La decisión que no cayó bien dentro del Ejército: ahora los oficiales que quieran ascender deberán esperar un año más

SEMANA consultó con varios oficiales sobre la nueva decisión que tomó el Ejército, sobre prolongar un año más para llamar a ascenso a los oficiales que se encuentran en los rangos de subteniente y capitán, la decisión no cayó muy bien.

Algunos aseguraron que con esta nueva directriz se genera un golpe a quienes aspiran a ascender, pues antes para pasar de subteniente a teniente el tiempo era de 4 años, ahora deberán esperar 5 años.

Y un capitán para ser mayor ahora deberá esperar 6 años y no cinco años como venía funcionando. Este nuevo cambio en la parte de oficiales está generando ampolla dentro de las filas militares, debido a que los uniformados están sumando la reciente decisión que tomó el Ministerio de Defensa que fue la de disminuir el monto del subsidio de vivienda para oficiales y aumentarlos para los suboficiales.

“Nos están desmotivando y no si es que desde el gobierno quieren instalar una especie de guerra de clases en las fuerzas, ahora las decisiones que toman afectan directamente a los oficiales”, le dijo a SEMANA un oficial, quien fue consultado sobre esta nueva directriz en el Ejército.

Por su parte, fuentes del Ejército indicaron que esta decisión se debe ver desde el lado positivo y con la que se busca disminuir el impacto económico fiscal en la fuerza, y frenar el cuello de botella que se arma cuando se presentan los ascensos y no todos los oficiales pueden seguir subiendo en la carrera militar.

Sin embargo, desde los mismos oficiales del Ejército se preguntan ¿si esto va a ocurrir en todas las Fuerzas Militares?, porque de lo contrario, dicen, sería un impacto negativo para el Ejército, teniendo en cuenta que ya no se estarían manejando los ascensos en el mismo tiempo y esto los pondría en desventaja en comparación con los de la Armada y La Fuerza Aérea.

Disminución de subsidios

En voz baja entre las filas de la Policía y el Ejército la molestia está creciendo. Esta vez no se trata de una barrida inesperada de oficiales o de no tener en cuenta a estas fuerzas para anunciar medidas en medios de la negociación con organizaciones ilegales.

La preocupación e incomodidad tiene que ver con una decisión que afecta directamente el bolsillo de los uniformados y su sueño de tener casa propia.

Este decreto se está compartiendo una y otra vez entre los miembros de la Policía y el Ejército y la molestia es evidente, pues les afecta su eventual intención de comprar vivienda para sus familias, en medio de una carrera que tiende a ser muy corta.

Se trata del decreto 2636, del 30 de diciembre de 2022, por medio del cual se realiza “el ajuste al esquema vigente de subsidios de vivienda para los afiliados a la Caja Promotora de Vivienda y de Policía”.

Hasta la aprobación y firma de este documento, los subsidios para policías y militares deberían alcanzar para 2023 estos montos: para oficiales 140 millones de pesos (121 salarios mínimos), suboficiales 62 millones (54 salarios mínimos), y para soldados profesionales y agentes algo más de 47 millones.

El recorte, del que se enteraron sorpresivamente y que fue firmado mientras militares y policías estaban en plenas fiestas de fin de año, estableció una nueva tabla de subsidios que van de este modo: para oficiales por un monto de 121 millones de pesos (104.32 salarios mínimos), 20 menos de lo que recibían. Para los suboficiales pasa de 62 millones a 54 millones de pesos (47.14 salarios mínimos).

Los únicos que no resultaron afectados fueron los militares y policías de más bajo rango, es decir, los agentes y soldados profesionales, para ellos la asignación sigue siendo de 41 salarios mínimos, es decir 47.560.000 pesos.

El argumento para tomar esta decisión está explicado técnicamente en decreto y se basa en un estudio llamado “Nuevo Esquema Actualización Subsidios de Vivienda Caja Honor”, fechado 09 de agosto de 2022, y presentado por la Subgerencia Financiera de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.

Según este documento, “el aporte del 3% que realiza el Ministerio de Defensa Nacional no cubre en su totalidad el monto de subsidios de vivienda por año, lo cual, sumado a la inflación, el incremento del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente, el aumento en la población para acceso al subsidio de vivienda y las brechas existentes entre cada categoría, hacen insostenible financieramente para la Entidad el actual esquema de subsidios para vivienda”.

El decreto circula de celular en celular entre las fuerzas militares y de policía, la molestia que no se expresa en público fue planteada a SEMANA, y manteniendo reserva de la fuente, hombres de estas fuerzas manifiestan que desde que llegó el nuevo Gobierno se han tomado medidas que de una u otra forma los afectan, y ya no hay certeza de muchas cosas en el ámbito operacional.

Pero en esta ocasión plantean que el golpe es directo y al bolsillo de militares y policía, y aunque destacan que el decreto recién firmado no afecta los soldados profesionales y agentes, que son el músculo más grande, la preocupación está creciendo.

Respuesta

Aunque es evidente que el monto del subsidio para militares y policías -calculado en salarios mínimos- se redujo, desde el Ministerio de Defensa tienen sus propias cuentas, pero no tienen en cuenta el aumento del 16 % del salario mínimo, y tampoco la inflación.

En ese caso, los oficiales en 2022 recibían 121 millones, para 2023, con el aumento del mínimo, la cifra se establecería en 121.011.200 pesos, casi la misma. Para suboficiales, en 2022 recibían 54 millones y en 2023 recibirán 54.682.400.

En la práctica, el monto es el mismo, aun cuando bajó la asignación en cantidad de salarios mínimos mensuales con que se mide la asignación. El asunto fondo no es el monto en pesos, sino su cálculo en salarios mínimos, para lo cual no se tuvo en cuenta el aumento decretado por el Gobierno Petro.

¿Cuentas alegres? No es claro si esa puede ser la conclusión final, pero con los cálculos enviados desde el Ministerio a SEMANA es evidente que no se está teniendo en cuenta la inflación causada en el año anterior.

Así queda claro justamente con la asignación para soldados profesionales y agentes de policía, que no tuvo ninguna modificación en el decreto firmado el 30 de diciembre. Con ellos se mantuvo el subsidio de 41 salarios mínimos, es decir, el año pasado recibían 41 millones y este año será de 47.560.000 pesos.

Mientras las organizaciones criminales del cese al fuego siguen delinquiendo, Ejército disminuyó considerablemente sus resultados

La preocupación en diferentes sectores políticos en el país sigue latente por los decretos que firmó el presidente Gustavo Petro, en donde ordenó no hacer operaciones militares y de Policía ofensivas contra el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc, la Segunda Marquetalia y Los Pachenca.

Y, contrario a lo que seguramente pensaba el Gobierno, que estas organizaciones criminales iban a frenar sus acciones delincuenciales, la realidad muestra lo contrario. Así quedó demostrado con el caso más reciente que ocurrió en el departamento de Antioquia, en donde el Clan del Golfo secuestró y luego liberó a cuatro funcionarios judiciales.

Los hechos corrieron en el sector de El Doce, en Tarazá, en donde hombres del Clan del Golfo, que hace parte del cese al fuego, secuestraron durante tres horas a tres Fiscales y un secretario de juzgado. De acuerdo con la información que se tiene, quien habría dado la orden de secuestrarlos habría sido alias Gonzalito, uno de los cabecillas del Clan del Golfo, que está en búsqueda de obtener los beneficios judiciales de la ‘paz total’ del presidente Gustavo Petro.

Y es que mientras dichas agrupaciones siguen delinquiendo, el Ejército bajó notoriamente sus resultados en enero del 2023, en comparación con enero del 2022. Mientas que enero del año pasado fueron capturados 89 integrantes de las disidencias de las Farc, en enero de este año solo fueron 29.

El año pasado, para el mismo periodo, en desarrollo de operaciones militares habían muerto cinco disidentes, este año no se registró ninguno. El año pasado se dieron 71 capturas de integrantes del Clan del Golfo y este año 57. El año pasado fallecieron en operativos 14 integrantes del Clan del Golfo y este año uno.

Respecto a capturas de Los Pachenca, que también gozan del cese al fuego, el año pasado se dieron 82 capturas y este año el registro es de 12. Sobre la incautación de cocaína también se evidencia una baja considerable. Mientras que para enero de 2022 iban cerca de 10 toneladas, este año la cifra está cercana a las cuatro toneladas.

Respecto a capturas ejecutadas por el Ejército, en enero de 2022 se dieron 1.094 detenciones y en enero de 2023 la cifra es de 925, es decir, 169 casos menos. Para expertos en seguridad, dichas cifras muestran que el Ejército ha reducido sus operaciones tras la orden presidencial de no atacar a dichas estructuras criminales, mientras que dichas organizaciones ilegales están aprovechando el distanciamiento de la Fuerza Pública para seguir cometiendo delitos, como narcotráfico, crímenes de líderes sociales, y secuestro.

Indignación

La reciente acción de las disidencias de las Farc adoctrinando niños en un parque y un colegio de Yarumal, Antioquia, fue la gota que rebosó el vaso en las Fuerzas Militares.

SEMANA habló de manera extraoficial con varios generales que están preocupados por lo que está sucediendo con el cese al fuego bilateral ordenado por el presidente Gustavo Petro, del que no conocen sino la orden. No hay protocolos, no hay zonas definidas, lo único claro es que reciben palo por los bajos resultados y presiones de sus superiores si no cumplen con lo que pidió el Gobierno.

“Si actuamos, el Gobierno brinca; si no lo hacemos, el fiscal nos investiga por omitir nuestras funciones constitucionales. Al final vamos a terminar embalados por acción u omisión”, señaló otro general, quien estará en la reunión de comandantes, este fin de semana, en la Escuela Militar José María Córdova.

Otro alto mando se mostró molesto por la posibilidad de que el Gobierno esté imprimiendo su concepto ideológico en la Fuerza Pública, desviando el objetivo de combatir los delitos.