La cárcel no es la solución

De entrada hay que diferenciar dos tipos de herramientas: aquellas propias de un modelo de justicia transicional y las de justicia ordinaria que se deben robustecer cuando el país empiece a recorrer esos emocionantes y desconocidos parajes del posconflicto. La primera, en efecto, permite recorrer el puente hacia la paz, mientras que la segunda logrará que sea un camino sin retorno.

Ahora bien, para hacer la transición se requiere tanto un esquema retributivo como uno restaurativo. Se necesita tanto el castigo como la restauración de la sociedad. Y no es que sean excluyentes: los dos se complementan y son indispensables para lograr que el proceso de paz no se edifique sobre barriles de pólvora, de resentimiento y frustración, que pudieran estallar en el resurgimiento del conflicto.

Por ello, lo que se ha negociado en La Habana plantea un diseño en el que hay castigos, pero en el que también hay medidas que apuntan a la restauración de los individuos y de la sociedad como el esclarecimiento de la verdad y la reparación a las víctimas.

La discusión sobre los distintos castigos a imponer no debe llevar a confundir barrotes con justicia: la ausencia de cárcel no es impunidad. De hecho, en años recientes se ha cuestionado la capacidad de las prisiones para resocializar a los criminales, objetivo que debe ser primordial si se quiere evitar la repetición del conflicto.

Una vez Colombia empiece a entrar en una etapa de posconflicto, se debe tener presente que la criminalidad puede incrementarse en las ciudades. Al menos eso ocurrió en otros países que han enfrentado situaciones similares. Hay que invertir en modernizar las herramientas tecnológicas para mejorar la respuesta de las autoridades y, también, para optimizar la capacidad investigativa de los operadores judiciales. Es mucho más disuasivo que la justicia funcione –y funcione bien– que incrementar el pie de fuerza o aumentar las penas.

La ausencia de Estado en varias regiones del país exacerbó el conflicto en principio. Por eso, además de abrir nuevos espacios de participación para que la gente recupere la confianza, es necesario llenar ese vacío acercando la justicia al ciudadano. Para lograrlo, no es indispensable nombrar más jueces: se podrían fortalecer los mecanismos alternativos de solución de controversias, como la conciliación o los jueces de paz, que proveen soluciones efectivas de justicia para que las personas solucionen sus diferencias por la vía dialogada. La mejor prevención de la violencia es que los ciudadanos puedan hacer valer sus derechos a través de las instituciones.

No es posible ni deseable erradicar los conflictos en la sociedad; xmuchas veces se necesitan para generar las grandes transformaciones. Pero si logramos desescalarlos para que no terminen en respuestas violentas, ahí podremos afirmar, sin temor a equivocarnos, que Colombia se encuentra en tránsito hacia la reconciliación.

*Exviceministro de Justicia

Para tener en cuenta

A diciembre de 2014, el sistema penal acusatorio tenía 1.716.147 noticias criminales acumuladas (denuncias, querellas, investigaciones y capturas en flagrancia).

Los delitos más comunes son: tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (31 por ciento), hurto a personas (16 por ciento), lesiones personales (8 por ciento), fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas (6 por ciento), y violencia intrafamiliar (5 por ciento).

El hacinamiento carcelario en Colombia es de 53 por ciento. Hay 40.000 presos hacinados.

La cárcel de Riohacha es la más hacinada del país. Excede su capacidad en un 545 por ciento.

Tres de cada 100 presos vuelven a la cárcel.