La Constituyente: ¿El camino de la paz?

Por Horacio Serpa Uribe
Son notables los esfuerzos que en cada momento se hacen desde el Gobierno por volver eficaz la labor de administrar justicia. Sobre todo en el área de lo criminal, donde impera la impunidad a cuya sombra crece el delito. Pero los resultados han sido siempre los mismos: más crisis, más inoperancia, más ilegalidad, más delincuentes andando por la calle como Pedro por su casa. No me refiero específicamente a las nuevas medidas, que ojalá resulten, ya que corresponden a una preocupación sentida de Gobierno y jueces, pero mucho me temo que frente a la inoperancia del sistema, sea preciso modificarlos en su estructura so pena de que nos mantengamos en las mismas.
Sin aludir a lo civil y laboral, que requieren fundamentales modificaciones para su operabilidad oportuna, es claro que en lo penal se requieren recursos, mejoramiento de la policía judicial, ciencia, técnica al servicio de los investigadores, una apropiada formación para ellos y de su parte como de los juzgadores una gran decisión y un gran carácter que les permita hacer frente al reto de derrotar al delito. Pero debe concebirse un modelo diferente que entrañe un auténtico "revolcón", como la creación de los jueces de paz que aplicarían una justicia ágil, equitativa y descongestionadora en los conflictos menores y abocarían todas las areas, y la experiencia tantas veces buscada al régimen acusatorio, con Fisócal General incluido pero sin ese perfil de gran inquisidor que se le quiere atribuir para "salvar a Colombia". Mantener lo que hay a fuerza de reformas, no ofrece garantías, sobre todo porque se perdió confianza en el sistema.
La eliminación de la cooptación y la paridad en las altas corporaciones se impone, y el fortalecimiento de la carrera y el consejo para que la administre, pero en la nueva modalidad, para salir de este problema enorme del imperio del crimen, tan vinculado al orden público nacional, afectado como nunca por la deplorable acción de delincuentes comunes, guerrilleros, paramilitares, narcoterroristas y la propia autoridad que en algunos niveles abusa irresponsablemente de sus funciones y en actividades arbitrarias profundiza la crisis de la violencia.
El Ministerio Público sí es útil. Utilísimo. Más en este estado de desconfianza general, de enfrentamiento atroz y de actitudes descompuestas, corrompidas y atrabiliarias. Hay que hacerlo ágil también en sus actuaciones y brindarle la confianza de que en lo disciplinario pueda actuar, con procurador elegido por el pueblo, dentro del criterio de "verdad sabida y buena fe guardada", para que la administración pública deje de ser el refugio de irresponsables y bribones.
Así como la pronta y eficaz administración de justicia evita conflictos entre los particulares y en lo penal frena y desestimula el crimen, un sistema auténticamente democrático con participación ciudadana (plebiscito, referéndum, iniciativa legislativa ciudadana, revocatoria del mandato, elección de más funcionarios, fortalecimiento de las juntas administradoras y de la consulta local, por ejemplo", y un clima de auténticas garantías a todas las ideologías para el ejercicio de la actividad política, brinda la oportunidad de lograr concretas instancias de entendimiento con la sedición y descalifica absolutamente todas las expresiones de repulsa armada con explicaciones políticas o sociales, que no podían seguir pretextando el uso de los fusiles en la ausencia de garantías para la lucha democrática por el poder público.
Tengo para mí que la Constituyente es como una especie de gran tratado de paz entre los colombianos, y que su función principal debe dirigirse a la búsqueda de la convivencia. No pretendo que el Estado la encuentre solo mediante formulaciones políticas. Sin duda ha de estar preparado para chocar contra quienes no acojan las bondades democráticas del sistema, con medios adecuados, pero también con procedimientos adecuados que a la ciudadanía generan confianza y seguridad en sus autoridades.
Es claro que a este propósito han de modificarse inconvenientes estructuras desactualizadas, inoperantes o envilecidas, como el estado de sitio, que requiere cambios en su concepción y desarrollo. Ni facultades extraordinarias indefinidas, ni suspensión de las más sagradas garantías individuales, ni ausencia de control político frente a las medidas. Autorizaciones sí, para hacer frente a la situación de urgencia, que no podrán nunca desbordar como algunos quisieran los esenciales elementos del estado social de derecho que se justifica crear en la Gran Asamblea.
En suma, participo del anhelo de un régimen de libertades y garantías en un Estado providente y creador, aliado, no contradictor del ciudadano, desarrollanódo sus funciones en un clima convivente donde sea dable dilucidar las dificultades políticas civilizadamente. Las armás, sólo en manos del Estado, para ser utilizadas legítimamente; los jueces y fiscales asegurando la estabilidad democrática con determinaciones sabias, justas y oportunas; y los ciudadanos participando y decidiendo sobre los más sobresalientes asuntos públicos pudiendo gozar del ejercicio pleno de sus derechos políticos, económicos y sociales, sin angustias ni sobresaltos. No es una utopía. Sólo el resultado de un interés patriótico por lograr que la Constituyente siente las bases ¡para vivir de otra manera!

Por Rodrigo Lloreda Caicedo
Colombia se ha convertido en uno de los países más violentos del mundo. Resulta doloóroso contemplar día a día la muerte de miles de compatriotas en medio de los fuegos cruzados de tantas formas de violencia.
Considero que las principales acciones para enfrentar fenómenos como la subversión o el narcotrafico, corresponden a la órbita del Ejecutivo. En definitiva es el Gobierno el que debe decidir las políticas globales y los medios para desactivar los conflictos, recuperar el monopolio de la fuerza y extender la soberanía del Estado a todo el territorio nacional. Pienso, sin embargo, que la Asamblea Constituyente debe contribuir a establecer caminos que conduzcan al logro de la paz, especialmente mediante formulación de acciones enérgicas y decididas para corregir las desigualdades económicas, las imperfecciones de nuestra democracia y las numerosas fallas de nuestro sistema judicial.
La Constituyente debe servir para transformar un Estado que es ineficiente, clientelista y alcabalero: aportar herramientas eficaces para facilitar el reingreso de los alzados en armas a la vida civil; y crear espacios y mecanismos que amplíen la participación de la comunidad en las decisiones del Estado, consagrando figuras como el referéndum o el plebiscito. Al mismo tiempo, debe adoptar fórmulas como la circunscripción nacional que amplíen y perfeccionen nuestra democracia y permitan una efectiva participación a los grupos minoritarios. En esta materia, la Constituyente debe crear un Estatuto de la Oposición que consagre la carrera administrativa y garantice el acceso a los medios de comunicación del Estado.
En diferentes sectores de la opinión surge el interrogante de si la Asamblea Constituyente debe ocuparse o no de la extradición. Yo no tengo prejuicios sobre esa materia. He manifestado en numerosas ocasiones que soy contrario a que los colombianos sean juzgados en el exterior, entre otras razones porque en el caso de Estados Unidos sabemos con claridad que no se les juzga imparcialmente. Sin embargo, considero que la extradición tampoco es un tema de reforma constitucional sino más bien de política de gobierno.
Por el contrario, es tema capital de la Constituyente el de la justicia. Los delincuentes de toda índole, que han creado pánico y zozobra en Colombia durante los últimos 20 años, se han dedicado a ganar sus batallas allí donde nuestras instituciones son más débiles: en los estrados judiciales. Nuestro sistema judicial regido por normas de procedimiento engorrosas y desconectadas de la realidadno sirve para enfrentar el delito organizado, entre otras cosas porque no está hecho para hacerlo.
Por eso considero que cualquier intento de reforma que se emprenda en Colombia debe tener su columna vertebral en el mejoramiento del servicio de justicia. Todos los esfuerzos que hagamos para mejorar la política, sanear el Congreso y proteger a la gente en sus derechos, caerá en terreno estéril, si no hay justicia.
He presentado varias iniciativas para fortalecer nuestro Sistema Judicial por vía de la Reforma Constitucional.
En principio creo que debemos cambiar de mentalidad. Olvidarnos de la idolatría por los procedimientos y por el texto escrito que tanto hemos padecido.
Hasta ahora nuestros jueces acumulan papeles y testimonios pero no siguen adelante con las investigaciones porque no cuentan con los elementos ni con los recursos necesarios para allegar pruebas. Considero que esto se debe cambiar por un mecanismo de justicia que libere a los jueces de la doble carga de investigar y juzgar. Para lograrlo, considero importante establecer el sistema acusatorio, crear la figura del Fiscal General, encargado de investigar, allegar pruebas y testimonios para que los jueces, con suficientes elementos de juicio, puedan tomar sus decisiones.
El macabro balance de asesinatos, atentados, intimidaciones y otros hechos dolorosos que hemos vivido en los últimos años, nos ha enseñado que otra prioridad en esta materia es ofrecer verdadera proteccin a los jueces. Yo he propuesto desde mi campaña presidencial la creación de la figura de los "jueces sin rostro", que consiste en que los jueces y funcionarios judiciales, que asuman competencia sobre delitos como el terrorismo, el narcotráfico y el secuestro, puedan conservar en secreto su identidad.
Por último, propongo que para atender los múltiples e inaplazables requerimientos y necesidades de un aparato judicial ágil y moderno, se establezca, en la Constitución, la obligatoriedad de que se destine a la justicia, como mínimo el cinco por ciento del presupuesto nacional.
Una de las más graves manifestaciones de la crisis que afecta al país es que hasta ahora, millones de colombianos se hayan resignado a vivir sin justicia.
Más sorprendente y grave aun es que tantos dirigentes lo hayan hecho o incluso que consideren que las actuales reglas constitucionales sobre lajusticia son adecuadas para superar la crisis. La Constituyente no sólo debe ser el escenario para corregir este grave error.