Ceballos -uribista acérrima- declaró su descontento porque el Presidente estaba llamando a su equipo de gobierno a personas que no lo habían acompañado en su campaña por la Presidencia. Otros, como la presidenta de la Cámara, Zulema Jattin, hicieron ver que su "optimismo" frente a Uribe había disminuido: "Hay un riesgo de que quienes ocupan los cargos públicos no compartan los principios de gobierno", dijo.

Como consecuencia de las presiones parlamentarias, uno de los costos más altos que tuvo la aventura de la reelección para la política colombiana, y para el gobierno en particular, fue la ruptura evidente con los principios de la meritocracia que defendió el presidente Uribe en campaña. El país percibió que en aras de que la reelección pasara en el Congreso, el gobierno estaba repartiendo puestos a diestra y siniestra a los parlamentarios. Escándalos como el cambio repentino de voto de Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, quienes salvaron el proyecto en la comisión primera de la Cámara; las denuncias de los nombramientos a familiares de parlamentarios en el servicio exterior o la puja de algunos congresistas por instituciones clave para el desarrollo económico como el Invías o Findeter fueron señales de que la anunciada revolución en las relaciones entre poder ejecutivo y el legislativo quedó a medio camino. Allí no sólo el presidente Uribe sino el país perdieron la oportunidad histórica de golpear una de las principales fuentes de corrupción.

Las percepciones de que el gobierno Uribe cedió a la política al menudeo explican en parte que en el segundo semestre de 2004, el presidente Uribe bajara seis puntos en las encuestas. Una encuesta contratada en junio por SEMANA mostró que si las elecciones hubieran sido en ese momento el 71 por ciento de los colombianos habría reelegido a Uribe y 70 por ciento estaba de acuerdo con su gestión. Para septiembre el apoyo a su gobierno cayó al 63 por ciento. Sin embargo, esta cifra sigue reflejando un altísimo apoyo para un mandatario que lleva más de dos años en el poder.

Pero aunque es innegable que el trámite de la reelección frenó el ímpetu innovador del gobierno, hay que reconocer que también contribuyó al entusiasmo político y una redefinición ideológica. Sin duda, este fue el año del destape. En marzo, por fin, el Presidente reconoció al aire, en medio de una entrevista radial de RCN, que creía que su gestión no era flor de un día. Y por la misma época el ministro del Interior, Sabas Pretelt, motivó al Congreso para eliminar el artículo de la Constitución de 1991 que prohíbe la reelección presidencial.

El destape gubernamental frente a la reelección delimitó las fronteras de las fuerzas políticas del país. Por eso, 2004 también fue el año de una oposición fortalecida. El Polo Democrático, el oficialismo liberal y bancadas como Alternativa Democrática y el conservatismo pastranista marcaron su distancia con la reelección y de paso aprovecharon la coyuntura para criticar conjuntamente las estrategias que, como la seguridad democrática, son parte central del mandato de Uribe.

De ahí también que, excepto algunos parlamentarios y políticos que aún se mueven en el terreno fangoso que hay entre el liberalismo oficialista y el apoyo al Presidente, las tensiones alrededor de la reelección permitieron que el mundo político se definiera entre uribistas y antirreeleccionistas. Y ese alinderamiento estuvo acompañado por la opinión activa de académicos, medios de comunicación y ex presidentes. De alguna forma, positiva claro, los colombianos volvieron a agarrarle el gusto a la política y se replantearon cuáles son las reglas esenciales de la democracia, y cuáles son sus visiones de equidad, libertad y seguridad. Todo el año abundaron los talleres, las conferencias y los foros políticos con amplia participación.

En política, 2004 fue el año de la reelección. Y aunque el Congreso podrá dedicarse a otras prioridades, lo más probable es que 2005 lo siga siendo. No sólo porque se definirán las campañas a Congreso y las candidaturas presidenciales, sino también porque ronda la incertidumbre de si la Corte Constitucional le dará vía libre o no.

* Editora política de SEMANA

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