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PORTADA
La crisis de la cúpula de la Justicia
Escándalo tras escándalo, las altas cortes atraviesan su peor momento en muchos años. Y todo puede empeorar.
8 de junio de 2013
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Así como las aventuras de Bill Clinton en la Casa Blanca necesitaron una practicante para convertirse en escándalo y el programa de Agro Ingreso Seguro solo desató la ira cuando apareció una reina de belleza, se necesitó que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Ruth Marina Díaz, tomara un crucero de lujo para poner al descubierto la crisis que está viviendo la cúpula de la Justicia.
Gracias al paseo de la magistrada por el Caribe, el país se enteró de que los miembros de las cortes gozan de un extravagante sistema de permisos. Tienen ‘derecho’ a tomarse cinco días hábiles cada mes. Si se sacan cuentas, de los 365 días del año podrían trabajar solo 176. El episodio rebosó la copa de un sector de la opinión pública ya cansada de oír en los dos últimos años todo tipo de anomalías en las cuatro altas cortes: la Suprema, el Consejo de Estado, el Consejo de la Judicatura y en menor medida la Corte Constitucional.
Hay algo de injusticia en que le haya tocado a Ruth Marina Díaz cargar, sola, con todo el escarnio público. Ese permiso, si bien es indignante, es una tradición desde hace 35 años, consignado en un decreto, y es posible que lo hayan utilizado si no todos, la gran mayoría de magistrados de las cortes y tribunales del país.
Este episodio podría marcar un punto de quiebre simbólico entre la época de oro de las cortes –con la tutela, el caso de la parapolítica y la caída de la segunda reelección presidencial– y una era de crisis en la cúpula de la rama judicial.
El primer síntoma fue el carrusel de las pensiones de las cortes. En febrero de 2011, esta revista denunció cómo magistrados de la sala disciplinaria del Consejo de la Judicatura daban ‘palomitas’, como magistrados auxiliares, a juristas a punto de pensionarse para que pudieran multiplicar sus mesadas. Un juez, con la ‘ayudita’ convertía como por arte de magia una pensión de 3 millones de pesos en una de 13 millones. El año pasado, la Contraloría llamó a juicio fiscal a 21 magistrados y exmagistrados por 70 de esos nombramientos.
Luego, vino el escándalo por la reforma a la Justicia, una de las debacles políticas más contundentes de los últimos tiempos. La Corte Suprema y el Consejo de Estado se habían mantenido reacios a aceptar la reforma pero, de un momento a otro, dieron una voltereta y aceptaron el orangután cuando les ofrecieron la gabela de ampliarles el periodo como magistrados de ocho a 12 años y la edad de retiro de 65 a 70 años.
La presión de los medios y de la opinión fue tal que el gobierno tuvo que tomar un atajo para echar atrás el esperpento. El estándar de las cortes bajó a la altura de las peores maromas del Congreso.
La caída de la reforma no produjo ningún escarmiento en las cortes. Por el contrario, algunos magistrados quisieron aplicarla a su manera: unos, a los que se les acabó el periodo de ocho años en la Corte Suprema (Francisco Ricaurte y Pedro Munar) en una especie de carrusel se hicieron ‘reelegir’ en otra alta corte, y otros (como William Giraldo, del Consejo de Estado) a punta de tutelas se trataron de atornillar al puesto a pesar de que les llegó la edad de retiro forzoso.
Como si lo anterior fuera poco, en los últimos meses las cortes también han ‘brillado’ por dos casos de clientelismo judicial. Primero, la Corte Suprema eligió a Alejandro Ordóñez como candidato a la Procuraduría saltándose la convocatoria pública y dejando en evidencia ‘favores cruzados’: en su momento se reveló que el procurador Ordóñez había nombrado a 22 amigos y familiares de magistrados de las altas cortes.
Y luego, el Consejo de Estado, en un trámite no muy transparente, puso en la terna para magistrado de la Corte Constitucional al cuestionado Alberto Rojas Ríos. El mismo que hoy es flamante magistrado a pesar de que los medios advirtieron sobre anomalías y pruebas que han salido en su carrera profesional y que podrían configurar hasta delitos.
Todas esas circunstancias han dado pie a unas cortes –o mejor a varios de sus magistrados– más fogueados en la política que en la juriprudencia. Con el agravante de que se les contagian no necesariamente las virtudes de la política sino los vicios. Una de las expresiones de ese viraje, por ejemplo, es lo difícil que se ha vuelto, en cada corte, elegir a sus compañeros magistrados. En la Corte Suprema no han podido ponerse de acuerdo para llenar cinco vacantes. La más antigua fue la que dejó Jaime Arrubla en marzo del año pasado y las sesiones de votación para su reemplazo se han convertido en un cataclismo para la propia Corte (ver intertítulo más abajo).
El caso del Consejo de Estado es aún más dramático: la elección de un magistrado de la sección quinta se demoró dos años. En el entretanto, se dieron eventos entre trágicos y cómicos. A uno de los candidatos lo nombraron auditor y casi alcanza a regresar para la elección, a otro lo eligieron gobernador del Cauca y uno más, lamentablemente, murió esperando.
La dificultad para elegirlos tiene que ver con que cada vez más priman criterios políticos o de rosca a la hora de elegir a los magistrados. El muñequeo tiende a provocar parálisis en las cortes y en ciertos casos las vacantes hacen casi imposible tener el quórum necesario para las decisiones importantes, lo cual paraliza aún más la Justicia. En la Corte Suprema, por ejemplo, se necesitan mínimo 16 votos en sala plena y hoy, contando las vacantes y los que están de viaje, no se llega a ese número.
Eso sin contar el costo para el erario. No solo por el tiempo perdido en las votaciones (para elegir al magistrado de la sección quinta del Consejo de Estado se ocupó el tiempo de 28 magistrados, con salarios de 24 millones de pesos, en unas 25 sesiones plenarias), sino porque cuando no hay consenso toca nombrar conjueces para tomar decisiones.
A eso se le suma que los debates han subido de tono. En la Corte Constitucional, por primera vez, están utilizando palabras de grueso calibre; en la Corte Suprema, también por primera vez, alguien renuncia porque tiene reparos sobre cómo se está conduciendo la misma; en el Consejo de Estado un magistrado se refiere a sus colegas de la Constitucional como “guerrilleros jurídicos”; y en el Consejo de la Judicatura arman todo un escándalo porque se destinan recursos a la formación jurídica para las minorías.
La crisis ha llegado a tal punto que los medios y los columnistas que hasta hace tres años fueron grandes aliados de las altas cortes, y en particular de la Corte Suprema, ahora se han convertido en sus más enconados críticos.
Todo puede empeorar
¿Qué es lo que está pasando? “Los tiempos actuales en las cortes, siendo catastróficos, son mejores que los que vienen”, profetiza Hernando Yepes Arcila, uno de los más agudos conocedores de la rama judicial, exmagistrado y constituyente. Y explica: “Avanza un plan de captura de la cúpula del poder judicial y a través de las cortes puede venir la captura de la Contraloría, la Procuraduría y la Registraduría”.
Yepes va más allá y dice: “Se trata de una camarilla profesional incrustada sobre todo en la Corte Suprema y con la presencia de los jefes de esa camarilla en la Sala Administrativa del Consejo de la Judicatura”. Algo parecido piensa el magistrado de la Judicatura, Néstor Raúl Correa: “La rama judicial no atraviesa buenos días. Lentamente se viene apoderando de ella un grupo que privilegia el amiguismo, la rosca, por encima de los intereses generales”.
¿A qué se refieren ellos? Para entender hay que empezar por decir que hay una sala en el Consejo de la Judicatura que tiene un enorme poder y es el de hacer las listas de candidatos de las cuales se eligen los 31 magistrados del Consejo de Estado y los 23 de la Corte Suprema. El poder no termina allí pues estos magistrados (los 31 y los 23) son a su vez los encargados de nominar candidatos a procurador, contralor, registrador y auditor (ver gráfico). Es decir, si alguien quiere tomarse la rama judicial tiene que empezar por tomarse esta sala del Consejo de la Judicatura o sala ‘electoral’.
Y, curiosamente, llegaron allí como nuevos magistrados Francisco Ricaurte y Pedro Munar. A ambos los eligió la Corte Suprema, de la cual habían sido presidentes. Ellos serían lo que Hernando Yepes llama “jefes de la camarilla”. Desde su llegada, en noviembre pasado, entraron pisando fuerte. “Ahora se impone la dictadura de la mayoría: el que saque cuatro votos de los seis entra, y punto”, explicaba el magistrado Correa criticando el hecho de que se cierran las puertas para poner en las listas para elegir magistrados a candidatos que no cuenten con el aval de la cuestionada dupla Ricaurte-Munar.
Sería ingenuo decir que nunca antes habían existido roscas en la rama judicial. De hecho, la Constitución de 1991 acabó con la cooptación, el sistema por el cual cada Corte elegía sus magistrados. En ese entonces, recuerda un jurista, “cada magistrado elegía a su compadre para reemplazarlo”. La diferencia ahora es que existe un grupo que ha entendido la lógica del poder dentro de las cortes y quiere ponerlo a su servicio.
SEMANA habló con dos miembros del grupo cuestionado y ellos controvierten la teoría. Dicen que no es cierto que haya tal captura de la Corte Suprema y nombran a varios magistrados que han llegado que no necesariamente son parte de su grupo. Explican que Ricaurte y Munar están en la Judicatura porque conocen como pocos la rama y no es la primera vez que magistrados de la Corte Suprema llegan allí.
Pero, aun así, uno de ellos admitió: “A la Justicia se le hizo mucho daño cuando le dieron funciones electorales. Antes los magistrados estaban dedicados solo a dictar sentencias. Cuando nos pusieron a competir con votos, los políticos querían tomarse la Justicia, ahora nos la estamos tomando los de la propia rama”.
Si llega a prosperar, la llamada ‘camarilla’ tendría efectos muy graves sobre las cortes. Pueden, por ejemplo, terminar integradas solo por los magistrados dispuestos a someterse al bloque mayoritario. En un régimen así ¿será que magistrados de la talla de un Ciro Angarita o un Carlos Gaviria o un Eduardo Cifuentes, por mencionar solo tres de los clásicos, habría clasificado como magistrado? De hecho, hoy por hoy, uno de los más reconocidos constitucionalistas del país, Rodrigo Uprimny, parece tener cerradas las puertas del club.
O también ocurre que intentan quitar del camino a quienes se les convierten en una piedra en el zapato. En la Corte Suprema no se descarta que eso haya ocurrido con Arturo Solarte, quien renunció la semana pasada. Y en la Judicatura, Munar y Ricaurte han tratado de sacar del camino a Néstor Correa. “La oferta, palabras más palabras menos, es que si uno les ayuda luego puede estar en la baraja para ser procurador o contralor. De lo contrario, queda por fuera”, contó un magistrado a esta revista.
El poder de la rama judicial es prácticamente omnímodo. En jurisprudencia, por supuesto. Pero también en burocracia. “La rama tiene 5.000 jueces, cerca del 80 por ciento son de carrera. Hay unos 1.000 jueces de libre nombramiento que ganan entre 6 y 8 millones de pesos. Cada juzgado tiene seis empleados. Así las cosas, más poder tiene un magistrado de tribunal, al que los magistrados del Consejo de la Judicatura le dan dos o tres juzgados, que el alcalde de Aguachica”, explica un conocedor.
Tratándose de las altas cortes no es un caso de simple clientelismo. El problema es que, en la medida en que los magistrados abren la puerta a las componendas políticas, cada vez se sacrifican más las calidades jurídicas. Una cosa es que la rama se fortalezca y otra muy distinta, como está ocurriendo, que se convierta en una suerte de partido político con ambiciones de poder.
¿Qué se puede hacer? La Asamblea Constituyente de 1991 intentó diseñar un esquema cruzado de elección de los magistrados de las altas cortes. Sin embargo, las dos que existían en ese momento (la Corte Suprema y el Consejo de Estado) pusieron el grito en el cielo porque les iban a quitar la prerrogativa de elegir magistrados y la idea se quedó a mitad de camino. Ahora el sistema está haciendo crisis de nuevo.
Hay un consenso en que se necesita un cambio. Si estuvieran dadas las condiciones políticas se podrían estudiar todo tipo de nuevas salidas creativas. Pero el problema es encontrar un camino adecuado para hacer el cambio. Hay solo dos maneras: una reforma a la Justicia y una constituyente. Y, nadie, en la actual coyuntura política, se le ocurriría promover una u otra.
El país aún no se repone del orangután en que quedó convertida la reciente reforma y la sola palabra constituyente produce escozor tanto en la derecha que, en el contexto del proceso de paz, creería que es una concesión a las Farc, como en la izquierda, que aún teme que el uribismo quiera diseñar la Justicia a la medida de sus necesidades.
Como todo indica que no se hará una cirugía de fondo a la cúpula de la Justicia en el futuro próximo, la esperanza es que se fortalezcan varios quijotes que hay en las cortes tratando de evitar que el clientelismo triunfe. Y también, por qué no, que los miembros de la ‘camarilla’ entiendan que en su calidad de magistrados es más importante la devoción por la jurisprudencia que por el poder.
Consejo Superior de la Judicatura: Punta de lanza de la captura de las cortes
El Consejo Superior de la Judicatura tiene dos salas. Una es la Disciplinaria, que en los últimos años fue considerada una especie de paria de la rama judicial. Tanto, que un presidente de la Corte Constitucional la calificó como “un organismo terriblemente descompuesto”. Desde esa sala se resolvieron tutelas que favorecían a algunos parapolíticos y fue la protagonista del carrusel de pensiones.
La otra sala es la Administrativa, que hasta ahora ha salido mejor librada. Sin embargo, es allí en donde hoy está teniendo lugar el pulso crucial entre el ‘grupo de Ricaurte’ o ‘la camarilla’, como la llama el exmagistrado Hernando Yepes, y un sector que aboga por una mayor apertura en las cortes, representado allí por Néstor Raúl Correa, el magistrado que llegó a esa sala elegido por la Corte Constitucional e impulsado por el entonces magistrado Juan Carlos Henao.
En lo que va corrido del año esta sala se ha convertido en una especie de infierno. El peor momento se dio cuando estaban elaborando la lista para elegir a un magistrado de la Corte Suprema: Correa le dijo a Francisco Ricaurte que era una farsa lo que él quería hacer con esa votación y Ricaurte lo trató de loco. La pelea trascendió: Ricaurte y Pedro Munar anunciaron una denuncia contra Correa ante la Comisión de Acusaciones del Congreso por un supuesto manejo irregular de dineros.
Una acusación que es algo absurda, porque lo señalan de ‘desviar’ dineros para la formación jurídica de minorías, y sobre la cual Correa ha mostrado pruebas que lo exoneran. Pero, por su lado, Correa también saltó al ring y dio declaraciones públicas en las que acusó a Ricaurte de querer montar “una farsa” y de paso aprovechó para hablar del maltrato: “Es muy difícil el clima de trabajo. Me insultan, me gritan, me amenazan, torpedean los programas que yo coordino”, dijo Correa. Aún están en plena guerra.
Consejo de Estado: ¿A la guerra contra el fallo de pensiones?
El Consejo de Estado pasó dos años en una situación parecida a la de la Corte Suprema: incapaz de elegir magistrados. El nudo se destrabó hace pocas semanas luego de que el mismo Consejo de Estado nominó al polémico Alberto Rojas para la Corte Constitucional. ¿Será que la solución tuvo que ver con canje de votos? Al fin y al cabo, Rojas había intentado antes en el Consejo de Estado y no había logrado salir elegido.
Pero ese no es el único problema del Consejo de Estado. Este tribunal fue uno de los más activos en la componenda con el gobierno para la fallida reforma a la Justicia. También trataron de hacer caso omiso de la ley y permitieron, durante muchos meses, que permaneciera en el cargo un magistrado en edad de retiro forzoso.
Sin embargo, el capítulo más polémico del Consejo de Estado es el de las pensiones privilegiadas: de la sección segunda del Consejo de Estado salió la mayoría de la jurisprudencia que fue dando mayores gabelas a altos funcionarios de la rama y congresistas. Y el tema se ha convertido en un punto de honor. “En el Consejo de Estado se está ambientando provocar un choque de trenes para poner en tela de juicio el nuevo fallo de la Corte Constitucional que acabó con las pensiones privilegiadas”, le dijo un magistrado a SEMANA.
Tanto es así, que el magistrado Gustavo Gómez Aranguren, en una plenaria reciente, dijo sin mayor recato que los magistrados que habían aprobado ese fallo eran unos “guerrilleros jurídicos”. Este es el mismo magistrado que fue presidente del Consejo de Estado cuando se estaba discutiendo la reforma a la Justicia y que en una entrevista se refirió a la Corte Suprema inmolada en el holocausto del Palacio de Justicia como “indolente”.
Corte Suprema: Una diciente renuncia revela que las cosas van mal
El que se haya filtrado a los medios el viaje en crucero de la presidenta de la Corte Suprema, Ruth Marina Díaz, no es gratuito. Es tan solo un episodio más de la guerra que se ha desatado por la elección de magistrados para llenar cinco vacantes de la Corte. En el fondo se trata de una puja entre el que algunos llaman el ‘grupo de Ricaurte’ –el bloque mayoritario, que según algunos busca la captura de las altas cortes– y un grupo cada vez más reducido que se le opone.
El florero de Llorente es el salida de Jaime Arrubla, quien dejó su cargo desde marzo del año pasado y aún no lo han reemplazado. La tensión ha llegado a tal punto que el magistrado Óscar Arturo Solarte decidió renunciar a la Corte. En su carta hizo una elegante referencia a su inconformismo por cómo se está manejando esa elección: “No deseo ser un obstáculo para el rumbo que se le quiere dar a la Corte”.
La tensión se agudizó porque en la Corte, por tradición, la sala en la que está la vacante, en este caso la Civil, lleva el nombre del nuevo magistrado y la Corte en pleno lo acoge. Sin embargo, en el caso Arrubla no pasó así. El candidato que llevó la Sala Civil no logró los 16 votos mínimos. Y entonces, la presidenta Díaz pidió votar por toda la lista de candidatos, en la que figura Jaime Araque, uno de los magistrados del tribunal que viajaron con ella en el crucero. Y ahí se armó Troya.
Como si fuera poco, los ánimos están tan caldeados que dentro de la Corte se habla de una suerte de mal trato del presidente de la Sala Penal, Leonidas Bustos, hacia los magistrados Javier Zapata y José Luis Barceló. Este último, según la columnista Cecilia Orozco, casi se va a los puños por el manejo que Bustos le estaría dando a las elecciones pendientes.
Entre tanto, la Corte Suprema en su sala plena está paralizada por sustracción de materia. De 23 magistrados faltan cinco por elegir, y en pocos días serán seis cuando se concrete la renuncia de Solarte, y dos más se fueron un mes para la reunión de la OIT en Ginebra. Solo quedan 15 y cualquier decisión necesita 16 votos.
Corte Constitucional: no es ajeno al contagio
La Corte Constitucional ha sido la joya para mostrar en el Estado colombiano. Ha sido reconocida como una de las mejores y más importantes del mundo. Pero las cosas han cambiado.
El hecho de que el Consejo de Estado haya nominado un magistrado cuestionado para la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos, que finalmente fue el elegido, hace un poco más vulnerable a este alto tribunal.
Y por otra parte, el problema que se armó en el Consejo de Estado por un magistrado en edad de retiro forzoso que no se quería ir terminó contaminando también a la Corte Constitucional, a la que le tocó resolver una tutela sobre el caso. El lío se armó porque los magistrados Nilson Pinilla y Jorge Iván Palacio expidieron un fallo que obligaba a William Giraldo a retirarse del Consejo de Estado, pero el tercer miembro de la sala, Jorge Pretelt, decidió engavetar desde octubre del año pasado esa decisión. A los otros dos magistrados les tocó sacarla a la fuerza, meses después. Era tan insólita la situación, que Pinilla y Pretelt se liaron en una pelea verbal nunca antes vista en la Corte.
Jorge Pretelt ha sido el magistrado que ha llegado con más cuestionamientos a la Corte Constitucional. Fue una de las fichas del entonces presidente Álvaro Uribe. Y, según dijeron a SEMANA otros magistrados, Pretelt era uno de los más interesados en que llegara Rojas Ríos a la Corte Constitucional.
La Corte Constitucional tal vez es la que menos líos ha tenido porque no le toca participar en tantos procesos electorales. En el pasado se ha destacado por su jurisprudencia. La más reciente, el fallo que tumbó las pensiones privilegiadas. No obstante, en realidad fue una Corte ad hoc y no la titular la que falló.
Cuánto vale elegir a un magistrado
Por las pujas internas, en la Corte Suprema y en el Consejo de Estado se ha convertido en toda una odisea elegir a un magistrado.
- En la primera llevan 15 meses sin elegir un reemplazo y en la segunda se demoraron 2 años para elegir otro.
- El salario de cada magistrado puede costar 1 millón de pesos diarios.
- Si le dedican 20 sesiones plenarias eso quiere decir que elegir ese magistrado en la Corte Suprema puede costar unos 400 millones de pesos (contando que asistan 20 de los 23 magistrados) y en el Consejo de Estado 560 millones de pesos (contando que asistan 28 de los 31 magistrados).
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