LA CLAVE

Los documentos que le permitieron a la oficina de investigaciones especiales de la
Procuraduría tener claridad sobre la participación de miembros del Ejército en la masacre de Mapiripán entre el
15 y 20 de junio de 1997, en la que murieron siete personas y desaparecieron cerca de 50, fueron elaborados
por la dirección antinarcóticos de la Policía. El principal señalado es el coronel Lino Sánchez, en ese entonces
comandante encargado de la Brigada Móvil Dos del Ejército en San José del Guaviare.
En el primer documento se afirma que el 18 de junio de 1997 dos oficiales de la Policía y un agente de la DEA
se presentaron a la Brigada Móvil para pedir ayuda para la operación 'Zafiro'. Fueron atendidos por un coronel
que les dijo que era imposible apoyarlos porque la brigada se encontraba en una operación
antisubversiva.
Según el informe el 21 de junio, después de terminar la operación Zafiro, a las 10 de la noche, apareció en la
base antinarcóticos de San José del Guaviare el mismo oficial del Ejército vestido de civil. En la investigación
se estableció que visitó al comandante que dirigió los operativos, averiguó por sus resultados y, finalmente,
indagó por la opinión sobre los paramilitares. Ese oficial, dice el escrito, aseguró que ambos combatían a la
guerrilla y que "la intención era aprovechar la operación que había desarrollado antinarcóticos para introducir
autodefensas en el área pero que a última hora se había presentado un inconveniente". El agente de
antinarcóticos, según la investigación, rechazó las propuestas y manifestó que tanto paramilitares como
guerrilla eran la misma cosa y había que combatirlas por igual. El militar salió de la base no sin antes
advertir que lo tratado quedaría entre ellos.
Como los oficiales de la Policía no tenían claro de quién se trataba decidieron averiguarlo. En el segundo
informe, del 14 de enero de 1998, los investigadores confirmaron que el militar era el coronel Lino Sánchez.
Frente a las acusaciones Sánchez argumentó que para esa fecha sus hombres se encontraban en
reentrenamiento en la base de Barrancón, preparándose para una operación con la que se pretendía dar con
el secretariado de las Farc, y que no se entrevistó con ningún oficial de la Policía. Además negó haber
ayudado a los 150 paramilitares que aterrizaron en San José del Guaviare.
Sin embargo la Procuraduría corroboró lo expuesto en los documentos de la Policía y envió las pruebas a
la Fiscalía para que continúe la investigación contra Sánchez por su presunta participación activa en la
masacre. El problema es que esta investigación, en la que también están involucrados el general Jaime
H.Uscátegui y el coronel Hernán Orozco, pasó a la justicia penal militar por decisión del Consejo Superior de
la Judicatura. Y será a un juez militar a quien le tocará evaluar las nuevas denuncias , corroboradas por la
Procuraduría. Pese a eso, la suerte de Sánchez sigue en manos de la Fiscalía porque la decisión del Consejo
de la Judicatura no lo cobijó. Para los investigadores es la pieza clave que permitiría establecer quiénes la
perpetraron y cómo fue la masacre de Mapiripán.