¿Arrancó la ‘mermeladapolítica’ en la Corte?

Cuando el senador Álvaro Uribe denunció la compra de la reelección del presidente Juan Manuel Santos a punta de cuotas burocráticas, pocos le creyeron. Muchos pensaron que se trataba de un berrinche por la derrota en las urnas, que no tenía fondo alguno de certeza. Pero ese pataleo algo de cierto parece tener, según lo viene estableciendo la Corte Suprema de Justicia.

Desde el uribismo comenzaron a llamar ‘mermelada’ esas cuotas. Y desde distintas orillas, se aseguraba que nada pasaría porque repartir cupos indicativos, o como quisiera llamársele, era una costumbre que no se podía considerar un delito.

Pero es posible que en la Corte Suprema lo vean de otra manera. Semana.com conoció una orden de servicios del alto tribunal en la que se exige información de 250 dirigentes y exdirigentes, algunos de ellos actuales ministros, que ejercieron la función congresional y que podrían tener o no los dedos untados con la ‘mermelada’ que tanto le han enrostrado a la administración Santos. Según el uribismo, fueron 1.968 los cargos con los que el Gobierno pretendió comprar las conciencias de varios dirigentes.

La historia se comenzó a escribir en septiembre del 2014, cuando el expresidente Uribe hizo eco de la denuncia que presentó el senador del Centro Democrático Ernesto Macías ante la Comisión de Acusación de la Cámara. El dirigente entregó una lista de integrantes de diversos partidos –algunos que ni siquiera integraban la coalición de Gobierno– que habrían recibido los favores del Ejecutivo.

La Corte recibió traslado de esas denuncias. Ahora se apresta a establecer si esas ayudas, favores, cupos, auxilios o cuotas clientelares suponen o no una conducta delictiva. La indagación está muy avanzada y está próxima a dar sus primeros frutos.

El presidente del Legislativo, Luis Fernando Velasco,  además de los senadores Roy Barreras, Germán Varón, Hernán Andrade, Efraín Cepeda, Efraín Torrado y Juan  Manuel Galán son sólo algunos de los actuales parlamentarios que encabezan esa orden de trabajo de la Corte, rotulada con el número 42470. También hacen parte el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y el gobernador encargado de Cundinamarca, Guillermo Rivera.

Familiares, coequiperos de campaña, amigos y otras personas cercanas a estos políticos habrían sido ubicados en diferentes cargos estatales, supuestamente como contraprestación a su apoyo a la agenda legislativa del Gobierno.

La Corte Suprema, luego de una primera depuración, empezó a seguirles la pista a los nombramientos de funcionarios en diversas entidades del orden nacional y algunos organismos descentralizados.

El SENA, el Banco Agrario, el Inpec, el Ministerio de Salud, la Red Postal 4-72 y la Superintendencia de Sociedades son algunas de las entidades en las que la Sala Penal del alto tribunal ha centrado su atención, a través de las distintas inspecciones.

Varios de los nombramientos y contrataciones establecidos en los últimos meses están en la lupa  de la Corte, que busca encontrar alguna conexidad con los supuestos favorecimientos que el uribismo pretende atribuir a Santos y a sus aspiraciones políticas.

De hecho, la Corte ha venido emitiendo varias órdenes de trabajo en las que busca establecer si funcionarios de entidades como el Sena, el Inpec o el Banco Agrario tienen algún vínculo con legisladores en ejercicio y exparlamentarios supuestamente ‘enmermelados’ por la administración Santos, en aras de lo que algunos llaman ‘gobernabilidad’.

Lo que más sorprende de esta interminable lista es encontrar los nombres de personas retiradas de la función legislativa desde hace tiempo, como la actual candidata a la Gobernación de Cundinamarca Nancy Patricia Gutiérrez y los exsenadores Dilian Francisca Toro, Piedad Zuccardi, Alfonso Prada y hasta Javier Cáceres.

Y si bien ninguno de estos dirigentes tiene un proceso formal que se haya abierto en su contra, fuentes consultadas por este portal indican que hay varios nombramientos que parecen tener sus ingredientes de mermelada.

Un estudio de trazabilidad –un método investigativo que permite seguir la evolución de los acontecimientos y establecer el origen de ellos– ha dado como resultado que ciertos de los favorecidos con los nombramientos han sido aportantes de campañas electorales o han tenido vínculos familiares o de amistad con algunos de los que integran la lista.

Corresponderá a la Corte establecer si se trata de simples e incómodas coincidencias o, en últimas, si le da la razón al uribismo, que encendió el ventilador con estas denuncias, que muchos creyeron infundadas.