La CIDH reconoce trabajo de la Unidad para las Víctimas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó en su informe anual de 2020 un reconocimiento a las buenas prácticas que maneja la Unidad para Atención y Reparación Integral de Víctimas, en el cumplimiento de soluciones amistosas entre el Estado colombiano y representantes de víctimas.

La CIDH, con sede en Washington, destacó en ese reporte la labor de la entidad en un caso ocurrido en un barrio de Medellín, en el año 2002, en el cual perdió la vida una mujer y resultó lesionada su hija.

La Unidad dio cumplimiento a la solución amistosa mediante el reconocimiento como víctima en el Registro Único de Víctimas (RUV) de la víctima y su familia, así como la orientación y acompañamiento institucional para garantizar el acceso a los planes, programas y proyectos que en materia de asistencia, atención y reparación integral.

El caso fue conocido por la CIDH, que recomendó al Estado colombiano “realizar un acompañamiento a las víctimas del presente caso, con el fin de que logren acceso a los planes, programas y proyectos en materia de reparación, que ofrece el Estado colombiano, mediante el modelo de atención, asistencia y reparación integral de las víctimas, implementado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas”.

El cumplimiento de lo acordado con la CIDH fue liderado por la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad para las Víctimas, labor en la que el organismo multilateral destacó el modelo de atención y asistencia implementado para acceder a planes, programas y proyectos en materia de reparación.

“La Comisión observa que el Estado aportó documentación a través de la cual se pudo corroborar el cumplimiento total de la cláusula 2 del acuerdo de solución amistosa”, señaló el informe de la CIDH, que compila la situación de derechos humanos de los países que hacen parte de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Al respecto, la Unidad para las Víctimas reiteró el compromiso del gobierno nacional en la implementación de las medidas que permitan la materialización de los derechos a las víctimas a una reparación integral.